MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El triunfo de Vicente Fox en la elección presidencial
de 2000 consolidó la idea entre la clase política mexicana de que la
mercadotecnia política es más importante que la acción gubernamental, y
a partir de diciembre de ese año los gobernantes privilegian la lógica
de ganar legitimidad a través de la propaganda en los medios de
comunicación masiva, sin preocuparse por la eficacia y eficiencia de
sus políticas públicas o la correspondencia de las promesas difundidas
en sus campañas publicitarias con los impactos y resultados esperados
de sus reformas o decisiones.
Desde ese momento se
dispararon los gastos en comunicación social y se difundieron los
mensajes más disparatados, bajo la convicción de que eso basta para
ganar la aceptación y aprobación ciudadana. Y aunque la tendencia del
gasto público en la materia se mantiene a la alza, son evidentes las
variaciones cíclicas en función de los procesos electorales o la acción
de los Ejecutivos. Así, el tercer y sexto años de un gobierno
normalmente muestran crecimientos desproporcionados, de la misma manera
que son perceptibles los incrementos en función del lanzamiento de
programas insignia o la promoción de las llamadas reformas
estructurales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto confirma esta tendencia
y las pantallas televisivas se saturaron con la difusión de los
supuestos beneficios que producirán sus reformas legislativas. Algunas
de éstas se promovieron en los medios incluso antes de que se
elaboraran y presentaran formalmente en el Congreso de la Unión.
El caso más emblemático de lo anterior es la tan
cacareada y promocionada reforma energética que, de acuerdo con la
propaganda gubernamental, permitirá reducir el precio de los
combustibles y la energía a los consumidores finales, y la inversión
que atraerá permitirá detonar el crecimiento económico del país.
Conforme a dicha publicidad la reforma energética será a los mexicanos
y a la economía mexicana lo que los “productos milagro” son a la salud
de sus consumidores: curará todos los males y potenciará todas las
virtudes.
La mala noticia para el gobierno mexicano es que la
ciudadanía ya no le cree nada, o al menos eso es lo que indican las
encuestas de opinión pública y las mediciones de la confianza de los
consumidores. Precisamente cuando el Congreso de la Unión aprueba el
paquete de legislación secundaria que da viabilidad a la reforma en
materia energética, la aprobación de la gestión presidencial vive uno
de sus peores momentos en la vida nacional, comparable únicamente con
la que tenía Ernesto Zedillo en el segundo año de su mandato, en plena
crisis económica tras el “error de diciembre” de 1994.
En mayo del presente año, según la encuesta de Consulta
Mitofsky, 50% de la población desaprobaba la actuación de Peña Nieto y
49% la aprobaba; de acuerdo con una encuesta del Grupo Reforma
publicada el pasado viernes 1, las cifras son respectivamente 46% y
50%. Las diferencias entre los resultados de estas encuestas no son
significativas, por lo que se puede afirmar categóricamente que la
mitad de la población aprueba y la otra mitad desaprueba.
Sin embargo, quizá lo más significativo (por lo abundante
y reiterativo de la propaganda oficial) es que, según la encuesta del
citado grupo periodístico, los mexicanos que califican a la reforma
energética como mala y muy mala (40%) son más que los que la califican
como buena y muy buena (34%); pero he aquí lo peor todavía: el 61%
considera que los precios de los combustibles aumentarán como
consecuencia de la reforma energética, contra un escaso 22% que piensa
que disminuirán.
Para dejar claro que la ciudadanía no percibe los
impactos positivos de la reforma energética en la economía nacional, el
mismo día que concluyó el periodo extraordinario del Congreso de la
Unión en el que se aprobó la legislación secundaria señalada se dio a
conocer el Índice de Confianza del Consumidor, que generan
conjuntamente el Banco de México y el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (Inegi), el cual revela que está en uno de los puntos más
bajos del sexenio.
El comunicado de Banxico refiere que el índice se ubica
en 90.5 puntos, 7.6% menor al mismo mes del año pasado y 8.5% debajo de
diciembre de 2012, cuando inició el actual gobierno. Igualmente
ilustrativo es que el componente del índice que más disminuyó fue el
relativo a la percepción acerca de cómo será la situación económica del
país dentro de un año, es decir, la expectativa ciudadana ante la
economía nacional, que disminuyó 4.08% para ubicarse en 90.1 puntos, es
decir, 16.7% debajo de los 108.2 puntos que alcanzó en diciembre de
2012, cuando alcanzó su punto más alto en los últimos tres años; este
componente se ubica en los niveles de 2009, precisamente cuando el país
sufrió su más reciente crisis económica.
Este índice y, particularmente, el componente que define
la expectativa de la población respecto a la evolución de la economía
nacional, muestran el optimismo que generó el cambio de gobierno; pero
apenas 20 meses después, incluso antes de cumplir el primer tercio del
mandato, la tendencia se revirtió: la población en general está
escéptica y descree de la propaganda oficial.
Así que los más de 6 mil millones de pesos gastados o
comprometidos en 2013 (Proceso 1963) –más lo que se ha gastado en 2014,
que seguramente es más– no pudieron crear en la ciudadanía la
percepción de que la reforma energética sí impulsará el crecimiento
económico nacional y generará beneficios tangibles y directos a través
de la disminución del precio de los combustibles.
La ciudadanía, contrariamente a lo que la propaganda
oficial dice, percibe que la economía mexicana va mal y que los precios
de los energéticos crecerán más, lo cual lamentablemente se confirma
con la realidad, pues el crecimiento anual del Producto Interno Bruto
es inferior al poblacional; no se logran generar los empleos
suficientes para atender la creciente demanda de ocupación; los recibos
de luz son cada día más altos, y el primer sábado de cada mes se
anuncia un nuevo gasolinazo, que el pasado sábado 2 colocó el precio de
la gasolina Magna 11% por arriba de la Regular (su equivalente en
Estados Unidos).
De acuerdo con los referidos estudios demoscópicos, hoy
es una realidad que la ciudadanía mexicana ya no cree en la propaganda
oficial, ya no se deja engañar por los promocionales gubernamentales;
pero esto todavía es insuficiente para provocar la indignación y
desatar protestas y movilizaciones, como correspondería a una
desaprobación tan generalizada.
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