Mientras el IFAI penosamente evitó que la Corte hiciera su trabajo para interpretar la procedencia y el fondo del asunto, el INFO DF interpuso la acción de inconstitucionalidad, la cual fue rechazada por la SCJN.
Aunque
reiteradamente se afirmó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR) de ser aprobada en sus términos sería una
excelente candidata para una acción de inconstitucionalidad, todas las
posibles puertas que pudieron llevarla ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), simplemente se cerraron, dejando a la
ciudadanía sin la oportunidad de que se hiciera una revisión por parte
del máximo órgano de justicia del país para determinar si viola
derechos fundamentales y a la propia constitución.
El pasado 13
de agosto el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (IFAI) resolvió que la LFTR no viola el
derecho a la privacidad y los datos personales de los ciudadanos al
permitir que las instancias de seguridad nacional, de procuración y
administración de justicia tengan acceso a nuestras comunicaciones y
datos, nos ubiquen mediante la geolocalización en tiempo real sin
ninguna autorización judicial u otras salvaguardas, y soliciten a las
empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones el acceso a las
bases de datos de los usuarios hasta por dos años sin que exista ningún
tipo de mecanismo de transparencia o rendición de cuentas (artículos
189 y 190 de la LFTR).
El voto decisivo lo tuvo la presidenta
Ximena Puente, quien comportándose como si fuera magistrada, estuvo en
contra por considerar que no era procedente y que el instituto no está
facultado para interponer dicha acción, entre otros falaces argumentos.
Con esta determinación el IFAI vulneró su mandato de proteger la
privacidad y los datos personales de millones de mexicanos, bajo esta
lógica votaron también Eugenio Monterey, Francisco Acuña y María
Patricia Kurczyn, quienes tiraron por la borda su autonomía
constitucional y su capacidad para limitar los excesos del poder
gubernamental.
Los comisionados Areli Cano, Oscar Guerra y Joel
Salas que expusieron sólidos argumentos para interponer la acción de
inconstitucionalidad, quedaron en minoría.
Mientras el IFAI
penosamente evitó que la Corte hiciera su trabajo para interpretar la
procedencia y el fondo del asunto, e ignoró la demanda de cientos de
organizaciones y las recomendaciones que le hiciera la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la
Información del Distrito Federal (INFODF) interpuso la acción de
inconstitucionalidad, la cual fue obviamente rechazada por la SCJN por
notoria improcedencia, ya que dicha instancia sólo puede hacerlo ante
los actos de la Asamblea Legislativa.
Así que la instancia que
pudo haberlo hecho, perdió la primera gran oportunidad de defender los
derechos de la ciudadanía, mientras que la que no tiene facultades lo
hizo a pesar de sus limitaciones. Fue un acto testimonial, sin efectos
prácticos pero que da una muestra política de la falta de independencia
del IFAI frente a la actual administración federal.
En las pocas
horas que restaban de ese 13 de agosto y a un punto de vencer el plazo
para que la Cámara de Diputados entregara la acción de
inconstitucionalidad por varios artículos de la LFTR, de acuerdo a la
versión de la diputada perredista, Purificación Carpinteyro; el ex
coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados,
Luis Alberto Villarreal, frenó a los diputados que habían dado su
firma, aunque la diputada panista, Beatriz Zavala, lo ha negado
públicamente.
El recurso legal tenía 174 firmas de las 167 que exige la ley, pero la operación de Villarreal impidió su entrega.
Mientras
en la Cámara de Senadores el Senador del PRD Miguel Barbosa operó en
contra de una posible acción de inconstitucionalidad, en Diputados lo
hizo Gustavo Madero, presidente del PAN, no puede entenderse de otra
forma la maniobra de un diputado que estaba ya expulsado como
coordinador de su bancada por los escándalos de la “fiesta” privada en
Puerto Vallarta, ¿o lo hizo por iniciativa personal?
Los efectos de la ley
Al
día siguiente de la entrada en vigor de la LFTR, el 14 de agosto,
comenzamos a ver sus efectos, y nos dan la razón a quienes acusamos de
sus inconsistencias y dedicatorias. En un comunicado a sus
inversionistas Televisa anunció la compra del 100% del capital social
de Grupo Cable TV, operadora de Cablecom, por 8 mil 850 millones de
pesos, con lo cual ahora controla el 63% de la televisión de paga
nacional, sin que por ello sea determinado como preponderante, y por lo
tanto sin que le imponga una regulación asimétrica para que no tenga
prácticas monopólicas.
Esto gracias a la ficción aprobada por
los legisladores de que la preponderancia sea por sector y no por
servicios, y por el artículo noveno transitorio, según el cual, “en
tanto exista un agente económico preponderante en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión, las concentraciones entre agentes
económicos no requerirán de autorización del IFT”.
Este regalo a
Televisa le dio la pauta para que al día siguiente de la entrada en
vigor de la ley se pueda ir de “shopping” y se concentre mucho más el
mercado realmente convergente, pues en la tv restringida es donde se
puede dar el triple o cuádruple play.
En tanto el Instituto
federal de Telecomunicaciones (IFT) solo podrá ver, ya que con ese
artículo transitorio se le confiscó una de sus principales facultades
por las que fue creado: regular los mercados de las telecomunicaciones
y la radiodifusión para abrir paso a la libre concurrencia y
salvaguardar los derechos de usuarios y audiencias.
Es un
absurdo que la ley secundaria vulnere las facultades de un organismo
con autonomía constitucional, por eso el IFT debería de interponer una
controversia constitucional y defender lo que no defendió durante el
proceso de discusión de la ley.
Es la última oportunidad de
hacer valer su existencia como contrapeso que debe de ser ante los
poderes económicos y gubernamentales, de órgano garante de los derechos
informativos frente a la sociedad. Veremos si eso sucede o se queda
pasmado como el resto de los poderes que optaron por subsumirse al más
viejo estilo del “sí, señor presidente”, por acción o por omisión.
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