Autoritarismo camuflado

Héctor Tajonar

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La pequeñez ética y política de la mayoría de los parlamentarios mexicanos, así como el sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo mediante diversas formas de cooptación, son el reflejo inequívoco de la baja calidad de nuestra democracia. Ello hizo posible la atropellada aprobación de las reformas estructurales.

En el discurso pronunciado durante la ceremonia de promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que dicha legislación había sido la más analizada de la historia del Congreso mexicano: el debate en ambas cámaras duró 170 horas, durante las cuales hubo mil 350 intervenciones de legisladores de todas las fuerzas políticas. En efecto, la numeralia, al igual que la aritmética legislativa, pueden ilustrar lo que el propio mandatario consideró como un orgullo de que “nuestra democracia ha dado grandes frutos”. (Entre otros, el de la autocomplacencia y la sordera ante la crítica.)

Es indudable que la aprobación y promulgación de la legislación secundaria en materia energética supone en sí misma un logro de la actual administración que pone fin a décadas de inmovilidad en el sector, además de haber sepultado al máximo símbolo del nacionalismo revolucionario. No obstante, ello no implica un avance democrático ni impone límites certeros al predecible crecimiento exponencial de la corrupción en el nuevo andamiaje institucional surgido de la reforma; ni mucho menos garantiza que el principal beneficiario del prometido edén petrolero será el pueblo mexicano, quien supuestamente sigue siendo el dueño del patrimonio energético de la nación. Acotemos el optimismo desbordado.

No es gratuito que las cámaras de Diputados y Senadores sean las instituciones con menor credibilidad y respetabilidad del país, incluso por debajo de la policía. Las encuestas confirman el rechazo ciudadano por quienes ocupan las curules del Congreso mexicano sin cumplir con las responsabilidades y la representatividad propias de su cargo. Una de las justificadas causas de dicho repudio es la proclividad de los legisladores mexicanos a ser cooptados. Esa inclinación al soborno ha sido confirmada por las recientes revelaciones hechas por el diputado Ricardo Monreal acerca de las escandalosas partidas presupuestales que los miembros de la actual legislatura se han asignado, aparte, claro, de los jugosos emolumentos y prestaciones de los que disfrutan por cumplir con el alto honor de servir a sus representados y a la República, con la responsabilidad, inteligencia y honradez que los caracteriza. Vaya descaro.

En su cinismo, los “representantes populares” pretenden seguir sirviéndose con la cuchara grande. El proyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados para 2015 contempla, entre otros, los siguientes rubros (en millones de pesos): Alza de liquidaciones de fin de legislatura, 250; Subvenciones especiales, 100; Bono por desempeño a diputados, 500. En total, un incremento de 30%, equivalente a 2 mil 25 millones de pesos respecto al presupuesto de 2014 (Reforma, 12/07/14). Falta el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Tal desmesura debe ser frenada, y parece que ya empiezan a recular.

La ligereza de los legisladores de pacotilla, sumada a la habilidad de cooptación de los políticos priistas, hizo innecesaria la cláusula de gobernabilidad –tan defendida por los nostálgicos del salinismo– para la aprobación de las reformas estructurales. Se trata de un triunfo de la simulación democrática, no de la democracia. Ha comenzado la carrera hacia el 2015 y el 2018. Por tanto, la prioridad será vender al electorado los logros reales o ficticios de las reformas con miras a recuperar la hegemonía perdida.

Está a la vista la restauración de un autoritarismo camuflado bajo el disfraz de una renovada democracia de fachada. El primer gran paso está dado. Como en el salinato, estamos frente a un proceso de modernización económica con estancamiento político y ausencia de un auténtico estado de derecho. Perestroika sin Glasnost. Falta la otra parte del cambio: el que tiene que ver con la transparencia, la prevención y el combate a la corrupción, el fin de la impunidad selectiva y de la aplicación de la ley con criterios políticos; de la verdadera división de poderes y del respeto irrestricto a la libertad de expresión sin censura de hecho a través de boicots publicitarios.

Es necesario transitar de la cultura del cinismo al impero de la legalidad y de los valores democráticos (no de su remedo). Decía Montesquieu: “Cuando se quieren alterar las costumbres y maneras no cabe hacerlo por medio de leyes”. En el mismo sentido, el historiador Edmundo O’Gorman criticaba la fe de los liberales del siglo XIX mexicano en “el efecto mágico de la ley”. No nos convertiremos ipso facto en una nación moderna mediante el simple cambio que implican las reformas estructurales de largo aliento que se han promulgado.

Sin duda es indispensable esforzarse por hacer realidad lo que está plasmado en las reformas, con sus aciertos y errores, limitaciones y simulaciones: aumentar la competencia y la productividad, propiciar el crecimiento económico que derive en creación de empleos bien remunerados y en una disminución de la desigualdad. Pero no basta con ello. Igualmente importante es el cambio de paradigma político hacia la cultura de la legalidad. Sin eso, la verdadera transformación de México quedaría trunca. La condición para lograrlo es que los reformadores se reformen a sí mismos para cambiar su mentalidad autoritaria. Ello requiere visión de Estado. ¿Un imposible?