Miguel Carbonell
Del total de personas que están en prisión preventiva, es probable que entre un 30 y un 45% estén siendo procesadas por el delito de robo.
A más tardar el 18 de junio de 2016 deberá estar funcionando en todo el país el nuevo procedimiento penal con juicios orales. Se trata del cambio más profundo del sistema penal mexicano en toda su historia. Se van a modificar las formas en que se investigan los delitos, la manera de procesar a sus presuntos responsables, la protección a las víctimas, el trabajo de los abogados, la valoración de las pruebas presentadas en juicio, las vías alternativas al proceso para resolver con celeridad los asuntos, la función de las cárceles y un largo etcétera.
En conjunto, se trata de una reforma muy positiva, que era indispensable acometer tomando en cuenta que el sistema penal tradicional permitía –y sigue permitiendo- tasas de impunidad (según datos del INEGI) cercanas al 99 por ciento. Es decir, en México apenas se castiga uno de cada cien delitos cometidos.
Ahora bien, hay un aspecto de la reforma penal de los juicios orales que debemos valorar adecuadamente, pues de otra manera puede ser una bomba que haga estallar el funcionamiento de toda la reforma. Me refiero al tema de la prisión preventiva.
Actualmente en México un 43% de todas las personas que están presas, están en espera de una sentencia que confirme o su inocencia o su responsabilidad penal. Es decir, están en régimen de prisión preventiva, pues todavía no se puede decir que sean responsables de haber cometido un delito (lo cual acontece solamente cuando un juez a través de una sentencia así lo señala).
Del total de personas que están en prisión preventiva, es probable que entre un 30 y un 45% (dependiendo de cada entidad federativa) estén siendo procesadas por el delito de robo. Estamos hablando de unas 25 mil personas en todo el país, aproximadamente.
Pues bien, tan pronto como entre en funcionamiento el nuevo sistema penal con juicios orales dichas personas van a poder pedir su salida de la cárcel, dado que con el nuevo sistema de proceso penal los delitos patrimoniales (como el robo) no dan lugar a prisión preventiva, sino que se debe seguir el procedimiento con el presunto responsable en libertad. En otras palabras, vamos a ver salir de la cárcel a casi 25 mil personas de golpe (calculo que entre 5 y 8 mil de ellas saldrán de las cárceles del DF).
Se trata de una cifra considerable, que sin duda generará distintos tipos de reacciones entre la ciudadanía e incluso en los medios de comunicación (no faltarán los reportajes amarillistas que clamen en contra de la “impunidad”, ni noticieros con presentadores que a gritos pidan que se impida la salida de tantas personas de la cárcel).
Hay que estar alertas y preparados para cuando llegue ese momento. La prisión preventiva en los hechos supone un castigo anticipado para muchas personas y además tiene un costo económico muy elevado para las arcas públicas. Restringir su uso es un asunto de indispensable justicia, pero la ciudadanía debe saber cómo van a funcionar las nuevas reglas y debe estar advertida de que al principio del nuevo sistema penal, habrá que dejar ir a personas que hoy en día están privadas de su libertad.
El objetivo final es tener un sistema de justicia penal que funcione mejor y que proteja los derechos de todos los involucrados, para lo cual es indispensable tener un régimen de prisión preventiva más sensato y justo que el actual. Ojalá lo logremos.
@MiguelCarbonell
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