Ella y su familia son perseguidas judicialmente
Hace tres años, la empresa decidió procesar a Máxima por el delito de usurpación de tierras. A comienzos de este mes fue divulgada la sentencia.
Además de ser obligada a pagar mil 900 dólares de reparación civil a la empresa Yanacocha, Máxima y su familia fueron castigadas con dos años y ocho meses de reclusión, aunque por ser una “sentencia suspendida” no pisarán la cárcel.
En agosto de 2011, el fiscal de la provincia peruana de Celendín formalizó la denuncia en contra de la campesina. Durante el proceso penal, Máxima fue condenada en primera instancia, pero la Sala Penal de la Corte Superior de Cajamarca anuló la sentencia.
El expediente volvió a las manos del juez unipersonal de Celendín y comenzó un nuevo capítulo del proceso judicial por las tierras, que culminó con la sentencia divulgada el pasado 5 de agosto.
Las tierras en cuestión están en Tragadero Grande, región norteña de Cajamarca, colindante con Ecuador, y suman cerca de 30 hectáreas, las cuales son parte de la zona de influencia del proyecto minero Conga.
Los lotes fueron adquiridos por Máxima y su familia en 1994, cuando la comunidad de Sorochuco dividió sus tierras. Ella asegura que tiene un título de propiedad entregado después de la compra, y que desde entonces vive en el lugar con su esposo y cuatro hijos.
Alegando haber comprado las mismas tierras, en 1996 y 1997, a integrantes de la comunidad de Sorochuco en mayo de 2011, la minera Yanacocha intentó sacar a la familia por la fuerza por primera vez.
En agosto de 2011 la empresa volvió a asediarlos para que salieran, esta vez con el apoyo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que es la unidad de élite de la Policía Nacional de Perú.
Mirtha Vásquez, abogada de Máxima, ya apeló la sentencia condenatoria. La abogada señaló que durante el juicio la minera no consiguió comprobar ser dueña de la tierra. Además, fue reconocida la existencia de construcciones antiguas y de cultivos pertenecientes a la familia Chaupe en esas tierras.
La abogada también aclaró que la versión de que Máxima y su familia invadieron las tierras en forma violenta, dejando a 20 policías heridos, no se sustenta.
Existe un temor por la vida, seguridad e integridad de la familia, pues durante la última invasión, con la participación de integrantes del Dinoes, todos fueron agredidos. En esa ocasión Máxima quedó inconsciente.
Hoy, ella vive aislada y con miedo de que la policía y trabajadores de la Yanacocha invadan y destruyan su casa y sus cultivos nuevamente. Recientemente recibió amenazas de muerte por teléfono y los propios vecinos, que apoyan a la empresa, amenazan a la campesina.
Solidarios con la lucha de la familia para lograr asegurar la posesión de sus tierras, organizaciones peruanas están actuando. El Observatorio de Conflictos Mineros ha denunciado la situación y pide que se haga justicia y se proteja el derecho de los reales dueños de la tierra.
La Red ULAM apoya a la familia con una petición web que se entregará a las autoridades peruanas para demandar respeto por los Derechos Humanos de esta familia.
*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias ADITAL.
Por: Natasha Pitts*
Cimacnoticias | Fortaleza, Brasil.-
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