Si en la palabra está nuestra memoria, el peor crimen es el
silenciamiento de aquellas y aquellos que dedican su labor profesional
a mostrarnos día a día el acontecer mundial con todos sus grises,
blancos y negros así como develar los intrincados vericuetos del poder
poniendo en riesgo sus vidas a razón de la prevaleciente impunidad en
México, con respecto a la violencia hacia los y las periodistas.
La semana pasada en el Centro Cultural de España en la Ciudad de
México se presentó el informe "Impunidad. Violencia contra Mujeres
Periodistas. Análisis legal”, realizado por la organización
independiente de periodistas mujeres CIMAC (Comunicación e Información
de la Mujer A.C), con la participación de Adriana Carmona López,
abogada y consultora de CIMAC, Lydia Cacho periodista y defensora de
derechos humanos, Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de CIMAC y Lucía
Lagunes, directora general de CIMAC.
Éste el segundo informe de CIMAC, es un análisis de casos
ocurridos contra mujeres periodistas entre 2012 y 2013. De igual manera
se analizan las indagaciones judiciales por las amenazas y demandas
contra las informadoras Lydia Cacho en 2005 al revelar una red de
pederastia y pornografía infantil en que presuntamente participaba el
empresario Kamel Nacif y Ana Lilia Pérez Mendoza reportera de Contralínea quien
en 2007 fue demandada por Grupo Zeta tras investigar la corrupción de
las empresas Naviera Oceanografía y la trasnacional gasera Grupo Zeta,
así como el asesinato de Regina Martínez Pérez en 2012 y los
allanamientos y robos en las oficinas de la agencia CIMAC noticias en
2008 y 2011.
Desde calumnias, difamaciones, amenazas, y feminicidio, las
periodistas han visto truncada su labor, siendo éste último, el
asesinato, como fue en el caso de la periodista de Proceso
Regina Martínez en Veracruz, uno de sus puntos culminantes. Pero todas
estas agravantes no podrían ser posibles sin todo el aparato
institucional que cobija todos estos delitos bajo el manto de la
impunidad.
Esta práctica de silenciamiento contra las periodistas se ha
convertido en un arma poderosa a través de la descalificación,
acallamiento, asesinato, terror para invisibilizar lo que sucede a
otras mujeres y sobre todo al país en todos sus aspectos borrando una
parte importante de la historia, arrebatando nuestra memoria.
El silenciamiento de las mujeres se convierte en la “estrategia
para perpetrar delitos de lesa humanidad”, como señala la feminista
Francesca Gargallo. Y justo el callar las valientes voces de las
mujeres que informan a través de la pluma y la lente impone la
desaparición de la memoria colectiva a través de la legitimación de la
violencia patriarcal hacia las mujeres por parte del Estado.
El hablar, escribir, publicar y denunciar de las mujeres
periodistas se convierten en actividades a silenciar e invisibilizar en
una especie de contubernio entre los grupos criminales, las
instituciones judiciales y los aparatos represores del Estado.
Es así que de 2012 a 2013 la violencia contra mujeres
periodistas se incrementó un 20% quedando impunes la mayor parte de los
actos de violencia. La mayor parte de las agresiones a mujeres
periodistas fueron a aquellas que cubrían las fuentes de Política en
específico casos vinculados a corrupción de funcionarios públicos,
siendo los estados más violentos el Distrito Federal, Veracruz,
Morelos, Chiapas, Puebla y Oaxaca.
Pese a la falta de apoyo legal y certeza jurídica por parte del
Estado, muchas valientes periodistas continúan denunciando todas las
agravantes a su persona y a su oficio como lo ha venido haciendo CIMAC,
que en este informe ve materializado una de sus luchas , el visibilizar
los casos de impunidad, entre ellos su caso, el de allanamiento a sus
oficinas que fue investigado como un simple robo, cuando queda muy
claro que existe un componente de ir en contra de la libre expresión de
las comunicadoras feministas.
El informe de CIMAC recomienda que la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),
de la Procuraduría General de la República (PGR), incorporen protocolos
especializados con base en los Mecanismos de Protección para Personas
Defensoras de derechos humanos y Periodistas.
Ahora habrá que seguir luchando y reivindicando a través de la
pluma, la lente, las protestas en las calles la labor de las mujeres
periodistas, contra la cultura dominante patriarcal del Estado que
descalifica y silencia a las mujeres desde lo simbólico hasta lo letal
en su afán por eliminar la experiencia individual y colectiva femenina
del mapa de la historia.
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