8/23/2014

Periodistas por la memoria colectiva


Si en la palabra está nuestra memoria, el peor crimen es el silenciamiento de aquellas y aquellos que dedican su labor profesional a mostrarnos día a día el acontecer mundial con todos sus grises, blancos y negros así como develar los intrincados vericuetos del poder poniendo en riesgo sus vidas a razón de la prevaleciente impunidad en México, con respecto a la violencia hacia los y las periodistas.


La semana pasada en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México se presentó el informe "Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, realizado por la organización independiente de periodistas mujeres CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C), con la participación de Adriana Carmona López, abogada y consultora de CIMAC, Lydia Cacho periodista y defensora de derechos humanos, Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de CIMAC y Lucía Lagunes, directora general de CIMAC.

Éste el segundo informe de CIMAC, es un análisis de casos ocurridos contra mujeres periodistas entre 2012 y 2013. De igual manera se analizan las indagaciones judiciales por las amenazas y demandas contra las informadoras Lydia Cacho en 2005 al revelar una red de pederastia y pornografía infantil en que presuntamente participaba el empresario Kamel Nacif y Ana Lilia Pérez Mendoza reportera de Contralínea quien en 2007 fue demandada por Grupo Zeta tras investigar la corrupción de las empresas Naviera Oceanografía y la trasnacional gasera Grupo Zeta, así como el asesinato de Regina Martínez Pérez en 2012 y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia CIMAC noticias en 2008 y 2011.

Desde calumnias, difamaciones, amenazas, y feminicidio, las periodistas han visto truncada su labor, siendo éste último, el asesinato, como fue en el caso de la periodista de Proceso Regina Martínez en Veracruz, uno de sus puntos culminantes. Pero todas estas agravantes no podrían ser posibles sin todo el aparato institucional que cobija todos estos delitos bajo el manto de la impunidad.

Esta práctica de silenciamiento contra las periodistas se ha convertido en un arma poderosa a través de la descalificación, acallamiento, asesinato, terror para invisibilizar lo que sucede a otras mujeres y sobre todo al país en todos sus aspectos borrando una parte importante de la historia, arrebatando nuestra memoria.

El silenciamiento de las mujeres se convierte en la “estrategia para perpetrar delitos de lesa humanidad”, como señala la feminista Francesca Gargallo. Y justo el callar las valientes voces de las mujeres que informan a través de la pluma y la lente impone la desaparición de la memoria colectiva a través de la legitimación de la violencia patriarcal hacia las mujeres por parte del Estado.

El hablar, escribir, publicar y denunciar de las mujeres periodistas se convierten en actividades a silenciar e invisibilizar en una especie de contubernio entre los grupos criminales, las instituciones judiciales y los aparatos represores del Estado.

Es así que de 2012 a 2013 la violencia contra mujeres periodistas se incrementó un 20% quedando impunes la mayor parte de los actos de violencia. La mayor parte de las agresiones a mujeres periodistas fueron a aquellas que cubrían las fuentes de Política en específico casos vinculados a corrupción de funcionarios públicos, siendo los estados más violentos el Distrito Federal, Veracruz, Morelos, Chiapas, Puebla y Oaxaca.

Pese a la falta de apoyo legal y certeza jurídica por parte del Estado, muchas valientes periodistas continúan denunciando todas las agravantes a su persona y a su oficio como lo ha venido haciendo CIMAC, que en este informe ve materializado una de sus luchas , el visibilizar los casos de impunidad, entre ellos su caso, el de allanamiento a sus oficinas que fue investigado como un simple robo, cuando queda muy claro que existe un componente de ir en contra de la libre expresión de las comunicadoras feministas.

El informe de CIMAC recomienda que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), incorporen protocolos especializados con base en los Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de derechos humanos y Periodistas.

Ahora habrá que seguir luchando y reivindicando a través de la pluma, la lente, las protestas en las calles la labor de las mujeres periodistas, contra la cultura dominante patriarcal del Estado que descalifica y silencia a las mujeres desde lo simbólico hasta lo letal en su afán por eliminar la experiencia individual y colectiva femenina del mapa de la historia. 

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