A
pesar de las reformas que indebidamente le han impuesto a nuestra
Constitución los gobernantes que padecemos, aún están vigentes los
derechos de los trabajadores de organizarse en sindicatos para defender
sus intereses de clase, en el aspecto económico fundamentalmente; y que
sus dirigentes sean electos por las propias asambleas sindicales y no
por los patrones, el gobierno o alguien más.
En ese sentido y
sabiendo que el licenciado Napoleón Gómez Urrutia ha sido electo
democráticamente por su propios compañeros, como Secretario General del
Sindicato Nacional Minero, el Partido de los Comunistas ha condenado
reiteradamente la persecución política de que ha sido objeto este
dirigente, de parte del mal gobierno, porque tal asedio, es criminal y
contrario a los referidos principios constitucionales y daña la
capacidad combativa de todo el gremio.
Sin duda alguna, la
persecución que ejerce el gobierno de Peña Nieto, por medio de la
Procuraduría General de la república (PGR), sobre el dirigente nacional
del sindicato minero, obedece a las múltiples denuncias de corrupción e
impunidad del gobierno de México, que el propio Gómez Urrutia ha
difundido por medio de su libro “El colapso de la dignidad” y en
eventos trascendentales del movimiento obrero, en donde este dirigente
ha obtenido reconocimientos internacionales, como el premio Arthur
Svensson por la defensa de los derechos sindicales.
Los
reconocimientos se refieren a su actuación combativa en la vida de
México, que se significó de manera especial, durante la preparación,
estallamiento y conducción de las huelgas mineras de Cananea, Taxco y
Sombrerete. Pero sobre todo, por la lucha que emprendió valientemente a
partir de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, en la región
carbonífera de Coahuila, que costó la vida de 65 trabajadores, a causa
de el descuido criminal de la empresa, que mantuvo las operaciones a
pesar de frecuentes advertencias oficiales y privadas, de que al
interior de la mina no había las condiciones de seguridad y de higiene
requeridas. Al gobierno y a la empresa les molestó mucho que el
siniestro fuera calificado como ”homicidio industrial”.
La
persecución política y policial tiene su origen además, en la
resistencia que mantiene el sindicato minero, en alianza con otras
fuerzas, en contra del monopolio de Industrial Minera México S.A.
(IMMSA) y, principalmente en contra el Gobierno Federal, que pisotea
los derechos laborales, poniéndose del lado del capital y los
monopolios y que es cómplice de la muerte por accidentes de trabajo de
centenares de mineros.
Respecto al fideicomiso de 55 millones
de dólares que Industrial Minera México S.A. (IMMSA) entregó al
sindicato minero como una supuesta compensación por la venta que el
gobierno apátrida de México hizo de la mina de Cananea, a precio de
regalo, a ese monopolio, cabe decir que el sindicato fue presionado,
hostigado y los trabajadores amenazados de perder su empleo si no
aceptaban dicha venta.
El Lic. Napoleón Gómez Urrutia no era titular de
la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Su
pecado consiste que al llegar él a la Secretaría General (2001),
después de entregada esa mina histórica, exigió al monopolio (IMMSA) el
pago del 5% a que se había comprometido con los obreros que en el
tiempo de la compraventa estuvieran laborando, y que, según consta en
actas, fue entregada a sus destinatarios una cantidad equivalente al
porcentaje mencionado, sin que exista indicio alguno y mucho menos
constancia de que el perseguido haya dispuesto ilegalmente de ese
dinero.
El Gobierno Federal se ha valido de artimañas y
corruptelas para perseguir al sindicato minero y a sus dirigentes.
Utiliza a la Policía Federal para reprimir a los obreros en
enfrentamientos que han causado bajas mortales. Ha encarcelado a varios
de sus dirigentes. Ha utilizado a la autoridad laboral y al Poder
Judicial, incluyendo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para declarar inexistentes las mencionadas huelgas con absurdas
interpretaciones de la ley, como el declarar que la inexistencia ha
sido provocada porque se han terminado las relaciones colectivas e
individuales de trabajo entre la empresa y los huelguistas, por causas
de fuerza mayor, como si las huelgas fueran causas de fuerza mayor y no
un derecho fundamental de los trabajadores. Con ese criterio absurdo,
todas las huelgas serian declaradas inexistentes por su propia
naturaleza.
Los monopolios mineros y siderúrgicos (IMMSA,
PEÑOLES Y AHMSA) hacen su trabajo por separado, dividiendo a los
obreros, contratando esquiroles y creando grupos de choque para golpear
a los sindicalistas, que exigen se respete el derecho de asociación, el
contrato colectivo de trabajo y la titularidad que corresponde al
sindicato nacional.
Mas no es sólo el sindicato minero el
objeto de la persecución arbitraria e implacable del mal gobierno.
Conocidas son las agresiones fascistas contra todos los sindicatos
independientes, principalmente contra el Sindicato Mexicano de
Electricistas, con el propósito de debilitarlos o desaparecerlos para
imponer con mayor facilidad, su llamada Reforma Energética y otras
medidas políticas, administrativas y legislativas, contrarias a los
intereses de los trabajadores y los derechos del pueblo
El
fascismo no es sólo la reacción violenta de la burguesía contra los
derechos individuales y colectivos del hombre; la tortura, la cárcel y
la muerte para vastos sectores de la sociedad, sino fundamentalmente,
la destrucción de aquellos instrumentos de lucha, como son los
sindicatos y los partidos, que los trabajadores y el pueblo han
construido para la defensa de sus derechos y legítimos intereses.
El pueblo de México ha sufrido hasta hoy varias décadas de constantes
agresiones y violaciones a sus derechos humanos y civiles. El régimen
republicano que surgió con la revolución de independencia,
estableciendo el sistema federal, la división de poderes y las
garantías individuales, es hoy una entelequia.
La
Constitución que dio origen al México moderno y que expresó en su
tiempo la voluntad de las fuerzas revolucionarias triunfantes, ha sido
destruida por los tecnócratas reaccionarios y apátridas que nos
gobiernan.
El Estado mexicano que nació precisamente para
defender la recién conquistada independencia nacional en 1824, ha
dejado de existir.
La soberanía nacional y la independencia económica se la tragan todos los días los monopolios globales.
La democracia tan cacareada por el gobierno y sus compinches se
convierte en dictadura de unos cuantos, de elites que utilizan el poder
en su beneficio y en beneficio de gobiernos y monopolios extranjeros a
quienes sirven dócilmente
La igualdad se rompe con la injusta
distribución de la riqueza donde menos del 1% de la sociedad se apropia
del 40% de la riqueza generada, y de toda la riqueza de la naturaleza,
que comparte con el extranjero
Esta política ha empobrecido a
las grandes masas y roto el tejido social. El Estado de derecho es
violentado desde el propio gobierno, integrado por golpistas que
tomaron el poder por la vía del fraude electoral y que han destruido el
orden político y social que los mexicanos nos dimos en 1917 y cambiado
la Constitución de Querétaro por un código de hojas desechables que
contiene una serie de proclamas demagógicas y que en lugar de
establecer los derechos de la Nación y de los trabajadores, protege los
intereses bastardos del Imperio y de los patrones.
De ahí
parte la agresión al pueblo trabajador. Todo aquel que se opone a esta
política es reprimido, desprestigiado por el poder mediático que
controlan, encarcelado o perseguido. Es el caso del Sindicato Nacional
Minero, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la disidencia
magisterial y de tantas luchas y resistencias que se dan a lo largo y
ancho de la nación mexicana.
Por eso es necesario detener
estas agresiones, creando la unidad de obreros, campesinos,
estudiantes, maestros, profesionistas, intelectuales, organizaciones
sociales, desempleados, amas de casa. Todos bajo estas consignas:
“Si nos tocan a uno nos tocan a todos”
“Detengamos al fascismo”
Fernando Acosta Esquivel es el Secretario General del Partido de los Comunistas (México)
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