La
Conferencia Internacional “Las mujeres y la inclusión social: de
Beijing a Post 2015”, durante su jornada inaugural, el miércoles 6 de
mayo, en el Palacio San Martín, sede de la cancillería de Argentina.
Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS
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No se dirigieron específicamente a las mujeres, pero políticas sociales
como subsidios familiares y pensiones contribuyeron a mejorar su vida
en América Latina, la región que más avances registró este siglo en
materia de género, pese a que todavía persisten enormes deudas.
La brasileña Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe,
aseguró que esa realidad se constata en cada uno de los informes de la
organización que promueve la igualdad de género en el mundo.
“Es interesante notar que dentro de todas las regiones del mundo,
América Latina, de hecho, es la que observó mayores progresos”, sostuvo
Carvalho en entrevista con IPS, durante la Conferencia Internacional “Las mujeres y la inclusión social: de Beijing a Post 2015”, realizada en la capital argentina entre el miércoles 6 y el viernes 8.
El avance latinoamericano, detalló Carvalho, “no fue tanto por las
políticas económicas, al contrario, sino por las políticas sociales, que
aunque no necesariamente tenían como objetivo promover a la mujer
específicamente, terminaron beneficiándola mucho, directa e
indirectamente”.
“La mujer depende de
un articulado conjunto de políticas sociales y económicas... Todas las
políticas, en sus diferentes niveles, influencian a la mujer y pueden
mejorar o empeorar la desigualdad de género": Luiza Carvalho.
Entre esos programas de transferencia de renta destacan el brasileño
de la Beca Familia, el argentino de la Asignación Universal por Hijo,
el ecuatoriano del Bono de Desarrollo Humano o el mexicano de Prospera.
También influyeron positivamente medidas como la mejora del salario
mínimo, que no incluyó una perspectiva de género, pero que benefició a
las mujeres que están entre los que mayoritariamente lo perciben. Ello
aumentó su poder de compra y, en consecuencia, su capacidad de decisión y
“de control sobre algunos asuntos domésticos”, dijo.
Lo mismo sucedió con iniciativas de protección del trabajador
informal y con la creación de pensiones no contributivas, entre las que
Carvalho mencionó las de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica y México.
Como medida de los diferentes planes de transferencia de renta, “no
hay duda que hubo una disminución de la pobreza extrema en toda América
Latina. Con la mejoría del poder adquisitivo, del salario mínimo y la
extensión de las pensiones no contributivas también hubo una
modificación significativa en la desigualdad de género”, subrayó.
Sin embargo, recalcó, esos programas tienen el hándicap de que hacen hincapié en la responsabilidad de la mujer como madre.
“Sus condicionalidades son para la mujer. La mujer tiene que ayudar a
los niños a permanecer en la escuela, la mujer tiene que darle
vacunas. Y esas condicionalidades no refuerzan un papel más responsable
del hombre en la crianza de los hijos”, opinó.
“Si queremos ir más allá de esos logros, las políticas deben ser focalizadas”, reafirmó Jessica Faieta, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al referirse a lo que denominó como “la segunda generación de políticas sociales”.
“Deben ser políticas dirigidas directamente a incluir a las mujeres
en estos logros del desarrollo que no han llegado a todos”, puntualizó a
IPS. Entre esos “grupos excluidos”, destacan las mujeres, especialmente
las campesinas, los indígenas y los afrodescendientes.
Faieta destacó que la inclusión social femenina tiene un impacto
positivo en la eliminación de la pobreza, mientras que Carvalho lo
definió como un “círculo virtuoso” para el desarrollo.
“Está probado que incluir mujeres tiene un rédito más amplio. Emplear
más mujeres, darles un pago más equitativo, tiene un alcance que va más
allá de ellas mismas, va a la familia”, puntualizó Faieta.
“América Latina tiene eso muy claro. Tanto que estamos viendo la
expansión de esos programas en África y en su introducción en Asia, que
están replicando sus experiencias positivas”, explicó Carvalho. Para
apuntalar este proceso, el PNUD y el brasileño Instituto de
Investigación Económica Aplicada buscan actualmente sistematizar las
iniciativas regionales.
“Hay una posibilidad de cooperación Sur-Sur muy importante”, enfatizó Faieta.
En la jornada inaugural del encuentro internacional de Buenos Aires En el encuentro participaron la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka, y la administradora mundial del PNUD, la neozelandesa Helen Clark.
En la reunión, convocada por esas dos agencias de la ONU y el
gobierno argentino, han participado delegadas de las diferentes regiones
del mundo, con el objetivo de evaluar los desafíos que persisten para
la población femenina 20 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer,
realizada en Beijing en 1995.
A nivel regional, Carvalho mencionó entre esos retos los altos
indicadores de mortalidad materna, la violencia contra la mujer y su
expresión más grave: los feminicidios.
“De los 28 países de mayor índice de feminicidios en el mundo, ¡14 están en nuestra región!”, lamentó.
Un fenómeno que atribuyó tanto a “una ausencia del Estado, que
responda con medidas de prevención” como a “una cultura machista muy
entronizada, en una visión de la mujer como una propiedad, como parte de
una colección particular de un hombre”, así como a “cuestiones legales
que impiden que tenga acceso a tierra o a crédito”.
El “empoderamiento económico de las mujeres”, es otra deuda
latinoamericana, añadió Faieta. Pese a los avances regionales,
“todavía es la mujer la que sufre mayor desempleo. El pago por igual
trabajo, sigue siendo menor para las mujeres”, ejemplificó.
Pese a ello, el informe “El progreso de las mujeres en el mundo
2015-2016: transformar las economías para realizar los derechos”,
lanzado por ONU Mujeres el 27 de abril, registra ese avance al indicar
que entre 1990 y 2013, el mayor aumento mundial en la participación
femenina laboral se dio en América Latina.
Durante ese periodo, esa participación pasó de 40 por ciento a 54 por ciento, aunque lejos de la masculina, de 80 por ciento.
El informe añade que la brecha de género persiste en las
remuneraciones latinoamericanas, que es de 19 por ciento, pero es más
limitada del promedio mundial, de 24 por ciento.
Asimismo, en todos los países latinoamericanos con encuestas sobre el
uso horario, las mujeres dedican entre el doble de tiempo y cinco veces
que los hombres al trabajo no remunerado.
También hubo logros como la inclusión política de las mujeres, en la
región del mundo con el mayor número de jefas de Estado y de gobierno.
Once países aprobaron leyes de cuotas políticas, en los parlamentos,
26,4 por ciento son mujeres y en los gobiernos hay en promedio 22,4 por
ciento de ministras, la mayor proporción mundial, aunque todavía no lo
deseable para una democracia inclusiva, según Faieta.
“Está claro que la transferencia condicionada de renta, no va a
resolver todo. Por eso también tienen que implementarse otras
políticas”, aclaró Carvalho.
Políticas específicas de género pero además macroeconómicas, fiscales y monetarias.
Carvalho criticó el recorte de programas sociales, que “afectan a la
sociedad como un todo pero prioritariamente a la mujer” porque
disminuyen las políticas de educación y salud, y otras que “aumentarán
más su carga doméstica”.
“La mujer depende de un articulado conjunto de políticas sociales y
económicas… Todas las políticas, en sus diferentes niveles, influencian a
la mujer y pueden mejorar o empeorar la desigualdad de género”,
sintetizó.
“No puede haber igualdad de género sin justicia, inclusión,
crecimiento y desarrollo social”, reafirmó la ministra argentina de
Desarrollo Social, Alicia Kirchner, durante la inauguración de la
conferencia.
Por eso según Clark, del PNUD, en la global Agenda de Desarrollo Post
2015, que se definirá en septiembre, es crucial garantizar que todas
las políticas tengan una “perspectiva de género”.
Editado por Estrella Gutiérrez
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