De acuerdo con esta red de defensoras, aquel día alrededor de las 12 de la noche Bettina y el activista Rodrigo Peñaloza se trasladaban en automóvil a su domicilio en Juchitán, Oaxaca, cuando un grupo de constructores que viajaba por el mismo rumbo, entre los que había hombres armados, empezó a insultarlos, por lo que los defensores huyeron rápidamente.
En un comunicado, IM-Defensoras –red que agrupa a activistas de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua– señaló que el hecho ocurrió tras una reunión en la que participaron Bettina Cruz, Rodrigo Peñaloza y Katia Puga, representante de la Secretaría de Energía (Sener), del gobierno federal.
La organización afirmó que los agresores eran constructores que escoltaban a Puga de vuelta a su hotel. Al reconocer el vehículo en el que viajaban Cruz y Peñaloza, los constructores empezaron a insultarles, ante lo que Rodrigo disminuyó la velocidad del auto hasta detenerlo.
Entonces, los hombres corrieron hacia ellos profiriendo más insultos y con la clara intención de agredirles, por lo que los activistas tuvieron que huir rápidamente del lugar.
La red de defensoras externó su preocupación porque estos hechos se produjeron pese a que Bettina es beneficiaria de medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y porque según informó la propia activista, durante la agresión el “Botón de Pánico” otorgado por la instancia de la Segob “no funcionó”.
Cabe mencionar que este sábado 2 de mayo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó a Sara Irene Herrerías Guerra como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, y entre sus tareas está la coordinación del Mecanismo de Protección.
Por otra parte, apenas en diciembre de 2014 Bettina Cruz salió de un proceso penal en el que era acusada de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”, por manifestarse contra las empresas eólicas, juicio que inició en 2011 y que a decir de grupos civiles tenía la intención de inhibir su labor humanitaria en las comunidades del Istmo de Tehuantepec.
Es por ello que IM-Defensoras remarcó que en la reunión con la representante de la Sener, Katia Puga, decidió de manera unilateral dar por finalizada la “fase informativa” del proceso de consulta a la comunidad indígena de Juchitán sobre la instalación del proyecto Eólica del Sur, a pesar de que la información sobre su impacto es insuficiente y no cumple los estándares internacionales de una consulta debidamente llevada a cabo.
Las activistas exigieron a las autoridades estatales y federales garantizar la seguridad, integridad física y moral de Bettina y de los demás integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; y pidieron que se prevenga, persiga y sancione cualquier acto de agresión, coerción o amenaza.
También aprovecharon para pedir que se garantice una consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena de Juchitán sobre el proyecto Eólica del Sur.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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