En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto asumió el cargo como
presidente de México. En materia económica, su agenda estaba orientada,
en esencia, a profundizar el capitalismo neoliberal mediante la
privatización de la industria petrolera y llevar adelante la
destrucción de la economía popular.
De espaldas a la sociedad
mexicana, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), llamaron a sus legisladores a cerrar filas
en torno al Pacto por México y aprobar, cuanto antes, el paquete de
reformas estructurales impulsado desde el exterior por las
corporaciones multinacionales.
Hasta la fecha, el dinamismo de la economía mexicana brilla
por su ausencia. En 2014, la tasa de crecimiento fue de apenas 2.1 por
ciento, medio punto porcentual por debajo de la tendencia de largo
plazo de 2.6 por ciento. Sin embargo, apenas hace 1 año, el gobierno de
Enrique Peña Nieto pedía tiempo y paciencia frente a las voces críticas
de su gestión: la ejecución adecuada de las reformas estructurales
llevaría, a la brevedad, a una fase de expansión de la actividad
económica.
En unas cuantas semanas, sin embargo, el panorama
optimista se transformó radicalmente. La desaparición forzada de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 puso de
manifiesto, entre otros elementos, la vigencia del terrorismo de
Estado.
Pese a los esfuerzos de los poderes fácticos
nacionales (Televisa, Tv Azteca, Milenio Tv, etcétera) por ocultar el
carácter putrefacto de sistema político, las ocho columnas de la prensa
internacional dieron cuenta de la extrema debilidad del sistema de
administración y procuración de justicia.
De manera
escandalosa, el caso Ayotzinapa desnudó las redes de corrupción y
complicidad, así como los pactos de impunidad que imperan en los tres
niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). La euforia
empresarial alrededor del “Momento de México” se cayó a pedazos.
Para colmo de males, un par de meses antes de la masacre del Estado de
Guerrero, el gobierno mexicano comenzó a sentir las consecuencias de la
caída sostenida del precio del petróleo. De acuerdo con el diario
británico The Financial Times, las expectativas de alta rentabilidad puestas en el proceso de privatización empezaron a perder fuerza.
La mezcla mexicana se ubica en la actualidad en 44.30 dólares por
barril y, al menos en el corto plazo, difícilmente alcanzará los
niveles de principios de la década de 2000. ¿Quién se animará a colocar
sustantivas sumas de capital en una industria víctima de la deflación
(caída de precios) en el plano internacional?
Las
consecuencias de que el presupuesto público dependa de los ingresos
petroleros saltan a la vista. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) anunció a principios de año recortes al gasto por un
monto de 124 mil millones de dólares, cifra que representa alrededor de
0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Los ámbitos de la
educación, ciencia y tecnología, salud, vivienda, entre otros,
resultaron los más afectados en materia social.
Por
añadidura, en medio de una mayor incertidumbre en los mercados
financieros, la divisa estadounidense ha repuntado de manera inédita
frente a las monedas de América Latina. Es indudable: la depreciación
del peso mexicano repercute de manera negativa sobre el poder de compra
de los salarios y aumenta la concentración del ingreso en el 1 por
ciento de la población. Al mismo tiempo, la caída de la moneda
disminuye el consumo de las familias y las perspectivas de inversión de
las empresas.
Ante la fuga de capitales de corto plazo, el
Banco de México se prepara para aumentar la tasa de interés de
referencia y, con ello, ofrecer mayor rendimientos a los grupos de
capital financiero trasnacional al costo de estrangular el financiamiento orientado a las actividades productivas en el plano interno.
El dólar estadounidense ronda ya en alrededor de 15 pesos y, no se
descarta que las próximas semanas pueda sobrepasar la barrera de los
16. Luis Videgaray Caso, el titular de la SHCP, minimiza los efectos de
la depreciación cambiaria con el argumento de que México gana
competitividad frente al resto del mundo en los ámbitos del turismo y
la manufactura.
En su diagnóstico, Videgaray Caso soslaya la
dependencia de México a la economía estadounidense, así como el alto
componente importado de los productos manufacturados en territorio
nacional. Son los resultados de más de 3 décadas de apertura comercial
indiscriminadas.
En definitiva, los costos de la fluctuación
de la moneda pesarán, otra vez, sobre los trabajadores, ya sea a través
de la disminución de los salarios o el aumento de la jornada laboral,
es decir, un incremento de la plusvalía absoluta en términos de Carlos
Marx. En cuanto a la división internacional del trabajo, una mayor
subordinación a las exigencias del mercado mundial y reproducción
ampliada de la dependencia.
Las protestas sociales van en
aumento. Los casos de corrupción de la familia de Enrique Peña Nieto y
su círculo más cercano de colaboradores prenden fuego a la hoguera del autoritarismo.
La sociedad mexicana, que padece crecientes dificultades económicas en
medio de la crisis, no está dispuesta a seguir tolerando el uso
indebido del ejercicio de la función pública.
Para llevar a
cabo transformaciones de fondo, las izquierdas en México deben orientar
sus esfuerzos a fortalecer sus vínculos con los movimientos sociales.
Es urgente establecer alianzas que privilegien la participación activa
de la sociedad en la toma de decisiones. La batalla hay que ganarla en
todos los frentes y no sólo en el ámbito electoral.
Privilegiar los diálogos horizontales sobre la verticalidad
que pretenden imponer las estructuras partidistas edificadas alrededor
de los caudillos. Hay que promover los círculos de estudio y reflexión,
los cursos de formación política para jóvenes militantes: poner énfasis
en el desarrollo de la conciencia de clase.
En conclusión,
hay que adherir vitalidad a la lucha de clases que atraviesa la región
latinoamericana. Después de los acontecimientos trágicos de Ayotzinapa,
el pueblo mexicano está convocado, de manera urgente, a luchar por su
emancipación…
Ariel Noyola Rodríguez es Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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