Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Salazar, Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Mayela Quiroga Tamez, de la bancada priista, presentaron un punto de acuerdo para que Peña Nieto envíe en breve al Senado la ratificación del Convenio 183 de la OIT, que garantiza protección a la maternidad para las mujeres trabajadoras.
El convenio –firmado por México desde el año 2000– prevé protección a la salud de las mujeres trabajadoras, licencia de maternidad, licencia en caso de enfermedad o de complicaciones, prestaciones, protección del empleo y no discriminación, y derechos de las madres lactantes.
La ratificación de este instrumento internacional obligaría al Estado mexicano a fortalecer el marco jurídico en materia de derechos laborales para las mujeres, incluyendo aquellas que desempeñen “formas atípicas” de ocupación (como el trabajo informal o independiente).
Entre otras garantías, el documento de la OIT establece la obligatoriedad de cada centro de trabajo a otorgar una licencia antes o después del periodo de licencia de maternidad en caso de enfermedad, o si hay complicaciones o riesgo de que éstas se produzcan como consecuencia del embarazo o del parto.
Además, indica la prohibición para el empleador de despedir a una mujer que presente un embarazo, durante la licencia de maternidad o después de haberse reintegrado al trabajo; y establece que todo país miembro debe adoptar medidas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, por ejemplo, impedir que se practique a las mujeres pruebas de no gravidez.
Asimismo, este convenio estipula que las mujeres tienen derecho a una o varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hija o hijo.
Actualmente, la Constitución mexicana, la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo establecen la protección de los derechos de las madres trabajadoras, como la licencia por maternidad, atención materno-infantil, y restricciones a ciertas actividades de trabajo que representen un riesgo para la salud de las embarazadas.
No obstante, ninguna de estas medidas ha evitado que en México el embarazo prevalezca como la principal causa de discriminación en el ámbito laboral que padecen las mujeres, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
El punto de acuerdo para la ratificación del Convenio 183 fue turnado para su dictaminación a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 
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