Autor: Flor Goche / @flor_contra
Hasta marzo de 2015, en el país se enlistaron oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De éstas, 10 mil 836 desaparecieron en lo que va del actual gobierno. El resto, es decir la mayoría, data de la administración de Felipe Calderón. Por su metodología, la base de datos gubernamental podría ocultar centenas de desapariciones, señalan organizaciones civiles. Esta realidad constituye “una verdadera tragedia nacional”, considera Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
En agosto de 2014, el gobierno mexicano
reconoció la existencia de 22 mil 611 personas “no localizadas”. Siete
meses después, a marzo del año en curso, ya son 25 mil 821.
Más del 40 por ciento de las personas que
a la fecha se encuentran en calidad de “no localizadas” (10 mil 836)
desapareció en lo que va del actual gobierno: de enero de 2013 a marzo
de 2015. Mientras que el 54 por ciento (13 mil 996) fue durante el
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de personas que hasta el
momento permanecen en calidad de desaparecidas, es decir, que no han
sido encontradas vivas o muertas.
Estas cifras constan en el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), que
se alimenta de las denuncias presentadas ante las agencias del
Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común. El
instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública
contabiliza únicamente a las personas que aún no han sido localizadas.
El 72 por ciento de las personas que
actualmente se encuentran desaparecidas (18 mil 536) son varones. En
tanto, el 59 por ciento (15 mil 294) están en edad productiva, y el 25
por ciento (6 mil 467) son menores de 19 años. Estos indicativos sobre
el perfil de las 25 mil 821 “no localizadas” se desprenden de la
estadística oficial.
El Rnped permite, asimismo, ubicar las
entidades con los más altos índices de desaparición. Se trata, en primer
lugar, de Tamaulipas, con 5 mil 479 casos. Le siguen Jalisco, con 2 mil
248; Estado de México, con 2 mil 74; y Nuevo León, con 2 mil 21.
En febrero pasado, México fue examinado
por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Como parte de sus observaciones finales, éste
advirtió un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del
territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como
desapariciones forzadas.
“Una verdadera tragedia nacional”, así
se refiere Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU, a la dimensión que ha alcanzado el
fenómeno de la desaparición de personas en México.
En entrevista con Contralínea, y
bajo la aclaración de que los comentarios que emite son a título
personal, el maestro en derecho por la Universidad de Cambridge dice
que, en aras de desarrollar las medidas adecuadas y efectivas para la
erradicación de las desapariciones, el Estado mexicano debe reconocer la
dimensión del problema, tal como se lo recomendó, en 2011, el Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Sin embargo, a la fecha, el gobierno
mexicano sigue sin reconocer la magnitud de la problemática en cuestión,
además de que le ha faltado voluntad para resolverla, señala Corcuera
Cabezut.
A decir del exintegrante del Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el
origen de la tragedia de las desapariciones en territorio mexicano data
de 2006, luego del “espiral de violencia” que desató la “guerra contra
el narcotráfico”, política de seguridad ejercida por Felipe Calderón a
través del empleo de las Fuerzas Armadas.
Registro oficial podría ocultar cientos de desapariciones
El Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas no reflejaría la totalidad de las
desapariciones que ocurren en el país. Las razones son diversas: no
incluye a las personas que ya fueron localizadas; no da cuenta de los
casos que carecen de denuncia ante la autoridad; respecto de los hechos
que constan en el fuero federal, sólo contempla las averiguaciones
previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR)
entre 2014 y 2015.
Un ejercicio realizado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila permite entrever la ºde
las desapariciones en México. De un total de 147 casos que tienen
averiguación previa en la PGR, la organización civil encontró que tan
sólo 23 constan en el Rnped. De acuerdo con este parámetro, en ese caso
la base de datos oficial ocultó el 84 por ciento de los casos de
desaparición.
A este subregistro habría que adherir los
casos que no constan en los expedientes judiciales porque, como explica
Corcuera Cabezut, los familiares o seres queridos de la persona
desaparecida no siempre denuncian. Esto ocurre, precisa el experto,
principalmente por temor o por el trato de “hostigamiento terrible” que
reciben en su intento de exponer los hechos ante la autoridad
ministerial.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo
de Amnistía Internacional México, comenta que la base de datos
gubernamental no es “muy confiable”, dada su falta de rigor técnico y su
“rudimentaria metodología” de recopilación de información. Es así,
asegura, que dicho registro no refleja el número real de desaparecidos a
nivel nacional.
Derivado de un acuerdo de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, en 2011 el gobierno mexicano empezó
a construir una base de datos de personas no localizadas basada en
información de las procuradurías y fiscalías locales. Al 30 de noviembre
de 2012, es decir, en vísperas del fin del sexenio de Felipe Calderón,
ésta llegó a acumular un total de 26 mil 121 registros.
De acuerdo con información difundida por
la PGR, la base de datos oficial sería depurada y actualizada por la
administración de Enrique Peña Nieto a partir de la eliminación de los
nombres de las personas ya localizadas y de la identificación de
homonimias o registros duplicados. Es así que, a marzo del año en curso,
constan en el registro gubernamental 25 mil 821 casos de personas no
localizadas.
A principios de 2012 se expidió la Ley
del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
la cual regula la operación, funcionamiento y administración del Rnped.
La aplicación de la misma corresponde al Ejecutivo federal, a través del
Secretariado Ejecutivo, quien tiene la obligación de publicar el
registro actualizado en su página electrónica.
En febrero pasado, el Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU externó su preocupación por la falta de
reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas, y por el hecho de que el Rnped no
diferencia entre las desapariciones perpetradas por particulares y las
forzadas, es decir, aquellas que son obra de agentes del Estado o de
personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.
“Mientras toma nota de la Ley del
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al
Comité le preocupa su falta de reglamentación, así como el hecho de que
el registro no incluye información que permita determinar si la persona
pudo haber sido sometida a desaparición forzada.”
Los expertos de la ONU recomiendan al
Estado mexicano contar con un registro único de personas desaparecidas a
nivel nacional que, como mínimo, refleje de forma exhaustiva y adecuada
todos los casos de personas desaparecidas, al contemplar datos como
sexo, edad, nacionalidad, así como lugar y fecha de desaparición;
incorpore información que permita determinar si se trata de una
desaparición forzada o de un hecho sin participación alguna de agentes
estatales; permita generar datos estadísticos respecto de los casos de
desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; sea completado
con base en criterios claros y homogéneos, y actualizado
permanentemente.
Flor Goche, @flor_contra
[PORTADA]
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