OPINIÓN
Imposible
dejar de comentar las movilizaciones ciudadanas que suceden en
Guatemala a partir del día 20, cuando decenas de personas demostraron
su indignación y exigieron se juzgue al binomio presidencial por su
presunta vinculación en actos corruptos.
Desde entonces se han realizado mítines y marchas en diferentes lugares
del país, destacando las realizadas en el parque central capitalino el
pasado 25 de abril y el 1 y 2 de mayo.
Una primera reflexión: todas estas acciones podrían contribuir en el
imaginario social para motivar la idea de que criticar a las
autoridades públicas no es delito ni tarea de especialistas, como
tampoco lo es exigir castigo a los copartícipes del sector privado que
han corrompido las instituciones del Estado a tal grado que algunas
están en bancarrota o dan servicios de pésima calidad.
Es irónico escuchar cómo representantes empresariales llaman a la
ciudadanía a manifestar su descontento por las redes de corrupción
descubiertas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT);
son los mismos que han criminalizado las protestas comunitarias
opositoras a la instalación de grandes hidroeléctricas o industrias
mineras.
Segunda reflexión: esa calificación contradictoria muestra una doble
moral que pretende desconocer o abrogarse en exclusiva para el
empresariado un derecho reconocido para todas las personas en la
legislación guatemalteca e internacional, de tal manera que esta
prerrogativa no se circunscribe para rechazar los robos al fisco hoy
investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), sino incluye la posibilidad de fiscalizar a todos
los funcionarios, empresarios, diputados y administradores de justicia,
así como de proponer cambios al sistema político que hoy está en crisis.
El despertar de quienes superaron por primera vez el miedo y los
prejuicios para salir a la calle es tangible. Sin duda contribuye a las
prácticas democráticas la participación de quienes hicieron de lado el
conformismo y la displicencia, además ejercieron su libertad de
expresión desde diferentes perspectivas a través de distintos medios
para visibilizar su indignación y demandas.
Tercera reflexión: la perseverancia de la movilización social y la
capacidad de propuesta es en todo caso lo sustancial si se tiene en
perspectiva erradicar las opresiones y desigualdades generadas por la
concentración del capital, el racismo y la discriminación contra las
mujeres.
Aquí recupero lo dicho por una compañera de la publicación feminista
LaCuerda: el despertar actual de unos es posible sumarlo a las
experiencias de otros, como son las impulsadas durante años por
agrupaciones de mujeres, indígenas, campesinas y otras para denunciar
el despojo de sus tierras, sus aguas, sus caminos, sus territorios;
muchas de ellas han sido reprimidas, por ejemplo en Totonicapán, La
Puya, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia y San Juan Sacatepéquez.
Sería necesario analizar cómo entretejer solidaridades entre quienes a
partir de abril manifiestan públicamente su descontento, con aquellas
personas organizadas desde tiempo atrás que han protestado sin mucho
éxito por los abusos cometidos por funcionarios, finqueros, empresarios
e integrantes del crimen organizado.
Ello podría impedir que quienes participan en movilizaciones sociales
sean catalogados de desestabilizadores, bochincheros o “terroristas”;
pero sobre todo multiplicar fuerzas para encontrar soluciones en
beneficio de las mayorías.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Especial
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala.-
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