Alejandro Encinas Rodríguez
De nueva cuenta se ha frustrado la posibilidad de dotar de autonomía y de una Constitución a la ciudad de México. Tras dos años de discusiones, se transformaba la naturaleza jurídica del Distrito Federal hacia una entidad federativa denominada Ciudad de México, con autonomía y una Constitución política propia que consolidaría el régimen de derechos y garantías civiles alcanzados en la ciudad, manteniendo la coexistencia de los órdenes federal y local en un mismo territorio.
Si bien el tema que causó una justa desazón pública fue la pretensión del PRI, PAN y PVEM de designar a 40 de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente a través del Congreso de la Unión y los Ejecutivos federal y local, cuando todos los constituyentes deberían ser electos democráticamente, los avances alcanzados no eran menores. La reforma representaba el establecimiento de poderes bajo el mismo régimen de responsabilidades al que se encuentran sujetos los estados de la Unión, convirtiendo a la ciudad de México en una entidad federativa con autonomía para resolver lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, bajo la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico.
El Poder Ejecutivo local se depositaría en el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien tendría a su cargo el mando de las instituciones de seguridad pública de la ciudad y la facultad de nombrar y remover libremente al secretario de Seguridad Pública, así como la administración pública de la entidad, la que mantendría su carácter unitario en la hacienda y en su régimen patrimonial, a la que se sumaría un fondo de recursos para apoyar a la ciudad en su condición de capital de la República.
El Poder Legislativo residiría en un órgano colegiado integrado bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional; adoptando medidas para impedir la sobrerrepresentación o la subrepresentación de algún partido, democratizando sus órganos de gobierno y dotándola de nuevas atribuciones, como la revisión de la cuenta pública a través de una entidad con autonomía técnica y de gestión.
El Poder Judicial lo integraría el Tribunal Superior de Justicia; el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que señalara la Constitución local, debiendo garantizar la independencia de magistrados y jueces, así como la carrera judicial.
La división territorial de la ciudad, así como el número y denominación de las demarcaciones territoriales, serían definidos por la Constitución local; confiando su gobierno a órganos denominados alcaldías, integradas por un alcalde y entre 10 y 15 concejales electos, por mayoría relativa y representación proporcional, con las facultades que señalara la Constitución y las leyes locales. El alcalde asumiría la administración pública de la demarcación, y los Concejos aprobarían el prepuesto de egresos, supervisarían y evaluarían las acciones de gobierno y controlarían el ejercicio del gasto público, el que estaría integrado por las participaciones federales, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa y los ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.
Se creaba el Consejo de Desarrollo Metropolitano, el cual tendrá atribuciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; gestión de residuos sólidos, y seguridad pública. Sus funciones podrían comprender la delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servicios metropolitanos.
No es la primera ocasión que fracasa este tipo de acuerdos. En 2001 el GDF, la ALDF, el Tribunal Superior de Justicia y los partidos políticos en la capital impulsaron una reforma constitucional que se concentraba en las facultades conferidas a los poderes federales al tener su asiento en el Distrito Federal, y en dotar de autonomía al gobierno local. Los diputados aprobaron esta iniciativa por 358 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones, la cual al llegar al Senado fue congelada. Un proceso similar tropezó en 2010.
Hoy, nuevamente, se frustra el consenso más importante hasta ahora alcanzado, dejando en vilo, por angas o por mangas, la autonomía de la ciudad de México.
Senador de la República
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