Freedom House resalta en su último informe que México es uno de los 65 países catalogados como “no libres” para ejercer el periodismo, compartiendo este ranking con otras naciones como Rusia, China, Honduras, Corea del Norte, Irán, o Siria.
A tres días del asesinato el pasado 4 de mayo del periodista veracruzano Armando Saldaña, el número 84 a nivel nacional desde el año 2000 a la fecha, la organización civil Freedom House
presentó ayer jueves 7 de mayo su informe relativo al año 2015, en el
que destaca que la libertad de ejercicio periodístico en México ha
sufrido un retroceso de una década.
En el documento Freedom of the Press 2015, la
organización refiere que en el índice de libertades, en el que 0 es la
mejor puntuación y 100 la peor, México obtuvo 63 puntos. La peor cifra
desde el año 1995.
Asimismo, Freedom House resalta que México es
uno de los 65 países catalogados como “no libres” para ejercer el
periodismo, compartiendo este ranking con otras naciones como Rusia,
China, Honduras, Corea del Norte, Irán, o Siria.
“México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y comunicadores”, recalca el informe.
Animal Político
detalla las 10 principales claves por las que, de acuerdo con el
informe, se ha producido un retroceso en la libertad de prensa en
México.
Violencia criminal, la peor amenaza
El informe Freedom of the Press 2015
subraya que la violencia criminal en México constituye “la peor amenaza
al periodismo independiente en el país”, y cita al respecto a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano autónomo que tiene
registro de 88 periodistas y trabajadores de los medios asesinados en
el periodo comprendido entre el año 2000 y abril de 2014. Por su parte,
Artículo 19 lleva contabilizados 84 homicidios de comunicadores, entre 2000 y lo que va de 2015.
“Año
con año, México es testigo de cientos de ataques a periodistas y medios
de comunicación. Y aunque no todos terminan en homicidio, muchos de
ellos son aparente resultado de actos de funcionarios corruptos o que
abusan de su poder”, plantea el informe, en el que se recuerda, entre
otros, los casos del periodista Gregorio Jiménez, asesinado en febrero
de 2014 en el estado de Veracruz; y el de Octavio Rojas, corresponsal
de policiaca del diario El Buen Tono, quien también apareció asesinado en Cosolapa, municipio oaxaqueño limítrofe con Veracruz.
Agresiones en la cobertura de manifestaciones
En
2014, Freedom House resalta que tanto reporteros como trabajadores de
medios de comunicación fueron “víctimas frecuentes de agresiones o
detenciones temporales” durante la cobertura de las numerosas
manifestaciones, en las que se protestó por los graves abusos contra
los derechos humanos y la ley de Telecomunicaciones
Ataques a instalaciones de medios
Las
oficinas de varios medios de comunicación del país fueron objeto de
ataques a lo largo del año. Freedom House expone el ataque contra el
corresponsal de radio comunitaria, Indalecio Benítez. El incidente
ocurrió en agosto afuera de la estación, misma que se encontraba muy
cerca de su casa, y cobró la vida de su hijo. En septiembre, la
periodista Karla Janeth Guerrero Silva, que solía criticar los
servicios públicos de la localidad, recibió una golpiza brutal de
hombres armados que irrumpieron en las oficinas de un periódico de
Silao, Guanajuato.
Más autocensura
La
prevalencia de las amenazas y de la impunidad de los perpetradores han
ocasionado que “la autocensura aumente y se extienda incluso a zonas no
consideradas focos de violencia asociada a las drogas, tales como
Zacatecas y los municipios que rodean al Distrito Federal”.
En
este apartado, se resalta también el caso de Tamaulipas, estado donde
presuntamente se ha asesinado a una docena de periodistas desde el año
2000, y en el que “las notas sobre temas de criminalidad se han visto
fuertemente limitadas en los medios tradicionales”.
“(Ante esta
situación) la ciudadanía recurre de forma anónima a las redes sociales
para compartir información sobre la violencia local, la actividad
delictiva y personas desaparecidas”, revela el informe.
Ley Federal de Telecomunicaciones, nuevo flanco de amenazas
Para
Freedom House, la promulgación en julio pasado de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión “abrió un nuevo flanco de amenaza
para la libertad de expresión”.
“Si bien esta ley permite mayor
competencia en ambos sectores, también le otorga el gobierno la
facultad de monitorear y suspender la actividad en Internet durante
actos de protesta”, advierte la organización.
Además, el informe
recuerda que esta ley autoriza al gobierno a geoposicionar y rastrear
el uso de teléfono celulares en tiempo real y obliga a las compañías de
internet a conservar información sobre los usuarios sin que sea
necesaria la supervisión de un juez.
“En teoría, esos registros
de información permitirían que las autoridades identificaran o
monitorearan a los informantes, a los contactos de los periodistas y a
individuos que participen en actos de expresión política”, apunta el
informe.
Radios comunitarias e indígenas, en situación más precaria
Asimismo, Freedom House
apunta que si bien la Ley de Telecomunicaciones promueve la competencia
en un sector dominado por el duopolio Televisa-TV Azteca, continúa
existiendo la preocupación de que esta competencia siga controlada “por
unos cuantos grupos comerciales de gran tamaño, mientras que las
estaciones de radio no comercial se encontrarían en una situación
jurídica y financiera aún más precaria”.
“Las estaciones de radio
comunitarias, que sirven a comunidades que sufren marginación política
y económica, normalmente son objeto de clausura por alegatos de
transmisión ilegal, lo cual se debe frecuentemente a presiones de
compañías de medios más poderosas o de intereses políticos y
comerciales que se sienten amenazados por contenidos difundidos por
esas estaciones”, puntualiza el informe.
Más amenazas a comunicadores
Las intimidaciones a periodistas han aumentado en México en los últimos años. Freedom House
recuerda que en el mes de marzo fue allanada la casa de Darío Ramírez,
director de la organización Artículo 19 que se dedica a defender la
libertad de prensa. Asimismo, expone el caso de Balbina Flores, de
Reporteros Sin Fronteras, quien recibió amenazas telefónicas en su
oficina, en el mismo mes.
Presiones de diferentes actores para manipular contenidos
La
organización civil apunta que los medios de comunicación en México
enfrentan presiones de diversos actores “que pretenden manipular el
contenido noticioso e impedir su publicación”.
Entre esos actores
se encuentran los dueños de agencias que defienden agendas políticas o
de negocios, importantes publicistas que buscan recibir cobertura
positiva o neutral, y funcionarios gubernamentales.
Interferencia en la creación de publicaciones críticas
Freedom
House advierte que las autoridades estatales y locales o sus aliados
“interfieren en ocasiones con la producción y distribución de nuevas
publicaciones de carácter crítico”. En este sentido, apunta que en
septiembre de 2014 en Quintana Roo, un juez federal ordenó al
gobernador del estado, Roberto Borge, detener la creación de portadas
falsas para la revista Luces del Siglo, así como su distribución en las
redes sociales.
Publicidad para manipular coberturas
El
informe refleja que, en el mes de marzo, la Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias informó que funcionarios del gobierno
de México “aplican criterios discrecionales” para la erogación federal
y estatal de unos 12 mil millones de pesos en publicidad oficial.
“Dichos
fondos han sido utilizados para configurar políticas editoriales y
promover agendas partidistas y personales. La asociación descubrió que
muchos de los medios de comunicación manipulaban la cobertura para
obtener contratos de publicidad más favorables de parte del gobierno”,
señala Freedom House.
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