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Una de las oficinas de los Cusaem en el Edomex. Foto: Benjamin Flores |
Sólo en lo que va del sexenio, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar
y Urbana del Estado de México (Cusaem) han firmado decenas de contratos
con dependencias federales por alrededor de 2 mil millones de pesos.
Estas fuerzas policiacas operan en el limbo legal, no pagan impuestos,
reciben por asignación directa la inmensa mayoría de convenios y les
encargan desde la seguridad de instalaciones nucleares hasta surtir de
tepetate a Fonatur. Además, tienen en sus manos el cuidado de sectores
estratégicos del país, pero opera en la opacidad y el gobierno no
muestra la menor intención de regularizarlo.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sin control y sin ley, los
Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem)
asumieron desde el inicio de la actual administración la vigilancia de
inmuebles como la sede de la Secretaría de Gobernación, instalaciones
estratégicas de agua, electricidad y manejo nuclear, e inclusive la
custodia personal de al menos una secretaria de Estado.
No pagan impuestos ni ofrecen seguridad social a muchos de sus
elementos que, portadores de armas largas y vehículos blindados, se
encargan de cuidar casetas de cobro –contratados por el gobierno– en
carreteras que desembocan en cruces fronterizos de entidades
militarizadas donde la violencia campea.
De norte a sur, los diferentes grupos de los Cusaem vigilan casetas
en Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y
ya desde hace años resguardan las garitas de varias autopistas en el
Estado de México.
Custodian, entre otros inmuebles, los principales centros
hospitalarios de la Ciudad de México y el centro del país, las oficinas
de la banca nacional y los medios de comunicación electrónicos del
Estado. En total, cuidan las puertas de unas 50 dependencias federales.
Los montos contratados con las diferentes instituciones del gobierno
federal ascienden a 2 mil millones de pesos aproximadamente sólo en los
dos años y cinco meses que lleva la administración de Enrique Peña
Nieto.
Su presencia en oficinas federales está documentada desde las
postrimerías del gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, comparando los
ingresos que logró durante los últimos dos años del calderonismo (300
millones) con los conseguidos en los dos primeros del actual sexenio,
se ve que los dividendos de los Cusaem se multiplicaron casi siete
veces, según se pudo cuantificar en los diferentes portales de
información pública.
Esto es un problema, porque los Cusaem no tienen un régimen jurídico
claro. La Ley de Seguridad Pública del Estado de México no los menciona
y los mandos de dicho grupo jamás han sido llamados a comparecer al
Congreso local donde, además, se ha rechazado toda iniciativa para
normarlos.
Hasta hace unas semanas, el perredista Octavio Martínez Vargas
presidió la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados
mexiquense. Desde que asumió dicho cargo solicitó –mediante
posicionamientos, puntos de acuerdo y peticiones formales– que se
organizaran reuniones, se rindieran informes y se reformara la Ley de
Seguridad Pública, a fin de incluir un capítulo que regule los Cusaem.
El legislador argumenta que ese organismo “está embozado” en la ley
y opera como empresa de seguridad privada, pero con carácter público,
por lo que obtiene armas de alto poder. Sumado a ello no paga impuestos
sobre los millonarios recursos que ingresa –cuyo destino es incierto.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2009, ya en circulación)
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