Javier Santiago Castillo*
La
Real Academia Española define la corrupción como “…la práctica
consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
El Sistema Nacional Anticorrupción aprobado recientemente por el
Senado está concebido como un conjunto de acciones institucionales que
cuentan con una
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
En la exposición de motivos, se dice que se trabajará primero en
prevenir, para posteriormente hacerlo en los aspectos de sanciones. Sin
embargo, a lo largo de la propuesta del Sistema no se hace referencia
al aspecto más importante de la prevención: el cambio de las pautas
culturales que subyacen al tema. Es notable la ausencia de la
Secretaría de Educación Pública en el Comité Coordinador. La
transformación cultural debe iniciar desde la infancia.
Para su operación, el Sistema contará con un Comité Coordinador
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la
secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno, por
el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el o la comisionado presidente del Ifai, así como por
un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité
de Participación Ciudadana.
Entre las funciones de este Comité Coordinador se señala que
definirá mecanismos de coordinación con los sistemas locales, así como
el diseño y promoción de políticas integrales en materia de
fiscalización y control de recursos públicos, para prevenir, controlar
y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción. En especial,
las causas que lo generan; el establecimiento de bases y principios
para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de
gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos
públicos, además de la elaboración de un informe anual que contenga los
avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación
de políticas y programas en la materia.
Otro de los aspectos se refiere al fortalecimiento de las
atribuciones de fiscalización de la ASF, ya que se le faculta auditar
directamente durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de
denuncias, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna
posibles actos irregulares. Asimismo, podrá realizar auditorías sobre
supuestas anormalidades cometidas en ejercicios fiscales anteriores.
Es
de destacar que el Sistema retoma la nueva facultad incluida en la
reciente reforma en materia de disciplina financiera de las entidades
federativas, relativa a la facultad para fiscalizar el destino y
ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública de estados y
municipios, cuando su contratación esté garantizada por la Federación.
Es decir, la ASF puede fiscalizar recursos locales cuando provengan de
deuda que esté garantizada por la Federación.
El Sistema Nacional Anticorrupción debiera incluir mecanismos de
construcción de ciudadanía. No hay mejores vigilantes de la acción
pública ni mejores promotores de buenas prácticas y políticas públicas
que los propios ciudadanos a los que están dirigidas. La erradicación
de añejas prácticas corruptas y corruptoras no es una tarea constreñida
a la eficacia de los controles sobre el uso de los recursos públicos.
La sola aplicación de mecanismos coercitivos no inhibe la
corrupción. Debe atenderse el cambio cultural. Por ello, la conciencia
de cada persona respecto de que constituye un sujeto dotado de derechos
y obligaciones, que no sólo actúa para sí, sino también para con la
comunidad –es decir, su conciencia de que es un ciudadano–, resulta un
componente indispensable en un esfuerzo como el que se materializa en
el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por otro lado, es necesaria la voluntad política institucional de un
combate sin cuartel a la impunidad. De ese modo, el combate a toda
forma de corrupción será encomienda de todos, y podrá convertirse en
una manera eficaz de transformar, en este campo, la relación entre
gobernantes y gobernados. Todavía queda por aprobar un cúmulo de normas
a este respecto. Cabe esperar que en ellas se subsane la omisión que
ahora se percibe.
*Consejero electoral del INE/
profesor UAM-I
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