Magdalena Gómez
La
tribu yaqui anunció la realización de la Caravana nacional por el agua,
el territorio, el trabajo y la vida a partir de la próxima semana. El
11 de mayo, saldrán tres caravanas regionales, una desde Vícam y
Cajeme, Sonora; otra desde Piedras Negras, Coahuila, y otra desde
Pijijiapan, Chiapas. Cubrirán 75 ciudades en 23 estados. Esta
importante movilización involucra a decenas de pueblos originarios,
organizaciones campesinas y urbanas, afectados ambientales, usuarios
del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros,
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de
derechos humanos.
Esta confluencia se teje en torno a núcleos estratégicos, como la
imposición de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, fracking,
presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de bosques,
urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los
sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, la
destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la
sobrexplotación de los trabajadores mexicanos.
Tomás Rojo, vocero de la tribu, ha recordado que hace ocho años se
celebró en Vícam el primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América,
impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el
Congreso Nacional Indígena, y allí se hizo una alianza y un pacto en
defensa de los pueblos originarios
y, en algún momento que hubiera una afectación, íbamos a recurrir a todos, y estamos apelando a ese pacto, e invitamos a toda la comunidad mexicana. Sin duda se abre una nueva etapa en la lucha que la tribu yaqui ha encabezado los últimos cuatro años, con otros sectores también afectados por la construcción del acueducto Independencia, en los que junto a la movilización política, recurrió a tribunales y ha obtenido triunfos. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció interés jurídico a las autoridades tradicionales yaquis y ordenó que se celebrara la consulta que debió ser previa a la manifestación de impacto ambiental que expidió Semarnat.
Sin embargo, en los hechos, no se han respetado las resoluciones en
su favor, lo cual sienta un pésimo precedente. Hoy la tribu ha decidido
unir su agenda a la de otros sectores y movimientos que son afectados
por las políticas neoliberales en curso. El incumplimiento por la
Semarnat, Conagua y el gobierno de Sonora los llevará a recurrir a
instancias internacionales.
Esta nueva caravana marca un fuerte contraste con la que se efectuó
en agosto de 2014, cuando la tribu yaqui se trasladó desde Sonora al
Distrito Federal con 130 de sus miembros; llegó hasta al Senado y le
señaló:
Venimos hasta esta ciudad los niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos yaquis para hacernos escuchar, porque estamos seguros que lo que sucede en nuestras tierras es una violación a nuestros derechos, que no es posible que el gobernador Padrés, continúe con su necedad de quitarnos el agua con obras como el acueducto Independencia, le recordaron que el camino desde Sonora es el mismo que siguieron sus antepasados cuando fueron exiliados:
Venimos con nostalgia, pero también este camino nos da mucha fuerza, porque la tribu siempre ha sabido salir adelante. Esta vez el itinerario social y político de la caravana nacional no incluye vínculos con espacios institucionales, y da prioridad a la articulación nacional en torno a una agenda más amplia que la de la propia tribu yaqui.
Hacia
el 22 de mayo elaborarán un balance y tomarán decisiones unitarias para
continuar la defensa territorial. Mientras los pueblos se organizan,
estos días el Centro de Investigación y Docencia Económicas presentó a
Enrique Peña Nieto el informe, bajo encargo, sobre impunidad cotidiana,
perdón, sobre justicia cotidiana, que incluye diagnósticos y propuestas
con énfasis en ciudadanía y comunidades urbanas, excluye las
dimensiones estructurales –y bien cotidianas– de la violencia de Estado
que entraña, por ejemplo, la agenda de la caravana nacional que
comentamos y afirma que
la justicia penal no forma parte de la justicia cotidiana, en la medida que implica el uso legítimo de la fuerza del Estado para sancionar conductas que alteran la vida social(síntesis del informe página 7.)
En esa lógica los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez están presos
porque su lucha en defensa de su pueblo ¿altera la vida social?, ¿y los
43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos? Y todos los etcéteras que
están implicados en la criminalización a activistas quedan fuera de la
llamada justicia cotidiana.
Pero no todo es reduccionismo. Por fortuna, el sentido homenaje del EZLN a los zapatistas Luis Villoro Toranzo y al maestro Galeano son
un regalo de la dignidad cotidiana. Y no voy a insistir en que es
generalizada la violación a los derechos de los pueblos indígenas, pero
lo es y también la tortura, como dijo el relator Juan Méndez. De eso
tratará la caravana nacional que convoca la tribu yaqui.
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