Por: Emma Martínez
(08 de mayo, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Poco después de diciembre de 2006, cuando Felipe
Calderón anunció la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, por
medio de su estrategia de seguridad que se basó principalmente en el
uso de efectivos militares en tareas exclusivas de las fuerzas de
seguridad pública, Baja California fue una de las primeras entidades
del país en ser escenario de los llamados “operativos conjuntos”,
viéndose invadida por el ejército y provocando, según la sociedad, que
la situación de violencia se recrudeciera a tal punto que, de acuerdo
con cifras del Banco de Datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Baja California fue el estado con más homicidios
reportados al Ministerio Público, durante ese sexenio.
Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FlDH), en
ningún punto del país el uso del Ejército estuvo precedido de una
declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por
medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades
fundamentales, y tampoco fue acompañado de la creación de un marco
legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en
esta estrategia.
Además la política de seguridad no contempló límites al uso de la
fuerza armada, teniendo como consecuencia que se suscitaran ataques
sistemáticos y generalizados contra la población civil. Fue hasta
2012 cuando Calderón emitió protocolos para regular el actuar de los
efectivos federales en una estrategia que tenía ya más de cinco años
en funcionamiento. “Durante todos estos años, la falta de un marco
legal claro facilitó la comisión de graves abusos por los efectivos
federales. No obstante, esos protocolos no satisfacían el principio de
legalidad ni regulaban adecuadamente el uso de la fuerza”, señala la
organización.
Y sentencia “en la estrategia de la ‘guerra contra la delincuencia
organizada’, nunca se tomaron las debidas precauciones normativas y
prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de
asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que
ninguno de los casos que fueron denunciados se investigaron, por
consiguiente no se sancionaron. Por el contrario, existió una
práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del
Ejecutivo Federal, incluido Felipe Calderón y los altos mandos del
Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar
estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o considerarlos
‘incidentes aislados’”.
Las cifras oficiales del sexenio de Felipe Calderón estiman que más
de 130 mil víctimas de homicidios estuvieron ligados a la estrategia de
seguridad; hubo poco más de 160 mil personas desplazadas internamente;
el número de desapariciones forzadas asciende a más de 40 mil. Hasta
2010 se calculaba ya el impacto en la niñez, en un total de 30 mil
huérfanos como consecuencia de la estrategia federal.
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