5/08/2015

EPN envió abogados a la Corte Internacional para detener demandas por crímenes de lesa humanidad

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(08 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Poco después de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón anunció la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, por medio de su estrategia de seguridad que se basó principalmente en el uso de efectivos militares en tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad pública, Baja California fue una de las primeras entidades del país en ser escenario de los llamados “operativos conjuntos”, viéndose invadida por el ejército y provocando, según la sociedad, que la situación de violencia se recrudeciera a tal punto que, de acuerdo con cifras del Banco de Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California fue el estado con más homicidios reportados al Ministerio Público, durante ese sexenio.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FlDH), en ningún punto del país el uso del Ejército estuvo precedido de una declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades fundamentales, y tampoco fue acompañado de la creación de un marco legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en esta estrategia.

Además la política de seguridad no contempló límites al uso de la fuerza armada, teniendo como consecuencia que se suscitaran ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. Fue hasta 2012 cuando Calderón emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos federales en una estrategia que tenía ya más de cinco años en funcionamiento. “Durante todos estos años, la falta de un marco legal claro facilitó la comisión de graves abusos por los efectivos federales. No obstante, esos protocolos no satisfacían el principio de legalidad ni regulaban adecuadamente el uso de la fuerza”, señala la organización.

Y sentencia “en la estrategia de la ‘guerra contra la delincuencia organizada’, nunca se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que ninguno de los casos que fueron denunciados se investigaron, por consiguiente no se sancionaron. Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido Felipe Calderón y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o considerarlos ‘incidentes aislados’”.

Las cifras oficiales del sexenio de Felipe Calderón estiman que más de 130 mil víctimas de homicidios estuvieron ligados a la estrategia de seguridad; hubo poco más de 160 mil personas desplazadas internamente; el número de desapariciones forzadas asciende a más de 40 mil. Hasta 2010 se calculaba ya el impacto en la niñez, en un total de 30 mil huérfanos como consecuencia de la estrategia federal. 

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