Asimismo demandaron que el Estado paraguayo cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice medidas de no repetición de los hechos, para que otras niñas no presenten embarazos no deseados y sean violentadas sexualmente.
En abril pasado una niña de 10 años llegó al Hospital Materno Infantil Trinidad –en Asunción, capital del país sudamericano– quejándose de dolor estomacal. Tras ser examinada, se determinó que estaba embarazada.
Ante el hecho de que en Paraguay el aborto sólo está permitido cuando la salud de la mujer está en riesgo, la madre de la niña solicitó un aborto para su hija alegando que la gestación implicaba un riesgo para la menor de edad.
En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay descartó la práctica de un aborto a la niña, pues –dijo– “respeta la vida” tanto de la “niña madre” como la de su hijo, y que el embarazo “no implica un riesgo para la niña”, pues actualmente está en buenas condiciones de salud, y además se conformará una Junta Médica para el control estricto del desarrollo del embarazo.
Ante ello, organizaciones sociales sostuvieron que el caso que hoy afecta a la niña de 10 años, con el embarazo no deseado, es producto de la inacción del Estado y la falta de una política efectiva de prevención.
A lo que se suma que hasta ahora el Estado paraguayo ha incumplido sistemáticamente las recomendaciones de comités de Naciones Unidas para prevenir el embarazo en adolescentes, revisar la legislación punitiva del aborto y desarrollar políticas efectivas que prevengan el embarazo no deseado.
“Paraguay tiene una de las tasas más altas de embarazo de niñas y adolescentes de 10 a 14 años, en América Latina. Existen débiles políticas públicas y bajos presupuestos para la prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.
“Nuestro país es el único que no tiene una política pública de educación integral de la sexualidad, que prevenga el abuso sexual, el embarazo en adolescentes y provea a los niños, niñas y adolescentes de información científica para denunciar, prevenir y tomar las medidas que eviten que hechos de esta naturaleza se vuelvan a repetir”, expresaron las organizaciones civiles.
Ante esta serie de violaciones a Derechos Humanos, de manera prioritaria –señalaron– el sistema de justicia debe investigar y con el debido proceso sancionar al o a los responsables de esta violencia contra la niña.
Además de la adecuada investigación exigieron a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SNPPN), y en especial a las de salud que garanticen la atención integral, con la debida diligencia, para salvaguardar la vida de la niña y posibilitar su recuperación.
Urgieron al Ministerio de Educación a derogar de manera inmediata la resolución Número 35.635, que prohíbe la implementación del “Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad”, a fin de facilitar a niños, niñas y adolescentes información para prevenir hechos de abuso y violencia, y hacer cumplir sus derechos sexuales y reproductivos.
Al mismo tiempo, pidieron a las y los profesionales implicados en el tratamiento del caso, incluidos medios de comunicación, a dar tratamiento de confidencialidad para evitar una mayor revictimización de la niña y su familia.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 
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