La Jornada
En el contexto de la
13 Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de
las Naciones Unidos (COP-13), realizada en Cancún, Quintana Roo, el
presidente Enrique Peña Nieto decretó ayer cuatro nuevas áreas naturales
protegidas –tres de ellas, parte del patrimonio marítimo– y cinco zonas
de salvaguarda, y decretó medidas de protección para el Caribe
mexicano, donde se localiza el segundo sistema de arrecifes más grande
del mundo. Las otras áreas beneficiadas por esas medidas se localizan en
las islas del Pacífico, frente a la península de Baja California; en el
Pacífico profundo, de Chiapas a Nayarit; alrededor de las islas de
Revillagigedo, y en la Sierra de Tamaulipas.
De acuerdo con el anuncio, la integridad de las zonas marítimas
referidas será supervisada por la Marina-Armada de México y en ellas
quedará prohibida la extracción de hidrocarburos. Según Peña Nieto, 14
por ciento del territorio nacional tiene ya el estatuto de área natural
protegida.
Los anuncios referidos constituyen, sin dudarlo, una buena noticia, y
son un paso en la dirección correcta para frenar el preocupante
deterioro ambiental de México y del mundo en general, y la COP-13 es un
marco adecuado para dar a conocer tales disposiciones ambientales.
Debe señalarse, sin embargo, que las directivas dadas a conocer ayer
por el titular del Ejecutivo federal no son, por sí mismas, suficientes
para garantizar la protección ambiental de las zonas mencionadas. Como
ocurre con cualquier otro marco legal o normativo, se requiere, además,
de voluntad política del conjunto de la administración pública y de los
distintos niveles de gobierno, de acciones de educación y cultura
ambientales y de un combate a la corrupción para impedir la colusión de
empleados públicos en actividades clandestinas que medran con la
degradación ambiental.
Por otra parte, resulta ineludible preguntarse por la
consistencia de un quehacer gubernamental que por un lado instaura
disposiciones de protección ecológica y por el otro prosigue la entrega
de vastas extensiones de territorio a empresas extractivas que se
caracterizan precisamente por la devastación ambiental que dejan a su
paso y por su nulo interés en preservar el entorno en el que operan,
como es particularmente claro en el caso de las petroleras.
La observación viene al caso porque ayer también, en aplicación de la
reforma energética, fueron adjudicadas ocho áreas del territorio que en
unos tres meses empezarán a ser explotadas por compañías de China,
Noruega, Malasia, Estados Unidos, Francia y Japón, algunas asociadas con
Petróleos Mexicanos y dos empresas mexicanas más.
Tales resultados de lo que fue la cuarta licitación de la ronda uno
hacen temer a mediano plazo impactos ambientales severos en las zonas
que fueron entregadas a la extracción privada. Debe considerarse, al
respecto, que los consorcios extractivos suelen hacerse del control
general y discrecional de los territorios en los que operan, conformando
verdaderos poderes paralelos a los del Estado. México padeció este
fenómeno en carne propia hasta la expropiación petrolera del 18 de marzo
de 1938, y circunstancias similares o peores han tenido lugar en fechas
más recientes en otras naciones, como Nigeria, donde las petroleras
destruyeron un extenso tramo del río Níger.
Cabe preguntarse, en suma, si la institucionalidad mexicana está en
condiciones de matener una efectiva protección ambiental, tanto en las
zonas que fueron declaradas protegidas como en las áreas que al mismo
tiempo fueron entregadas a la explotación petrolera.
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