Ambientalistas exigen generar ganancias para los oriundos
La Caravana por la Biodiversidad Cultural, conformada por organizaciones
civiles y comunidades étnicas, exigirá ante la COP13 que tomen en
cuenta a los pueblos indígenas y las mujeres cuando se presenten
empresas con proyectos de comercialización de los recursos naturales de
México.
Las organizaciones de defensa del medio ambiente y de los pueblos
indígenas, así como las comunidades étnicas que conformaron la Caravana
de la Biodiversidad Cultural el pasado 30 de noviembre, adelantaron a
Cimacnoticias que presentarán un pronunciamiento ante la COP13 en
Cancún, que inició el día 4 y finalizará el 17 de diciembre.
En el pronunciamiento exigen al gobierno mexicano y a los países que han
ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) -un instrumento
internacional que entró en vigor en 1993-, que respeten los usos y
costumbres de las comunidades indígenas, sus tierras, las zonas
naturales, pero sobre todo sus derechos humanos.
La situación que enfrentan diversas comunidades étnicas en México, en
donde empresas transnacionales llegan a instalar y operar megaproyectos
que comercializan recursos naturales como petróleo, gas o minerales en
tierras que pertenecen a las y los indígenas, no contemplan un verdadero
cuidado del ecosistema ni tampoco generar ganancias para quienes viven
ahí.
Un ejemplo es la comunidad otomí de San Francisco Magú, ubicada en el
municipio de Nicolás Romero del Estado de México, donde la empresa Merca
Construcciones inició en 2013 la construcción de un fraccionamiento en
el bosque que se encuentra dentro del territorio de la comunidad
indígena.
La integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios para el tema
de Soberanía Alimentaria en México, Berenice Sánchez Lozada, refirió en
entrevista con Cimacnoticias que la empresa llegó con maquinaria para
talar el bosque donde las mujeres de esa comunidad recolectaban, de
manera tradicional, hongos alimenticios y plantas medicinales que son
parte de la dieta del pueblo otomí. Además, en ese lugar se encuentran
pozos de agua que se recargan con la vegetación del bosque y son la
fuente de suministro del líquido para el pueblo.
Los derechos indígenas que la empresa y el Estado han violentado son al
territorio y sus costumbres porque omitieron consultar al pueblo -en su
carácter de dueños comunitarios del lugar-, su derecho al agua y además
afectan en sus tradiciones alimentarias.
Sánchez Lozada, quien también habita en la comunidad otomí, dijo a
Cimacnoticias que esa empresa llegó con el permiso de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
“Aprovechamiento forestal sustentable por cambio de uso de suelo
otorgado por excepción”, cuando la zona tiene 11 especies de flora y
fauna que están protegidas por la NOM 059 (Protección ambiental-Especies
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies
en riesgo), que contempla la protección de especies nativas de México.
El fraccionamiento “Bosques del Paraíso” es un proyecto de edificación
de 11 mil viviendas de la empresa Merca Construcciones, obra detenida
por una denuncia que la comunidad indígena de San Francisco Magú
interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), pero que podría reanudar la construcción al tener permisos
otorgados por el municipio de Nicolás Romero.
La comunidad indígena tiene una población de 12 mil 962 habitantes,
donde casi 50 por ciento son mujeres y niñas, quienes tienen la posesión
de bienes comunitaria y particular, que permite a las mujeres heredar y
ser dueñas de un terreno o propiedad. Además cuentan con un Centro de
Salud y los servicios básicos como electrificación, agua y
pavimentación, que se han logrado con aportación de los habitantes y
gestión de recursos que ellos mismos hacen con el gobierno municipal.
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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