Las amenazas contra quienes ejercen cargos públicos les afecta en el escenario de sus funciones
En
elecciones pasadas se dieron casos como las destituciones de Rosa Pérez
Pérez (izq) y María Gloria Sánchez Gómez (der), presidentas de los
municipios indígenas de Chenalhó y Oxchuc, en Chiapas, respectivamente, a
quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y
amenazas | La Comisión para la Igualdad de Género del Senado exhortó a los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales
electorales de los estados a establecer e implementar protocolos para
atender la violencia política contra las mujeres.
En un dictamen que aprobó la Comisión también se llamó a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la
Procuraduría General de la República (PGR), a tomar acciones para
sancionar a quienes violentan, agreden o intimidan a las mujeres que son
candidatas o ejercen cargos públicos.
Las legisladoras pidieron a las instituciones locales que tomen como
modelo el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las
Mujeres, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto
Nacional de las Mujeres y la FEPADE.
De acuerdo con las integrantes de la Comisión, que preside la senadora
priísta Diva Hadamira Gastélum, si bien existen disposiciones básicas
destinadas a regular la actuación de funcionarios judiciales, resultan
insuficientes en casos de violencia contra mujeres que se desempeñan
como funcionarias.
La violencia política, indicaron las legisladoras en el documento,
impacta el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en
procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública ya
sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a un cargo de
elección popular o en el ejercicio del cargo público.
El Protocolo define este tipo de violencia como todas aquellas acciones y
omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público.
Durante las últimas semanas han salido a la luz casos que podrían entrar en esta definición.
Por ejemplo, el 23 de noviembre el titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda, espetó a la diputada y
académica especializada en pobreza, Araceli Damián González que “no
estudié psiquiatría para entenderla”. Esa fue su repuesta cuando ella lo
cuestionó sobre las cifras de pobreza que presentó durante una
comparecencia en San Lázaro.
En Veracruz, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Daniela Griego Ceballos, denunció que el pasado 30 de noviembre
desconocidos violaron las cerraduras de su casa, mientras que su
correligionaria Eva Felicitas Cadena reveló que en su teléfono celular
recibió mensajes amenazantes con nombres de personas, algunas que
supuestamente serían asesinadas.
El 28 de noviembre la presidenta municipal por Acción Nacional en
Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, indicó que fue víctima de
violencia política por parte de su partido y es que síndicos, regidores y
diputados de ese organismo la amagaron con someterla a juicio político
por supuestas irregularidades.
Otras intimidaciones se denunciaron durante los procesos electorales de
este año. La entonces candidata a la gubernatura de Puebla por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo,
denunció que el 9 de abril fue encañonada por policías municipales
mientras viajaba en su auto cuando hacía campaña.
En estas elecciones también se dieron casos como las destituciones de
María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los
municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, a
quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y
amenazas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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