La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por 10 votos a uno, un recurso de revisión interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que obliga al Cisen a proporcionar esas cifras.
La Suprema Corte dio la razón al INAI, aunque el ministro presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar, criticó al instituto de transparencia por sus criterios “exagerados” para la entrega de información pública.
La semana pasada, la organización no gubernamental Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que hizo la solicitud de información al Cisen, dio a conocer el informe “El estado de vigilancia: Fuera de control”, según el cual entre 2013 y 2015 el gobierno de Peña Nieto hizo a las empresas de telecomunicaciones por lo menos tres mil 182 peticiones de intervención de comunicaciones privadas, 41 mil 107 para conocer los “metadatos” de sus clientes y 11 mil de geolocalización en tiempo real.
La petición de transparencia surgió luego de que R3D –que junto con Proceso y otros siete medios de comunicación y organizaciones forma parte de la Alianza Méxicoleaks– se percató de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal promovió un recurso de revisión ante la SCJN para no divulgar la información por motivos de “seguridad nacional”.
Según la organización, en 99% de los casos las solicitudes de las agencias de seguridad fueron ilegales, pues no contaron con la autorización de la autoridad judicial, como establece la Ley de Seguridad Nacional.
Las disposiciones legales no fueron obstáculo, pues el gobierno obtuvo la información de las empresas de telefonía e internet.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, había solicitado a la Corte que revisara la decisión del Inai por considerar que la revelación de los datos era un asunto relacionado con la “seguridad nacional”.
El pleno de la Corte avaló la propuesta del ministro José Ramón Cossío, quien consideró que la petición de información no tiene que ver con datos reservados del órgano encargado de ver por la seguridad del Estado mexicano.
Se trata de información estadística y no de información que tenga que ver con “las actividades materiales, procesos, métodos o tecnologías” usados por el Cisen, ni con “el producto o material de ejecución de una intervención”, de acuerdo con el proyecto aprobado.
Aunque los ministros apoyaron al INAI, el pleno advirtió que no todas las estadísticas pueden ser públicas.
El más contundente fue el ministro que encabezó el Cisen en el gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, quien se pronunció por poner límites a la entrega de ese tipo de datos por el “riesgo” que puede haber para la seguridad nacional.
Más determinante fue el ministro Luis María Aguilar, quien se pronunció en contra de la posición de los comisionados del INAI de apoyar la revelación de estadísticas oficiales: “Esos criterios del INAI me parecen exagerados”, afirmó.