CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población mexicana, por encima del desempleo y la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y, peor aún, la mayoría de los mexicanos (ocho de cada diez) perciben al sector público como corrupto, de acuerdo con las estadísticas que presentó el organismo con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.
La baraja es amplia y va desde los policías, partidos políticos, gobierno federal y gobiernos estatales, hasta diputados y senadores, gobiernos municipales y el Ministerio Público.
En segundo orden, siete de cada diez mexicanos señalaron como los más corruptos a jueces y magistrados, medios de comunicación, empresarios y sindicatos. Y sólo cuatro de cada diez consideraron como espacios de mayor corrupción a las escuelas públicas, el Ejército y la Marina.
Donde menos se ven los actos de corrupción es con los compañeros de trabajo, vecinos y familiares.
Los datos demuestran que lejos de erradicar ese mal que no sólo inhibe el desarrollo económico de un país, sino que debilita el Estado de Derecho, genera una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del gobierno y afecta el bienestar de la población, la corrupción invade las entrañas de la sociedad.
Según el Inegi, durante 2015 el 12.6% de la población de 18 años y más experimentó al menos un acto de corrupción cuando realizaron un trámite, pago o solicitud de servicio ante algún servidor público. Esta cifra fue similar a la observada en 2013, cuando el porcentaje de víctimas se ubicó en 12.1% del total.
En 2015 la tasa de incidencia fue de 30 mil 097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más que realizaron al menos un trámite, pago o solicitud de servicio ante una oficina pública, mientras que en 2013 se ubicó en 24 mil 724 actos.
Por entidad federativa, los porcentajes más altos de víctimas de corrupción se presentaron en Morelos, con 20.1%, seguido de Sinaloa, con 18.1%, y Chihuahua, con 17.6% del total de personas de 18 años y más que realizaron algún trámite presencial en 2015.
En tanto, las mayores tasas de incidencia se dieron en el Estado de México con 62 mil 160 actos, Sinaloa con 58 mil 232 y Chihuahua con 36 mil 472 asuntos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más que durante 2015 realizaron al menos un trámite, pago, o solicitud de servicio en una institución gubernamental.
Modus operandi
De acuerdo con el Inegi, el 20.5% de los hombres de 18 años que en 2015 solicitaron un servicio o tuvieron cualquier contacto presencial con un servidor público manifestaron haber experimentado al menos un acto de corrupción, en tanto que en el caso de las mujeres, 9.3% fueron víctimas en ese mismo año.
Otra característica de las víctimas de corrupción es que algunos estudios señalan que la probabilidad de experimentar algún acto de ese tipo es mayor si las personas disponen de ingresos más altos, cuyo nivel suele depender de la escolaridad y la condición de ocupación.
En efecto, en el grupo de adultos con educación superior hubo poco más de 18 víctimas por cada cien personas, mientras que por cada cien personas sin escolaridad que tuvieron contacto con algún servidor público, alrededor de siete experimentaron al menos un acto de corrupción en 2015.
En otras palabras, quienes son frecuentemente víctimas de corrupción son hombres jóvenes, con estudios mínimos de licenciatura y un empleo estable.
Por tipo de trámite o servicio público brindado, 55.2% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en el año señalado, sea por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas u otro motivo, experimentaron algún acto de corrupción.
En los trámites ante el Ministerio Público o para abrir una empresa o los que se llevan a cabo en juzgados y tribunales, también se encontraron mayores prevalencias de corrupción con 23.7%, 22.3% y 21.8%, respectivamente.
Pero donde los focos se encienden es al momento de que alguien quiere abrir un negocio. Ahí los servidores públicos se despachan con la cuchara grande.
En 2013, alrededor de nueve de cada cien personas que realizaron este tipo de trámite fueron víctimas de corrupción, mientras que en 2015 esta cifra aumentó a 22 de cada cien mexicanos. “Este resultado es relevante para efectos regulatorios y para entender los incentivos que tienen los inversionistas que desean tramitar permisos para realizar alguna actividad económica”, señaló el Inegi.
Pero lo más alarmante del caso es que la mayoría de las víctimas de algún acto de corrupción no denuncia.
En 2015, el 93.3% del total de víctimas de corrupción no denunciaron ante alguna autoridad competente como la Contraloría, el Ministerio Público o en el buzón de la dependencia involucrada.
Entre los motivos más comunes para no realizar la denuncia destacan: la víctima consideró que no se le dará seguimiento (33.3%), 19.0% opinó que es una pérdida de tiempo y 14.5% no denunció por estimar que la corrupción es una práctica común.
También se deben tomar en cuenta otros factores que pudieran explicar la no denuncia, como las normas sociales, el contexto en que el delito sucede, la falta de claridad de los mecanismos para denunciar y la desconfianza de la víctima en las autoridades.
En este contexto, los gobiernos estatales avanzan a paso lento. Para 2014, 20 de las 32 administraciones públicas estatales (APE) reportaron que contaban con un Plan o Programa Anticorrupción, sólo siete indicaron que dicho programa se encontraba en proceso de integración y cinco señalaron que no contaban con uno solo.
Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México, que sí cuentan con un Plan Anticorrupción, alcanzaron en su totalidad las metas y objetivos que se establecieron para 2014. El resto de las entidades que también tuvieron un Plan o programa Anticorrupción reportaron un avance de más de 50% en el cumplimiento de sus metas u objetivos.
A escala nacional, 2.5% del total de instituciones que componen la APE realizaron funciones para combatir la corrupción en ese año. Asimismo, 0.4% de todo el personal ocupado estuvo dedicado a dichas funciones.
Además de las instituciones y personal destinado a erradicar los actos de corrupción, las auditorías gubernamentales se efectúan para evaluar si las acciones realizadas por los sujetos a revisión se realizaron con base en la normatividad vigente y, en algunos casos, detectar actos de corrupción.

Durante 2014, Coahuila fue la entidad más auditada con dos mil 171 casos, seguida del Estado de México, con mil 867 auditorías.
A nivel federal, hasta el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno.

La meta es que el SNA sea presidido por los ciudadanos y sirva a los ciudadanos. Se trata de crear instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción, eliminar los trámites innecesarios y hacer que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia.