Estos delitos habrían generado un daño a las familias de las víctimas, según un perito contable de la propia Fiscalía, por alrededor de 38 millones de pesos, los cuales deberán ser pagados por los responsables de los ilícitos o, en su caso, por el Estado, según la propia Ley de Atención a Víctimas de Morelos.
Durante la audiencia de imputación, realizada en esta ciudad, el juez escuchó los delitos de los que se acusa a la funcionaria, quien habría dado un domicilio falso y por ello habría escapado a la justicia por casi un año.
La exfuncionaria es acusada de violación a la ley de inhumaciones y exhumaciones del estado, así como falsificación de documento oficial, abuso de autoridad y los que resulten.
El agente del MP pidió al juez prisión preventiva para Guerrero Moreira, en tanto se lleva a cabo el proceso. Sin embargo, la petición fue rechazada por la defensa con el argumento de que los delitos son “menores”. No obstante, el juez instruyó a la Fiscalía para que averigüe si la exfuncionaria mintió respecto de su domicilio. En caso de confirmarse esto, se ordenó que se le aprese en tanto se lleva a cabo el juicio.
El juez decidió tomar otras medidas, como el hecho de prohibirle a la acusada salir del estado y acudir a firmar cada mes para constatar que cumple con esta medida.
Ana Lilia Guerrero pidió al juez flexibilizar esta circunstancia argumentando que “por motivos laborales” tiene que viajar constantemente, sin embargo, la petición fue rechazada y se mantuvo su arraigo en el estado.
La Fiscalía de Morelos insistió en la necesidad de dictar prisión preventiva para la acusada, con el argumento de que aunque son delitos considerados menores, la afectación a las víctimas es mayor, por lo que es necesario mantener en resguardo a la exfuncionaria.
El MP aseguró que el monto de la reparación del daño a las víctimas, en este caso a las familias de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, Israel Hernández Torres y dos mujeres más, quienes han sido identificados y entregados –al menos tres de ellos– a sus familias, alcanza los 38 millones de pesos, con base en un cálculo realizado por un perito en contabilidad de la propia Fiscalía.
El juez fijó la audiencia para decidir si vincula a proceso a la exfuncionaria para este sábado 10 a las tres de la tarde, un plazo de 148 horas para que tanto la defensa como la Fiscalía ofrezcan elementos que permitan al juez decidir sobre el futuro de Guerrero Moreira.
Panteón irregular
Las fosas clandestinas fueron cavadas en un panteón irregular de la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla, el 28 de marzo de 2014. En ellas fueron colocados más de 100 cuerpos.
La familia de uno de los cuerpos depositados ilegalmente en esas tumbas colectivas logró recuperar los restos de su familiar, Oliver Wenceslao, y luego inició una lucha para lograr que se abrieran e identificaran los demás cuerpos.
Con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como colectivos de familiares de desaparecidos de Morelos y el país, se logró que, entre el 23 de mayo y el 3 de junio pasados, se abrieran las fosas y se exhumaran 117 cuerpos.
Apro dio cuenta de las diversas irregularidades que se encontraron, desde que no se conocía el lugar preciso donde se encontraban las fosas, pasando por el número de cuerpos en ellas, así como cadáveres sin carpeta de investigación o necropsia, entre otras.
Apenas en octubre pasado las procedimientos de identificación de los cuerpos en las fosas arrojaron como resultado que dos personas más fueran identificadas y una de ellas, Israel Hernández, fuera entregado a su familia. El otro cuerpo corresponde a una mujer y se espera que en las próximas semanas sea entregada a sus familiares, quienes viven fuera de Morelos.
Por este caso sólo Guerrero Moreira se encuentra indiciada, además de otro funcionario menor quien se encuentra vinculado a proceso. No obstante, la CNDH emitió una recomendación a principios de octubre pasado respecto del caso, y en ella pidió al gobierno del perredista Graco Ramírez que investigue a 42 funcionarios involucrados.
Entre estos funcionarios se encuentra el entonces procurador Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la PGR en Durango, quien fue llamado a declarar a principios de septiembre sin que hasta el momento se tenga claro el proceso que sigue la investigación en su contra.
Las fosas de Jojutla
En junio pasado, Proceso dio a conocer que además de las fosas de Tetelcingo existen otras en el panteón municipal de Jojutla, donde según testimonios de los pobladores se han inhumado clandestinamente cuerpos desde hace 10 años.
La Fiscalía se comprometió en septiembre pasado a que el 7 de noviembre, hace casi un mes, se abrirían estas fosas y se exhumarían los cuerpos para “regularizar” ese panteón irregular. Sin embargo, esto no pasó.
Esta mañana el coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía, Samuel Nava, dio una conferencia de prensa para advertir que la dependencia está “lista” para abrir las fosas de Jojutla en las próximas semanas.
“Estamos listos para iniciar el proceso de exhumación de los 36 cadáveres que tenemos en el panteón de Jojutla, en la (colonia) Pedro Amaro. Ya comenzamos la logística con las instituciones que nos hacen favor de participar activamente con nosotros”, aseguró y con ello confirmó lo publicado en junio pasado por Proceso.
“Solamente estamos en espera de que ellos vean sus tiempos, debido a su sobrecarga de trabajo, tanto la PGR como la Policía Científica. Estamos en espera de la convocatoria para que nos sentemos nuevamente a dialogar por segunda ocasión y poder ya definir las fechas, que sería entre el mes de enero y el mes de febrero”, aseguró el funcionario.
mav