(Nota y video)
El experto en temas de
seguridad reprochó que alcaldes y gobernadores "estén cruzados de
brazos", esperando que los militares hagan el trabajo que le corresponde
a sus policías.
Si el Congreso de la Unión extiende una “carta de naturalización” para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, estará cometiendo un error que tendrá “efectos perniciosos”, advirtió Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional e internacional.
Luego de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, advirtió esta mañana que los militares “no estudiamos para perseguir delincuentes” y que es el primero en levantar, “no una, sino las dos manos” para que el Ejercito regrese a los cuarteles, Oliva Posada advirtió que en los legisladores “hay una grave confusión”.
Explicó que se han presentado iniciativas, como la del coordinador de
los diputados federales del PRI, César Camacho, quien de manera
“injustificable” confunde la seguridad interior con la seguridad pública. La primera, expresó, sí es facultad del Ejército, pero la segunda es de las policías estatales y municipales.
Javier Oliva rechazó que el “enojo” expresado por el general Cienfuegos vaya a escalar. “La institucionalidad de las Fuerzas Armadas está a prueba de fuego.
El Ejército seguirá en las calles realizando las tareas que le ha
encomendado su Comandante Supremo (el presidente Peña Nieto)”.
Sin embargo, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y los poderes Judicial y Legislativo “deberían tomar nota” de las
declaraciones del titular de la Sedena “y ser solidarios” con soldados y
marinos para evitar que “su sobreexposición cauce roce con la población” y se registren hechos como los de Tlatlaya.
Añadió que en un hecho “insólito e inexplicable”,
las 10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de
Derecho que anunció el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de
2014, “no se han aprobado” por el Poder Legislativo o no se han puesto en marcha por los gobiernos locales.
Entre esas iniciativas se encuentran la del mando policial único o mixto asunto -entre muchos otros-, ante los que el Congreso ha sido “renuente o ausente” y que son en los que debía estar ocupado.
Javier Oliva subrayó que desde el 11 de junio de 2005, cuando por primera vez se utilizaron militares en operativos en zonas urbanas, “se han invertido miles de millones de pesos
para equipar a las policías municipales con patrullas, armas e
infraestructura” y a la fecha, muchos de esos cuerpos “rozan el
desastre”.
Por último, el experto en temas de seguridad nacional se quejó de que “alcaldes y gobernadores estén cruzados de brazos
esperando que los militares hagan el trabajo que le corresponden a sus
policías” y dejando la responsabilidad de la seguridad pública
exclusivamente en las Fuerzas Armadas.
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