El Tribunal Unitario Agrario de Torreón emitió una sentencia en la que obliga a los comuneros de La Sierrita en Coahuila a pagar cinco millones 612 mil pesos a la minera Excellon de México para recuperar sus tierras, tras cuatro años de litigio.
Se trata de mil 100
hectáreas que por el momento están embargadas. Es decir, ni la minera ni
los ejidatarios pueden hacer uso de ellas. Sin embargo, los 123
ejidatarios interpusieron un amparo para revocar esa multa, porque,
según argumentan, el juez ignoró sus demandas.
Juan Antonio López,
coordinador del área de justicia trasnacional de Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que representa
a los comuneros, asegura que “al condicionar la entrega al pago se está
manteniendo un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad
del ejido La Sierrita, lo que significa una clara violación al artículo
27 de la Constitución”
En entrevista con Animal Político, explica que el amparo será turnado a un Tribunal Colegiado y deberá emitir sentencia en un plazo de cuatro meses.
La
Sierrita era un modelo exitoso en el que una empresa minera y los
pobladores establecieron un contrato para la explotación de territorio
de manera controlada y con el pago de una renta anual por parte de los
empresarios. Sin embargo el acuerdo se rompió debido a incumplimientos
según alegaron ambas partes.
Acuerdo y rompimiento
La
minera Excellon de México S. A de C. V. fue constituida en 1997 para la
exploración, explotación, producción y comercialización de minerales
metálicos y pertenece al grupo canadiense Excellon Resources Inc., según
indica el registro ante la Secretaría de Economía.
La
empresa inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, pero, según
explica Juan Antonio López, “engañó” a los pobladores para firmar un
contrato para explotar 27 hectáreas durante 30 años por un pago único de
1 millón 200 mil pesos.
Sin embargo, cuatro años después, los comuneros consiguieron un mejor acuerdo. En
2008,
ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de
mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, con
el aumento correspondiente a la inflación.
En ese documento se
establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales pero
fueron incumplidas por la empresa, como la construcción de una planta
tratadora de agua, un aspecto fundamental para la operación de la mina y
la protección ambiental de la zona.
La empresa tampoco cumplió
con la concesión del comedor para trabajadores, pese a que uno de los
puntos importantes para los ejidatarios era crear fuentes de trabajo.
Por
tanto, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita
presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión
del contrato con la minera argumentando los incumplimientos.
La
respuesta de la minera fue otra demanda, argumentando que los
ejidatarios habían prohibido la operación de la mina y, por tanto,
habían generado pérdidas económicas. El alegato judicial se basó en una
manifestación de los pobladores en 2012 para pedir la presencia de los
directivos para solucionar el conflicto.
Sin embargo, “nunca se
prohibió la entrada a nadie; incluso, el trabajo en la mina estuvo
compuesta por seis cuadrillas de seis trabajadores cada uno”, asegura
Juan Antonio López.
Aunque la minera pagó la renta anual de 2008 a
2012, a partir del inicio del proceso legal suspendió los pagos, aunque
continuó los trabajos en las mil 100 hectáreas de La Sierrita.
Finalmente,
el Tribunal agrario tomó en cuenta dicho argumento y estableció el pago
de 5 millones 612 mil pesos para retirar el embargo. En tanto, obligó a
la empresa a entregar las mil 100 hectáreas.
“En un juicio en que
las dos partes están demandando que la otra parte incumplió, el
Tribunal dice ‘los dos incumplieron y los dos páguense similares’”, lo
cual resulta desigual para los ejidatarios, asegura el representante
legal de los comuneros.
El argumento legal del Tribunal es que la
minera incumplió sus compromisos desde 2008, pero “ante reiteradas
violaciones, el ejido demandó la recisión del contrato hasta 2012, por
lo cual estaba dando una aceptación tácita de las violaciones”.
Después
de estos años de conflicto, los ejidatarios confían “una vez más en los
tribunales para que se haga justicia” y esperan que el Tribunal
Colegiado emita una sentencia apegada a derecho, asegura Juan Antonio
López.
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