Forum 181. Septiembre de 2008.
Aída Mendoza Flores
"Es mi hijo y puedo hacer lo que quiera con él”
Son tratados como propiedad de los padres
* México ratificó hace 20 años la Convención de los Derechos del Niño
* Mantiene altos índices de violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes
* 24.7 millones viven en la pobreza
* 3 millones trabajan
* 16 mil son prostituidos sexualmente
“Angélica duerme, en su sueño se observa entre penumbras jugando con niñas de su edad –seis y ocho años– a la gallinita ciega, a la víbora de la mar y a los encantados, se escuchan risas, carcajadas… De repente un grito histérico la desvanece de esa fantasía. ¡Despierta muchacha floja que ya es hora de ir a la escuela! Su madre de un fuerte tirón la levanta violentamente, la viste con rapidez y al peinarle le jala el cabello con tal saña como para desquitarse de algo o con alguien…
A la salida del colegio su madre la espera con impaciencia, con un empujón se dirige a ella –apúrate muchacha tonta, que todavía tengo muchas cosas que hacer–, la lleva a la carrera rumbo al mercado y luego a su casa. Al llegar ella sabe que debe ayudar a preparar la comida, a lavar los trastos y más tarde dedicarse a su tarea, no sin antes, haber oído las quejas de su madre. ¡No te digo, tú y tu padre ya me tienen harta, todos los días es lo mismo, Dios mío si yo hubiera terminado mi carrera no viviría en esta pobreza, pero, claro tuviste que haber nacido tú que al lado del inútil de tu padre desviaron mi camino! Por lo menos ayúdame… Después de un rato, el llanto de Angélica se escucha a través de la puerta, está postrada en medio de una pared abrazando fuertemente sus piernas, tiene coraje, no sabe por qué su madre la odia tanto…”
El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo es uno de los primeros derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, mismo que –como en el caso anterior– es violado sin temor a ser castigado, pues los padres tienen un equivocado sentido de pertenencia. “Es mi hijo y puedo hacer lo que quiera con él”, aseguran y es que pese a los avances en materia legal todavía no se considera a la infancia como un grupo social con derechos plenos, lo que ha provocado que de manera sistemática sean tratados como propiedad de sus familias, seres que deben estar sujetos a la dominación y control de los adultos.
De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM), a lo largo de la historia niños, niñas y adolescentes han sido considerados inmaduros y se piensa que sus derechos pueden ser restringidos a voluntad de las personas mayores de edad –sea esto en el plano individual o institucional– y se le presta poca atención a sus opiniones y capacidades. Al respecto Gerardo Sauri Suárez, en un informe realizado para la RDIM plantea que es hasta el siglo XX que la infancia va cobrando un sentido diferente, al menos para el pensamiento occidental, permitiendo una mejor comprensión de los espacios socioculturales en los que ésta se desarrolla, y ubicando los diferentes roles que ha jugado en diversos períodos históricos y formaciones socioeconómicas.
En la actualidad la Convención de los Derechos del Niño (CDN) representa el reconocimiento social y jurídico al carácter de niños y niñas como sujetos plenos de derechos. Es el más importante instrumento internacional en la materia, creada en 1989 y que al ser ratificada por varios países se convierte en el punto de referencia fundamental con el que la infancia ve garantizados sus derechos. Caso México El Estado mexicano inmediatamente ratificó la CDN en 1990, misma que lo obliga a implementar políticas públicas y adecuaciones legislativas para su cabal cumplimiento; además de que se adquirieron otros compromisos en materia de los derechos de la infancia, asumiendo la responsabilidad de garantizar acciones respecto a los dos protocolos facultativos de la CDN.
Estos compromisos son: uno, relativo a la participación de la infancia en los conflictos armados; dos, respecto a la venta de niños/as; tres, la prostitución infantil y cuatro, la utilización en la pornografía. A casi 20 años de la ratificación de la CDN y pese a los esfuerzos de los diferentes gobiernos federales, México se encuentra en el ojo del huracán, al mantener altos índices en la violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que constantemente no tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, mucho menos a la salud, la educación y a una vida libre de violencia.
Es en este contexto que Derechos de la Infancia en México, a través de la RDIM saca un informe para exhortar al gobierno federal a emprender medidas más enérgicas para acelerar el cumplimiento de los derechos de la infancia. Aseguran que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presenta graves limitaciones ya que carece de un ámbito obligatorio en los estados de la República, pues la infancia es un tema reservado a las legislaturas locales, por lo que puede ser motivo incluso de controversia constitucional.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo una recomendación a nuestro país de “establecer medidas legislativas, políticas y normativas para la creación de un sistema nacional de protección a los derechos de la infancia; implicar la instalación a niveles federal, estatal y municipal de consejos orientados a formular, regir y coordinar las políticas públicas a niveles intersecretarial, intersectorial y con las organizaciones no gubernamentales”. Sin embargo y sin saber las razones, no se crearon instancias con las condiciones apropiadas para articular los esfuerzos a favor de la infancia, para defenderlos de la violación a sus derechos o para dar cuenta de su situación y del impacto ocasionado por las políticas sociales y económicas, por lo que numerosos problemas que padece la infancia se mantienen en el desconocimiento y sin medidas de protección apropiadas. Al respecto, José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dice ante Forum que a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos para garantizar los derechos de los menores, “la verdad es que, nuestro país, desafortunadamente, no se escapa de la explotación, maltrato y discriminación hacia los niños y niñas; decir lo contrario sería engañarnos a nosotros mismos, este fenómeno es una realidad”.
Agrega que mientras haya menores que sufran por conflictos entre adultos, niños y niñas explotados sexualmente, que trabajen en lugar de asistir a la escuela, que no reciban buena atención de salud o que carezcan de cariño y cuidados, entonces no se puede hablar de cumplimiento en las metas sobre protección a la infancia.
Un estudio presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado presenta estadísticas tan graves como las siguientes: “Tan sólo en materia de prostitución, en el mundo existen más de 5 millones de niñas que se prostituyen; cada año se trafica con más de un millón 200 mil menores, lo cual arroja, según cálculos de la Unicef, ganancias por 7 billones de dólares; además, 246 millones de infantes y adolescentes trabajan.” Y en el caso de México, la realidad no es alentadora: “de los 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza, 24.7 millones son niños, según informes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Infancia en México”. También 16 mil niños y niñas ejercen la prostitución; 80 por ciento de ellos tiene entre 10 y 14 años. Además 3 millones de menores trabajan y sus edades fluctúan entre los seis y los 14 años. Ésta es una realidad que no podemos desconocer y que nos convoca y nos exige a todos los actores políticos una participación directa o ineludible, señaló.
Maltrato infantil El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reportó que en el primer semestre de 2008 recibió más de 14 mil denuncias de casos de maltrato a niñas y niños, de las cuales se comprobaron poco más de la mitad. Llama la atención el hecho de que sólo mil 967 casos se canalizaron al Ministerio Público, es decir: la continuidad de la denuncia en el ámbito penal representa apenas 13 por ciento de los casos comprobados. Avances de la investigación en torno a la Consulta Internacional sobre la Violencia Infantil, encargada por la ONU en 17 países de América Latina, estima que en México ocho de cada 10 niños sufren violencia familiar y que al menos 2 millones de niñas y niños son golpeados por sus padres y/o maestros.
El maltrato infantil que más se presenta son insultos, golpes y abusos y, de ellos, el que se presenta en la familia se incrementa en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Durango y Nayarit. En el caso de la escuela, los estados en donde niñas y niños reportan maltrato son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Durango. Por otro lado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el sida ha pasado a ser una consecuencia importante de la explotación sexual y comercial de niñas y niños, ya que es más fácil la transmisión del virus por desgarres o heridas provocadas por la penetración de un adulto a un niño o niña. Respecto a la prostitución infantil, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) calcula que existen aproximadamente 50 mil mujeres que se dedican a la prostitución en la zona metropolitana de la ciudad de México.
El Programa de Asistencia Integral de la Mujer reporta que en la zona de La Merced y en Garibaldi cerca de 2 mil mujeres ejercen la prostitución, de las cuales 10% son niñas. Con base en este porcentaje y tomando el dato de la ALDF, tendríamos aproximadamente 5 mil niñas realizando esta actividad en el DF. El Instituto Nacional de Nutrición reporta que aproximadamente 20 mil niños y niñas mueren anualmente por desnutrición aguda en nuestro país. Estos son algunos datos de la situación en que viven las niñas y los niños en México. Sin embargo, es necesario revisar de dónde proviene la negación de sus derechos que tiene que ver con la concepción que tenemos de la niñez: Para el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, la población menor de edad sigue considerándose como propiedad de los adultos.
“Esta visión permite una serie de violaciones graves a sus derechos consignados en diferentes instrumentos a nivel nacional e internacional. La misma Constitución, en su artículo 34, establece que la ciudadanía de una persona nacida en México sólo podrá lograrse hasta los 18 años, lo que afianza la percepción de la niñez como un sector de la población que no tiene garantizados sus derechos hasta que cumpla con ese “requisito” para poder gozarlos plenamente. Esta situación se agudiza cuando una niña o un niño son sujetos de maltrato en cualquiera de sus manifestaciones o de abuso de poder, pues las argumentaciones de una persona menor de edad no tienen mayor peso jurídico ni socialmente ante las de una persona adulta o ante las instituciones que rigen la sociedad.
En contraposición, varios estados de la República tienen en sus legislaciones penales la imputabilidad penal de niñas o niños a los 16 años (en algunos proponen reducirla hasta los 14 años). Es decir, para castigarlos como adultos sí tienen la edad necesaria, pero para gozar de sus derechos son considerados inmaduros o incapaces, o en el otro extremo, inexistentes. La pobreza como pretexto La falta de apoyo a las familias para hacer frente a sus necesidades, orillan a la inserción temprana de niñas y niños en el mercado laboral, ya sea en el sector informal o en el formal, dándose casos extremos como las y los infantes que sobreviven en condiciones infrahumanas en plantaciones de hortalizas en estados del norte del país, o bien decenas de miles que deambulan en las calles de las principales ciudades, exponiéndose a un sinnúmero de riesgos y viendo cortada la posibilidad de vivir a plenitud su infancia.
El Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez considera que los medios de comunicación (principalmente Televisa y Tv Azteca) se han caracterizado por favorecer en gran medida programaciones con un alto contenido violento y absolutamente contrario a la promoción de valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia, teniendo entre su auditorio privilegiado a la niñez. No existe una legislación que permita la participación social en las programaciones, de acuerdo con los intereses y la cultura propias. De esta forma se da una clara trasgresión de un convenio internacional considerado como ley suprema de acuerdo con el artículo 133 constitucional, al no tener un mecanismo que garantice su aplicación obligatoria.
El carácter no coercitivo de la convención posibilita que deje de ser un instrumento efectivo, puesto que no existe instancia nacional o internacional que sancione efectivamente su aplicación en el país. Gasto inequitativo Un aspecto que limita la evaluación del gasto público en la infancia es la forma en que se diseña y se asigna el gasto que afecta a niñas, niños y adolescentes, ya que la información está dispersa y por lo tanto es difícil identificarlo con exactitud. En ocasiones los datos son incluso desconocidos al interior de las propias instancias.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no establece medidas o disposiciones respecto a políticas de inversión en programas sociales para la infancia que la protejan ante las eventualidades de la economía mundial y nacional.
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