Samuel Schmidtschmidt@mexico.com
Uso mi derecho de opinión con el temor de escribir en un país donde la ley es letra muerta.
Se desarrolla un operativo mixto entre el ejército, la policía estatal y la municipal en un hotel de paso. No se informa que hayan logrado nada como resultado del mismo: no hay sustancias ilegales ni detenidos, pero unos jóvenes denuncian haber sido torturados y muchos de los detenidos haber sido despojados de sus pertenencias. Las fuerzas gubernamentales distraen a la opinión pública diciendo que el hotel es de un diputado federal, siendo que el inmueble es de la familia del diputado desde antes que este soñara con ser legislador.
Pero si fuera del mismo, ¿es delito poseer un hotel? Qué lástima que los medios en Ciudad Juárez se trataran de crucificar al legislador y qué desgracia que el gobierno enfoque sus baterías en la dirección equivocada para ocultar lo errático de su conducta y sus acciones.Un perito en criminalística sufre el allanamiento de su casa por militares y denuncia que éstos robaron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo información profesional derivada de sus peritajes. Sostiene que su “crimen” fue haber realizado varios peritajes donde tomó las huellas digitales de soldados y uno que es suspicaz, piensa que el robo de las pruebas tal vez era para borrar las evidencias que el perito pudo haber encontrado.
Nadie se encuentra a salvo y mucho menos aquellos que hayan pisado algún callo militar.Un periodista en el noreste de Chihuahua denuncia en sus trabajos periodísticos abusos del ejército, su casa es allanada, quemada, es llevado ante un comandante y amenazado de muerte. Tuvo que huir hacia Estados Unidos para salvar la vida. La Procuraduría del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos supieron guardar silencios muy convenientes para no molestar a quien al parecer manda en el país.Siete muertos en la ciudad serrana de Creel en Chihuahua; el gobierno acusa al narco pero las dos pandillas en pugna niegan haber realizado el crimen al culparse una a la otra. Si los narcos no fueron los culpables, ¿quién fue?
La sociedad le exige cuentas a la procuradora y le dice que “si no puede que renuncie”. El silencio se establece como respuesta a los crímenes; falló la maniobra de culpar a los narcos y posiblemente la respuesta sea desagradable.El 75% de los policías de Ciudad Juárez reprobaron el examen de confianza y el municipio piensa despedirlos y reemplazarlos con soldados, así que podemos esperar un ascenso en el nivel de abuso.
¿Esperamos acaso 1200 nuevos delincuentes en la calle ahora sin uniforme?; ¿podrán entrenar a los soldados como para que se comporten con decencia frente a la ciudadanía?
Un politólogo me dice: “Ciudad Juárez es la única ciudad del país a donde uno llega para encontrar soldados haciendo una revisión de equipaje”. Hay retenes y caravanas de vehículos militares cuya inutilidad es evidente porque los crímenes y delitos continúan, inclusive se han elevando desde que los militares llegaron a la ciudad; en cambio se ha desarrollado un nuevo miedo, ahora contra los uniformados de verde.
El hecho incontrovertible es que estas acciones violan la constitución porque el presidente no ha declarado la suspensión de las garantías constitucionales y los soldados cumplen funciones de policías preventivos, fiscales y de abuso de tiempo completo. Ya se han realizado manifestaciones en Michoacán y en Ciudad Juárez en contra del ejército, pero los jerarcas militares y los políticos parecen prestar caso omiso a la protesta.Abundan las noticias sobre allanamiento de morada, asalto y saqueo de las casas allanadas. Se menciona que los soldados desvalijan cocinas y alacenas porque al parecer no les dan de comer y se les hace fácil tomar lo que se encuentran, pero según los agraviados también se llevan joyas.
Hay quien menciona que si uno pasa por un retén y a los militares les gusta el celular seguramente se lo llevaran. Parecen una marabunta verde que asola todo a su paso. La justicia se encuentra muy lejos de los militares, ¿o éstos están por encima de la ley?Frente al asesinato ya frecuente en el país, la postura del gobierno es que se trata de narcotraficantes, lo que automáticamente anula las investigaciones, pero se puede manejar como hipótesis que algunos de los asesinatos pueden deberse a autoridades policiacas y militares, lo que eleva el conflicto y su manejo a otra dimensión.El tema central en este asunto es el desvanecimiento del Estado de Derecho y el sometimiento de las instituciones y por supuesto de la sociedad a una Razón de Estado que violenta las muy pocas libertades de las que gozan los mexicanos.
El gobierno consolida cada día una vía que se aleja de la democracia, con el muy peligroso argumento de que es para brindar seguridad.
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