27/09/2008 a las 10:08 am
EL UNIVERSAL: CAEN TERRORISTAS; VAN TRAS SU PATRÓNLos presuntos autores del atentado en Morelia, que costó la vida de ocho personas, dijeron ser “sólo tropa” y que actuaron por órdenes de un patrón de una organización criminal que les pagó por realizar el ataque. Ante fiscales, reconocieron haber lanzado las granadas la noche del 15 de septiembre en el centro de Morelia. De acuerdo con información de autoridades federales, se investiga la implicación de policías locales con el cártel de Los Zetas a quien se atribuye la autoría intelectual del atentado. En su testimonio, los sicarios confiesan que fueron a una casa donde les entregaron las granadas y acordaron el pago.LEER NOTA COMPLETA
MILENIO: PGR: LAS GRANADAS DEL 15, DE LOS ZETASSin pagar la recompensa de 10 millones de pesos que ofreció el gobierno federal, la Procuraduría General de la República capturó a tres presuntos zetas, que, según las autoridades, confesaron ser los autores materiales de los atentados terroristas perpetrados la noche del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Una denuncia anónima alertó a personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada sobre la ubicación, en un domicilio de Apatzingán, de los supuestos integrantes del brazo armado del cártel del Golfo, que fueron aprehendidos la tarde del jueves, informó la PGR.LEER NOTA COMPLETA
CRÓNICA: DETIENEN A ZETAS, AUTORES DEL ATENTADO EN MORELIATres integrantes de Los Zetas, grupo armado del Cártel del Golfo, fueron detenidos por la autoría material de los atentados con granadas en la ciudad de Morelia. La Procuraduría General de la República confirmó la tesis de terrorismo, al informar que el blanco del ataque no eran adversarios o policías, sino ciudadanos que participaban en el Grito de Independencia en la Plaza Melchor Ocampo. “Los tres sujetos declararon haber sido quienes detonaron las granadas de expansión contra las personas reunidas con motivo de las fiestas patrias”, dijo Marisela Morales, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.LEER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: CAEN PRESUNTOS ZETAS TERRORISTASLa SIEDO presenta a tres sospechosos de ser los autores materiales de los granadazosLa Procuraduría General de la República (PGR) presentó a los tres presuntos autores materiales de los atentados terroristas perpetrados en Morelia el pasado 15 de septiembre, e informó que ya tiene arraigados a otros cuatro sospechosos. De acuerdo con un comunicado leído por Maricela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (SIEDO), la dependencia que dirige detuvo el jueves pasado a Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas Elicea, en Apatzingán, Michoacán, quienes confesaron —ante el Ministerio Público federal— ser los responsables de los ataques y aseguraron pertenecer a Los Zetas, grupo de sicarios que se ha empoderado en el cártel del Golfo y mantiene una pugna en Michoacán contra la escisión de La Familia y el cártel de Sinaloa y sus aliados locales.LEER NOTA COMPLETA
LA JORNADA DE MICHOACÁN: ZETAS, CULPABLES DEL ATENTADO: PGRUna denuncia anónima permitió que la Procuraduría General de la República (PGR) detuviera a tres supuestos miembros del grupo de sicarios conocidos como Los Zetas, y los presentara ante los medios de comunicación como autores materiales de los atentados que dejaron un saldo de ocho muertos y más de cien heridos el pasado 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Además, se tienen cuatro personas sujetas a arraigo domiciliario y bajo investigación por estos mismos hechos, informó Marisela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Fuentes de la dependencia revelaron que en total son cinco los autores materiales del estallido de dos granadas de fragmentación en medio de la multitud que presenciaba la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Melchor Ocampo y el cruce de las calles de Madero y Quintana Roo.LEER NOTA COMPLETA
Editorial
Alianza educativa y conflicto magisterial
Ayer se mantuvieron estancadas y en un clima de permanente tensión las negociaciones entre el magisterio disidente de Morelos y representantes de los gobiernos estatal y federal para levantar el paro que los docentes de esa entidad mantienen desde hace más de un mes, y que ha impedido el inicio del ciclo escolar 2008-2009. Debe recordarse que el jueves, en el marco de la mesa de negociación, se había logrado acordar una minuta de 10 puntos con el objetivo de “garantizar el derecho a la educación y las cuestiones laborales y sindicales”, entre los que se contemplaba la aplicación de un programa especial para el mejoramiento de la educación en esa entidad, lo que dejaría sin efecto la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Tal minuta, sin embargo, fue rechazada por las bases magisteriales al considerar que debía incluirse en ella un compromiso explícito por “suspender” e incluso “cancelar” la aplicación del pacto firmado por el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que encabeza Elba Esther Gordillo y presentado el pasado 15 de mayo.
Para colmo, las tensiones se recrudecieron luego de que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, afirmara el mismo jueves que el diálogo con los maestros morelenses inconformes no contemplaría la negociación de la ACE, y se mantuvieron ayer tras las sospechas de que las autoridades de Morelos “endurecieron” su postura debido a la injerencia de la propia Gordillo.
Al margen del rumbo que tomen las negociaciones a partir de hoy –los maestros se han mostrado dispuestos a poner de su parte para regresar a clases el próximo lunes–, lo cierto es que el hecho da cuenta del creciente descontento por parte de un sector amplio y creciente del magisterio hacia el pacto educativo suscrito por el gobierno federal y el SNTE. Este rechazo no es exclusivo de Morelos –si bien la atención mediática ha estado particularmente centrada en lo que ocurre en esa entidad–, sino que se extiende por todo el país: significativamente ayer mismo, por la mañana, más de 10 mil profesores disidentes en Guerrero se manifestaron en contra de la alianza, mientras que miles de integrantes de la sección 22 del SNTE marcharon por las principales calles de la capital oaxaqueña. A estas manifestaciones de repudio habrá que añadir las llevadas a cabo durante las últimas semanas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Quintana Roo y Baja California Sur.
Por más que varios medios de comunicación se empeñen en presentar estos reclamos como una defensa de privilegios personales de los docentes, el rechazo a la ACE obedece a razones de peso y estrechamente vinculadas con el futuro de la educación pública en el país: el pacto, lejos de ofrecer soluciones a los enormes problemas en materia de enseñanza, tiende a agravarlos en la medida en que aumenta el margen de manejo discrecional de recursos por parte de la dirigencia sindical oficial, cuya corrupción y patrimonialismo constituyen lastres fundamentales para el mejoramiento de la educación pública en este país. Adicionalmente, el acuerdo agrava la percepción de incertidumbre laboral de miles de profesores, al imponerles criterios de evaluación empresarial –con el pretexto de establecer un pretendido modelo “meritocrático”– que, dado el añejo historial de represión hacia las expresiones de disidencia, es dable suponer que fungirá como una nueva forma de incrementar el control corporativo sobre los agremiados y reprimir a los disidentes, y profundizará, por añadidura, el descontento de grandes sectores de las bases hacia la dirigencia que encabeza Gordillo.
Por lo demás, la mencionada alianza no garantiza la resolución de los problemas de fondo en materia de recursos económicos e infraestructura que acusan los ciclos de educación básica a cargo del Estado. Esto último explica, en parte, la reticencia de los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas y Durango para suscribir el pacto.
En suma, si bien es posible que el conflicto magisterial en Morelos pueda resolverse en la medida en que las negociaciones prosperen, una solución a fondo del descontento que hoy permea al magisterio demanda de dos elementos centrales: un compromiso irrestricto con el carácter público de la educación y las condiciones laborales de los docentes –algo que supondría la cancelación de la ACE en sus términos actuales– y el fin de la alianza política –no educativa– entre la ungida “dirigente vitalicia” del magisterio y el gobierno calderonista.
Marcella Sali Grace fue violada, afirman organizaciones no gubernamentales
Asesinan en Oaxaca a una estadunidense que se sumó a protestas contra Ruiz
Afp
Oaxaca, Oax., 26 de septiembre. La activista estadunidense Marcella Sali Grace, quien se sumó desde 2006 al movimiento opositor al gobernador Ulises Ruiz, fue asesinada en Oaxaca, reportó el viernes la embajada de Estados Unidos, mientras organizaciones no gubernamentales aseguraron que además fue violada.
“Sabemos que Marcella Sali Grace fue asesinada”, dijo a AFP Janice Weiner, portavoz de la embajada estadunidense.
“Fue ultimada y violada”, afirmaron además unas seis organizaciones no gubernamentales en un comunicado.
El cuerpo de la mujer “de entre 30 a 40 años de edad” fue encontrado en una cabaña deshabitada de Oaxaca y “presentaba dos heridas profundas en el antebrazo derecho, una en la espalda y otra en el abdomen”, reportó la Agencia Estatal de Investigación.
Sali Grace, de acuerdo con el comunicado de las organizaciones, nació en Estados Unidos, pero vivía en Oaxaca al menos desde 2006, año en el que se sumó a las movilizaciones contra el gobernador de ese estado, Ulises Ruiz, acusado de corrupto y represor por varias agrupaciones.
“Marcella siempre estaba dispuesta a ayudar, así con sus dotes de artista pintaba una manta o una pared o bailaba su danza árabe para sacar fondos para la lucha, o hacía sus conciertos con bandas de punks”, añadieron las organizaciones en su comunicado.
En Oaxaca Sali Grace además impartía “cursos de defensa personal a las mujeres, pues conocía muy bien cómo los hombres las acosan: ésta era una de sus luchas, que ellas sean libres y respetadas”.
Diversos sectores de la sociedad oaxaqueña han participado en el movimiento opositor al gobierno de Ulises Ruiz, quien asumió el cargo en 2004.
Desfiladero
Jaime Avilés jamastu@gmail.com
■ Una receta para darle, al IFE y al PRD, una sopa de sus propios chocolates
Durante su gira del pasado fin de semana por diversos municipios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje en cada mitin a la memoria del desaparecido José Zamarripa de la Peña, representante del gobierno legítimo de México en aquella entidad. Nieto de un gobernador revolucionario de Aguascalientes, hijo de un aguerrido líder sindical, militaba en la izquierda desde su adolescencia porque llevaba en los genes el amor a la política.
A los 16 años se afilió al Partido Comunista Mexicano; más tarde, pasó al Socialista Unificado de México, y siguió por la senda de las metamorfosis cuando éste se convirtió en Partido Mexicano Socialista (PMS), y éste en Partido de la Revolución Democrática (PRD), y éste en una ruina moral nauseabunda, hoy en manos de una pandilla de atracadores.
Cuando López Obrador llegó a la presidencia nacional del PRD en 1996, Pepe se incorporó a su equipo de trabajo y estuvo a su lado en esos años de éxitos electorales continuos. Cuando Andrés Manuel quedó al frente del Gobierno del Distrito Federal, fue su coordinador de asesores todo el sexenio. Después del golpe de Estado de 2006, que sembró a Felipe Calderón en Los Pinos, Zamarripa recibió del jefe de la oposición dos nuevos cargos: subsecretario de la hacienda pública en el gobierno legítimo y representante de éste en Jalisco.
Cuando hace tres domingos murió de un infarto en un viejo edificio de la colonia Condesa, le faltaban tres días para cumplir 50 años de edad. No tenía gas en el departamento que alquilaba. No tenía un peso en la bolsa, ni en el banco, ni en la vida. No tenía nada, aparte de una inmensa colección de libros y discos, y amigos en todo el país. Pese a que estuvo en una posición de poder dentro del GDF, nunca se valió de la política para enriquecerse, lo que habla de su estatura ética y de su honestidad juarista. Pero si al morir no contaba siquiera con gas para cocinar, esto se debe a razones que hoy merecen ser expuestas públicamente.
En 2006, cuando numerosos perredistas ascendieron al Poder Legislativo con los votos de los seguidores de López Obrador para impulsar en las cámaras el proyecto alternativo de nación, muchos se comprometieron a descontar de su dieta de casi 200 mil pesos mensuales una pequeña suma para cubrir los gastos y sueldos del gobierno legítimo. Sin embargo, la guerra sucia de la ultraderecha no terminó con el robo de la Presidencia y el linchamiento perpetuo de los levantacejas: continuó también dentro del PRD, en donde la corriente de Ruth Zavaleta y Jesús Ortega secuestró la dirección del partido y nombró a Guadalupe Acosta Naranjo como palero oficial del régimen.
Esto trajo, por supuesto, consecuencias negativas para la resistencia civil pacífica: el Frente Amplio Progresista se quedó sin oficinas y el apoyo económico al gobierno legítimo dejó de fluir. Hace por lo menos seis meses que López Obrador, los secretarios y los subsecretarios de su gabinete no cobran sueldo, mientras las deudas con los proveedores se acrecientan y la estrechez torna cada vez más difícil la vida cotidiana de las familias de los empleados de confianza. En otras palabras, la derecha neopanista del PRD, en alianza con Calderón, fomenta el estrangulamiento de la estructura que encabeza la lucha por la transformación del país.
De repente, sin embargo, Acosta Naranjo pone el grito en el cielo porque sus propios cómplices amenazan con quitarle las pilas al juguetito que ellos mismos le regalaron. El Instituto del Fraude Electoral –esa extensión de la empresa Hildebrando, propiedad del cuñado de Felipe Calderón, que posee todos los datos del padrón electoral federal sin que nadie la moleste– ha decidido multar al PRD con 57 millones de pesos por el plantón de 2006 en Reforma y con 13 millones de pesos más por la huelga legislativa del pasado abril, que impidió la privatización de Petróleos Mexicanos por la vía del madruguete.
Ambas sanciones fueron pedidas por el representante del PAN ante el IFE y la secretaría ejecutiva del instituto sugirió un castigo de “4.9 millones de pesos por la movilización poselectoral de 2006 y 650 mil pesos por la toma de tribunas” en las cámaras. Pero de acuerdo con la magnífica nota periodística de Alonso Urrutia publicada ayer en este diario, ambas cifras crecieron en forma desmesurada: la primera “en mil 200 por ciento, al pasar de 4.9 a 57 millones” y la segunda “en 2 mil por ciento”, al saltar de 650 mil a 13 millones de pesos. Según cálculos de un periódico oficialista divulgados el jueves, el PRD podría verse obligado a pagar este adeudo en cómodas mensualidades de 9 millones de pesos. Esto, según Acosta Naranjo, pondría en peligro la viabilidad financiera del partido que regentea.
Se trata, obviamente, de un acto represivo en contra, no del PRD, sino de los ciudadanos, a quienes el (des)gobierno de Calderón, a través del IFE-Hildebrando, quiere humillarlos castigándolos por haber ejercido su derecho constitucional a protestar contra una rotunda injusticia. Estamos, en otras palabras, ante una intentona de venganza, concebida por las mentes enfermas de aquellos que no aspiran sino a lastimar a quienes a diario los tachan de ineptos, corruptos y espurios.
Por lo tanto, la resistencia civil pacífica debe situarse a la altura de las circunstancias. ¿Quieren pagos mensuales de 9 millones de pesos? Perfecto. El gobierno legítimo cuenta con casi 3 millones de afiliados en todo el país. Si cada uno de ellos destina la suma de tres pesos mensuales, la “ejemplarizante” cantidad quedará saldada sin que a nadie le duela el codo. Y para convertir el castigo en una fiesta, el dinero podría entregarse en monedas de 10, 20 y 50 centavos, formando largas filas de miles y miles de ciudadanos a las puertas del edificio que preside Leonardo Valdés Zurita, alias Vazurita. ¿Quieren humillarnos aún más? Démosles una sopa de su propio chocolate.
A cambio, sería prudente exigir dos condiciones: que Acosta Naranjo renuncie a la presidencia del PRD, y que ese partido pague los salarios atrasados del gobierno legítimo y reanude su apoyo económico al movimiento, al cual le debe las prerrogativas electorales de que disfruta. Mañana, en el Zócalo, López Obrador anunciará un plan de emergencia para sacar al país de la crisis en que lo ha sumergido Calderón y acabará de hundirlo Bush con el inminente derrumbe financiero de Estados Unidos. Es desde todo punto de vista deseable que la enumeración de los objetivos del plan vaya acompañada de acciones concretas para que la movilización popular empiece a traducirlos en logros y avances, y en alianzas con todas las luchas sociales que están en curso.
Arturo Alcalde Justiniani
Denuncia pública
El pasado 21 de agosto fue suscrito en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, participando en su celebración representantes de diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil, quienes reconocieron la dimensión multifactorial del problema. El acuerdo dedica un capítulo al ámbito laboral bajo el rubro de “Compromisos de los sectores productivos”; en su punto séptimo se conviene promover la cultura de la legalidad, la denuncia de cualquier injusticia laboral y mejorar el entorno de los centros de trabajo.
Una vía para hacer cumplir esos compromisos, es identificar en orden de prioridad los sectores productivos en los cuales se violan de forma sistemática los derechos laborales. Denunciamos dos de ellos sin ser limitativos: las prácticas laborales en la industria de la construcción y en los servicios de limpieza. Las personas físicas y morales dedicadas a estas ramas de actividad violan permanentemente los derechos de miles de hombres y mujeres que se ven obligados a prestar sus servicios en condiciones precarias, insalubres y peligrosas, sometidos a jornadas extenuantes, discriminación, acoso en diferentes modalidades, salarios insuficientes, contratos colectivos de protección, formas jurídicas ficticias en su contratación, cambios constantes de razón social para evadir obligaciones, como las relativas a la seguridad social, y la creciente exigencia de renuncias en blanco como condición para aceptarlos en el empleo, entre muchas maniobras para evadir el cumplimiento de la ley.
Son cómplices de este abuso quienes participan en los procesos de subcontratación en las diferentes ramas de actividad y de servicios, incluyendo las dependencias públicas, tanto del gobierno federal como locales, quienes utilizan crecientemente estos servicios sin cerciorarse desde el proceso de contratación y durante la prestación del servicio si cumple con las obligaciones laborales y los derechos humanos elementales.
Se acredita esta denuncia con hechos evidentes propios de la realidad cotidiana. En las construcciones observamos a jóvenes, casi niños, muchos de ellos provenientes del campo, durmiendo en las áreas de trabajo, transitando por andamios sin medidas preventivas ni equipos de seguridad, intentando alimentarse con productos chatarra, muchas veces acompañados de esposa e hijos que los ayudan en este inhóspito ambiente.
En los servicios de limpieza las injusticias son similares: la categoría moral de muchos de los empleadores es cuestionable; ex agentes de seguridad, delincuentes comunes, seudodirigentes de sindicatos jugando un doble papel o empleados de las mismas dependencias que contratan los servicios, han encontrado una mina de oro a costa de la postración de estos trabajadores. La tarea es fácil, poner un escritorio, registrar una razón social y tener el contacto con los funcionarios adecuados; al no tener patrimonio propio es sencillo incumplir obligaciones, nada se arriesga. Los trabajadores se ven obligados a admitir cualquier abuso ante la carencia de empleos y sus urgentes necesidades familiares.
Buena parte de la responsabilidad de esta degradación social deriva de la complicidad activa o la omisión de las autoridades obligadas a vigilar el cumplimiento de la ley. Estos funcionarios se han sometido a una lógica de impotencia ante la gigantesca dimensión del problema; aunque cuentan con instrumentos legales para cambiar el rumbo de estas prácticas, renuncian a su ejercicio. Por ejemplo, la ley contempla la inspección laboral como función del Estado para garantizar el respeto a la legalidad mediante inspectores capaces y honestos que vigilen, detecten, prevengan, orienten y, en su caso, sancionen a los infractores de la ley. En el área de trabajo de competencia local pueden realizarse acciones a partir de diagnósticos, estudios estadísticos, investigaciones en colaboración con entidades académicas, promoción de acuerdos con las organizaciones patronales para establecer compromisos y mecanismos de evaluación. Un paso elemental es dimensionar y tener clara la problemática, ubicar y censar los centros de trabajo y reclamar presupuestos suficientes para esta tarea. Obviamente, una condición previa es la convicción de que el tema es importante; en otras palabras, que los miles de trabajadores sometidos a esta indignante condición deben constituir una prioridad en el diseño y ejecución de cualquier política pública.
Esta grave violación a los derechos humanos crece día con día y no parece preocupar a los actores que podrían favorecer un cambio de rumbo. Los legisladores, por no otorgar presupuesto suficiente para la ejecución de estas tareas públicas; las iglesias, por estar más preocupadas de otros menesteres que por la suerte de sus fieles; los partidos políticos, que en su dinámica de poder burocrático se han olvidado de la suerte de la gente a la que periódicamente acuden en busca del voto; las organizaciones de la sociedad civil, que no integran debidamente en sus agendas la problemática de los más vulnerables, y los sindicatos, que no sólo se abstienen de cumplir con su misión, sino que aprovechan la indefensión de los trabajadores para ampliar su negocio. Quizá todos cargamos con nuestra cuota de responsabilidad en la medida en que nos hemos acostumbrado, como algo normal, a que se abuse de la población aun frente a nuestros propios ojos.
El tema de la seguridad y la promoción de la legalidad no se reduce a conductas delictivas aisladas, está sostenido en una red de complicidades que producen una cultura de impunidad; lo vemos claro al salir a la calle, donde todos somos iguales frente al impacto de las políticas ambientales, urbanas, sociales y de seguridad en un sentido estricto. Como se ha entendido ya en otros países, cuya experiencia hemos soslayado, la promoción de la equidad y la justicia es la mejor vía para lograr una cultura de seguridad. Sólo así podremos salir a la calle respirando otro ambiente.
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INCREMENTO NUMERO 20 A LA GASOLINA
MEXICO, D.F., 26 de septiembre (apro).- A partir de este sábado, las más de ocho mil gasolineras distribuidas en todo el país aplicarán el aumento número 20 en lo que va del año a las gasolinas, señala la página de Pemex Refinación.
El precio de la gasolina Magna será de 7.42 pesos por litro, 2 centavos más respecto de la cotización actual, y el de la Premium, de 9.30 pesos, un aumento de 4 centavos, indica la paraestatal.
En tanto, el precio del litro de diesel será de 6.68 pesos, 5 centavos más.
Los aumentos incluyen un centavo más para los capitalinos en el caso de la Premium, mientras que, en el resto del país, el litro costará 9.29 pesos.
DINERO PUBLICO Y FINES PRIVADOS. PROCESO
El empleo de recursos del erario con fines ajenos al interés público, como ocurre con la publicidad oficial y sus formas de control, es en México un problema endémico. La ausencia de normas en la materia explica parte de la anomalía, pero la falta de una cultura democrática mínima en los gobernantes representa la causa medular. Veamos.
Primero. México ha estado en el cabús del tren del desarrollo democrático por lo que a la relación Estado y medios se refiere. Cabe recordar cómo el país se convirtió en la fuente de inspiración para que un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada el 22 de noviembre de 1969 estuviera redactado en los siguientes términos: "Artículo 13. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
La existencia de PIPSA como fuente de papel periódico por largos años, hasta su privatización en 1992; la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, que establece la asignación discrecional de concesiones y permisos en la materia, y la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial acreditaron con creces el numeral 3 del artículo 13 de la Convención para que nunca pasara más en un país de América lo que sucedía (y sigue sucediendo) en México.
Segundo. La debilidad del estado de derecho en México reclama una reforma de actitudes para evitar algunos fenómenos que, crecientemente, se observan a lo largo del territorio nacional: a) falta de participación ciudadana en el debate público; b) desconfianza de las personas en el gobierno y sus instituciones; c) resistencia y evasión del pago de impuestos y de servicios públicos por la percepción en aumento de que esos recursos sólo enriquecen a los gobernantes y no se traducen en servicios públicos ni en seguridad mínima; d) percepción colectiva de que en México no hay consecuencias si se viola la ley cuando se dispone de relaciones o dinero, y e) desarrollo de una relación antagónica, sin visiones de colaboración, entre la sociedad y el gobierno.
Tercero. Una de las pocas decisiones positivas del Estado fue reformar en 2007 el artículo 134 constitucional, el cual dispone en su penúltimo párrafo: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
No obstante lo evidente de ese mandato constitucional, los gobernantes lo infringen sin ninguna consecuencia. Ayer fue el presidente Felipe Calderón con la enorme publicitación de su informe, hoy lo es Marcelo Ebrard haciendo lo propio. Y Enrique Peña Nieto no se queda atrás. El criterio de nuestros gobernantes es: ¿por qué quieren que observe la ley si mi adversario político no lo hace?
Cuarto. En varios países se ha regulado esta materia, y aunque en otros no se ha hecho, suele cumplirse con sus principios. La diferencia es que en México no se ha cultivado la clase política mexicana en moral pública y principios éticos. ¿Se imagina a un gobernador de un cantón suizo publicitando su imagen con recursos de los contribuyentes? Por supuesto que no. Pero aquí sí vemos al presidente Calderón, a Ebrard, a Peña Nieto y a muchos otros mostrándonos sus rostros y todo lo bueno que han hecho como gobernantes.
En España, por ejemplo, que sí ha legislado en este rubro, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional específicamente prohíbe contratar campañas "que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por el gobierno. En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que "la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve".
En un excelente texto de Jorge Carpizo -de obligada lectura-, titulado La moral pública, desarrolla el tema y retrata la problemática de México. Carpizo predica con el ejemplo. No es pensionado de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo serlo. Tampoco recibió liquidaciones a su paso por la PGR o por la Secretaría de Gobernación. Vive en la honrosa medianía de que habla Juárez, como investigador universitario. Ojalá esa no fuera la excepción, sino la regla. l
evillanueva99@yahoo.com
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