Autonomía simulada

Jesús Cantú

Análisis

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El actual gobierno federal retomó la ruta del salinismo tanto en la aprobación de las llamadas reformas estructurales (que quedaron pendientes por la crisis de 1994 y los 12 años de gobiernos panistas) como en la creación de órganos autónomos simulados, es decir, con autonomía constitucional formal y jurídica, pero capturados fundamentalmente por el Ejecutivo –y su partido en el gobierno–, que así actúa más libre e impunemente, pues lo hace sin aparecer formalmente en escena.

Durante el sexenio salinista se concretó la autonomía al Banco de México y fueron creados, jurídicamente con ese carácter, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, en los hechos, el entonces presidente Carlos Salinas mantuvo siempre el control de los mismos a través de los miembros de sus órganos de gobierno.

Cuatro sexenios después la receta se repite, con las adecuaciones que el actual reparto de poder demanda. Así, el Ejecutivo y el PRI aseguran su predominancia, pero aceptan compartir la integración de los órganos de gobierno con las dirigencias del PAN y el PRD. Los ejemplos más claros de esto son la conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Proceso 1953) y la del órgano de gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información (Proceso 1957). En el caso de los Consejos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica sucede lo mismo, pero en ese caso el reparto se hace con las televisoras, las empresas de telecomunicaciones y los oligopolios con prácticas monopólicas.

Las voces que demandaban la creación de más órganos con autonomía constitucional se multiplicaron, luego de los buenos resultados obtenidos tras la conquista de la autonomía real de Banxico, a partir de la alternancia en el Ejecutivo en 2000, y del IFE con la designación del Consejo 1996-2003; incluso, por los avances en materia de transparencia y acceso a la información que impulsaron los primeros consejos del IFAI.

La demanda se mantuvo a pesar de que la involución empezó desde octubre de 2003, cuando el PAN y el PRI impusieron su mayoría calificada en la Cámara de Diputados para repartirse las nueve posiciones del Consejo General del IFE; y se reforzó cuando Felipe Calderón aprovechó sus atribuciones para designar a sus incondicionales en el IFAI, impulsar a su secretario de Hacienda como gobernador del Banco de México, y enviar a su secretario de Economía a la Presidencia del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, una vez que se le concedió formalmente su autonomía.

En la última reforma constitucional en materia político-electoral también se agregó el apartado “C” al artículo 26 constitucional para dotar de autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que opera, desde su creación en enero de 2004, con la Ley General de Desarrollo Social, como “un organismo público descentralizado” que tiene buenos resultados.

Conforme al artículo 82 de la citada ley, el consejo lo presidía el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y lo integraban “Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con amplia experiencia en la materia y que colaboren con instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Su designación era responsabilidad de la Comisión Nacional de Desarrollo (instancia integrada por las seis secretarías del gobierno federal vinculadas con la política social; los 32 secretarios de desarrollo social de las entidades federativas; un representante de cada una de las asociaciones nacionales de alcaldes; y los presidentes de las comisiones de desarrollo social de las Cámaras de Diputados y Senadores), a través de una convocatoria pública y el voto secreto de todos sus miembros presentes.

Los resultados, hasta el momento, son positivos: los expertos en la evaluación del desarrollo social (en todos sus ámbitos) mantenían sus plantas académicas y utilizaban el conocimiento que desarrollaban en sus instituciones para mejorar los instrumentos e indicadores del Coneval; adoptaron un bajo perfil y nunca pretendieron iniciar una carrera política.

Los reportes e informes generados por el Coneval son fundamentales para identificar los impactos de la política gubernamental: permitieron identificar los avances en el combate a la pobreza extrema, con el programa Oportunidades, entre 2000 y 2006, así como el incremento en el número y porcentaje de pobres y pobres extremos como consecuencia de las políticas públicas del gobierno ante la crisis económica de 2008 y 2009.

Apenas el pasado lunes 27, unos días después de que Hacienda tuvo que ajustar su pronóstico de crecimiento para este 2014, el Coneval revelaba que el poder adquisitivo del ingreso laboral cayó casi 6% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, y un 33%, en los últimos nueve años; y en la víspera del Día del Niño, informaba, en un estudio elaborado conjuntamente con Unicef, que 53.8% de los 40 millones de mexicanos menores de 17 años viven en pobreza.

En teoría, la autonomía constitucional debiese perfeccionar el diseño y desempeño de Coneval. El problema está en que viene acompañada de un nuevo perfil de consejeros y un nuevo procedimiento de designación. Las nuevas normas constitucionales establecen que el presidente y los seis consejeros “deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social…”, con lo cual ya no es indispensable ser investigador adscrito a una institución de educación superior, que parece ser una de las claves de los buenos resultados obtenidos hasta hoy.

Y ahora serán las dos terceras partes de los diputados presentes quienes los elegirán, lo que hasta hoy significa una garantía de que se escogerá a los más leales a las dirigencias partidistas, sin importar las competencias y/o credenciales de los designados.

Los órganos autónomos tienen mucho sentido en el cumplimiento de tareas fundamentalmente técnicas que deben ser realizadas por instancias ajenas a los tres poderes formalmente constituidos, como parte de los pesos y contrapesos indispensables para el funcionamiento de una democracia. Pero en la práctica, en México, se han convertido en una simulación que permite al Ejecutivo y sus aliados ejercer el poder a través de sus personeros, sin pagar las consecuencias y, además, tener más posiciones con sueldos muy jugosos para sus clientelas.