Edgar Cortez
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un órgano creado por el Estado mexicano para proteger los derechos humanos (DH) de las personas y hoy cumple 24 años de existencia.
Luego
de este casi cuarto de siglo México no es un país donde florezca el
respeto a los DH sino una realidad de violaciones constantes y
persistentes.
La tortura fue uno de los primeras problemáticas
que abordó la CNDH y de acuerdo con el Relator de Tortura de la ONU,
luego de su reciente visita, concluyó que “persiste una situación
generalizada del uso de la tortura y malos tratos en México”.
(http://hchr.org.mx)
En contraposición, el presidente de la CNDH afirmó que la práctica de
la tortura ha disminuido en los dos últimos años. Aquí uno de los
problemas es la ausencia de un sistema que permita reunir la
información nacional de los casos de tortura, razón por la cual con
cifras parciales se hacen lecturas triunfalistas. Ya en el 2001 el
entonces presidente de la institución comprometió que la CNDH contaría
con una base de datos de alcance nacional. La realidad es que a la
fecha no existe un sistema que aporte datos nacionales sobre qué pasa
con los DH.
Una tarea esencial de la CNDH es atender las quejas
individuales presentadas por presuntas violaciones de derechos humanos
y para eso debe desarrollar una investigación, la cual en buen número
de casos se circunscribe al envío de oficios y a las respuestas de las
autoridades. Al respecto el Proyecto Atalaya del ITAM (http://atalaya.ital.mx)
observó durante más de una década el desempeño de la CNDH concluyendo
en una de sus últimas investigaciones lo siguiente: “El Programa
Atalaya ha constatado, al cabo de las diversas investigaciones sobre
quejas, que con frecuencia la Comisión tiene noticia de presuntas
violaciones cuya gravedad resulta a la postre imposible de determinar
la causa de las deficiencias en la investigación llevada a cabo por el
propio Organismo, de modo que el presunto agraviado pierde lo que
podría ser su única oportunidad para que los hechos arbitrarios de los
que fue objeto sean atendidos y, en su caso, sancionados y reparados”.
Por
otro lado esta perspectiva de trabajo en el mejor de los casos da
solución a un asunto, pero deja sin respuesta muchos más, pues de
acuerdo con el último informe del Presidente de la CNDH, la institución
abrió en 2013 más de nueve mil quejas por posibles violaciones a
derechos humanos y emitió 86 recomendaciones, es decir menos del uno
por ciento de los casos iniciados concluyeron en una recomendación.
¿Qué pasa con ese noventa y nueve por ciento? Es un misterio, pues a
quienes han intentado indagar ese universo, la CNDH se los ha impedido.
Cuando
existe un número creciente de quejas que tienen que ver con violaciones
de derechos de un mismo tipo lo mejor sería atender las causas de tal
situación y para eso la CNDH cuenta con la facultad de emitir una
recomendación general que le permita plantear el desarrollo de
políticas públicas que enfrenten las raíces del problema. Es cierto que
la CNDH ha realizado algunas recomendaciones de este tipo, pero sin
llegar a ser precisa en cuanto a qué acciones debería emprender la
autoridad y sin una estrategia de seguimiento a sus propuestas.
Una
de las deficiencias notorias de la institución es la falta de
seguimiento sobre la manera de cómo las autoridades cumplen sus
recomendaciones, a lo más que se llega es informar cuántas de sus
recomendaciones fueron aceptas y supuestamente cumplidas, pero sin que
exista manera de verificar.
Recientemente el presidente de la
comisión ha estado en medio de un par de polémicas. La primera tiene
que ver con la reunión de trabajo que sostuvo Raúl Plascencia con la
Comisión de Derechos Humanos del Senado el pasado 21 de mayo, ahí se le
cuestionó sobre el deficiente trabajo de investigación en el caso de la
masacre de migrantes sucedida en San Fernando, Tamaulipas así como
sobre la marcada distancia de él y de la institución para con las
víctimas de este caso.
La segunda con la
decisión de no hacer uso de su facultad para interponer una acción de
inconstitucionalidad en contra de la ley de ordenamiento social que
recién entró en vigor en Quintana Roo y violenta los derechos humanos
de expresión y manifestación. Cuándo ejercer esta facultad y cuándo
no, es otro verdadero misterio. La práctica seguida por la CNDH ha
mostrado que es un ejercicio totalmente arbitrario y en la mayoría de
los casos alentado por intereses políticos y no de genuina preocupación
por los derechos humanos.
La CNDH es una institución que está
facultada para proteger y hacer que los derechos humanos puedan avanzar
significativamente, pero prefiere no usarla o hacerlo muy poco, su
titular y la institución han preferido ser bien vistos por el poder
político.
@edgarcortezm
@imdhyd
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