Este viernes 6 de junio se realizará en Arkansas, Estados Unidos, se realizará la asamblea anual de accionistas de la trasnacional Walmart mientras en el mundo organizaciones sindicales y sociales realizarán huelgas y acciones de protesta para denunciar las prácticas comerciales predatorias, abusos laborales y, como sucede en México, la impunidad con que opera pese a las denuncias de corrupción y compra de autoridades gubernamentales.
La Red Mexicana contra la Impunidad de Walmart informó que organizaciones sindicales y sociales de varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, El Salvador, Nicaragua, así como de Europa y Medio Oriente, se unirán en una denuncia global para evidenciar los métodos y formas de trabajo que Walmart impone y que resultan en bajos salarios para sus empleados, negación —en los hechos— del derecho de organización de éstos; destrucción del tejido social y sobornos a funcionarios públicos para obtener privilegios y facilidades para su expansión.
En la actualidad Walmart de México cuenta con 212,541 trabajadores, sin embargo, según estimaciones académicas por cada puesto de trabajo —precario— que genera, quita siete en los comercios cercanos y provoca una baja en salarios de 20 por ciento a 25 por ciento. En un promedio de cinco años después de la implantación de una unidad de la trasnacional cada lugar acaba con la mitad del comercio tradicional en cinco kilómetros a la redonda.
La propia empresa reporta que durante 2013 contrató 56,917 empleados, de los cuales 56.89 por ciento son de 25 años, 15.13 por ciento de entre 26 a 30 años, 9.87 de entre 31 a 35 años, 7.80 por ciento de 36 a 40 y 10.29 pro ciento de 41 años. Sin embargo, no hace mención de los salarios de miseria que paga, ni de las condiciones abusivas en que mantiene a sus trabajadores.
Tampoco reporta la inmensa cantidad de empacadoras y empacadores que laboran en sus tiendas, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 16 años; reclutados como trabajadores voluntarios cuya única paga son las propinas. Con este sistema Walmart se ahorró, en 2012, más de 85 mil millones de pesos en salarios. Es el mismo caso de los “promotores”, trabajadores de diversas marcas que laboran en las tiendas de la empresa que además de publicitar sus productos se ven obligados a “auxiliar” en tareas diversas en el pasillo donde los ubican.
El pago promedio de un trabajador de la trasnacional va del salario mínimo, 62 pesos diarios —1860 al mes— a los 185 pesos —5,550 al mes— con jornadas de ocho horas; turnos laborales y días de descanso discontinuos; constantes cambios en el lugar de trabajo y polivalencia de funciones. Estos montos salariales representan la mitad de promedio nacional que se paga en México en el sector formal, es decir, Walmart es la principal empleadora privada pero con salarios y condiciones de miseria.
A lo anterior se suma el largo historial de denuncias contra Walmart en todo el mundo, y especialmente en México, por no permitir la sindicalización auténtica de sus empleados, además de violaciones a otros derechos laborales tales como discriminación a trabajadores discapacitados, discriminación sexual, trabajo infantil, falta de cobertura de salud y tiempo extra no pagado, trato humillante al ser despedidos.
En Walmart rigen los contratos colectivos de protección patronal, simulación que permite a la empresa el control de sus trabajadoras y trabajadores y la imposición de condiciones favorables al patrón utilizando sindicatos fantasma. Tres sindicatos de protección han firmado 88 contratos en el caso de las tiendas y 60 en el caso de las panaderías, en los que la única revisión es la actualización del salario conforme al aumento oficial del salario mínimo y que, además, imponen un reglamento interno de trabajo en que se prevén jornadas laborales flexibles en las que los empleados quedan a disposición de la empresa las 24 horas.
Estos falsos sindicatos son el Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados y Centros Comerciales, cuyo líder Francisco Flores Monterrosas; la Asociación Sindical de Trabajadores, Empleados y Agentes de Casas Comerciales, de la familia Guarneros y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industrial del Pan, de la familia Lazcano Montoya.
En México la trasnacional ha reportado ventas de 367 mil 731 millones de pesos en seis formatos de negocio y, al menos para el año 2012, anunció 220 aperturas. Cada vez que Walmart abre una sucursal más de 50 comerciantes se quejan de competencia desleal, que involucra depredación de precios, aplicación de subsidios cruzados entre productos y/o servicios, aplicación unilateral de descuentos y promociones a la mercancía y la devolución o rechazo de mercancías forzosa e injustificada al proveedor.
Los abusos de Walmart en México han sido documentados sobradamente por múltiples estudios académicos y de organizaciones sociales, sin embargo, lejos de ser combatidos cuentan con la complicidad de las autoridades gubernamentales. Un botón de muestra: en noviembre de 2010 la empresa firmó un convenio de colaboración el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que le permite obtener información privilegiada para realizar investigación de mercado para determinar dónde abrir nuevos establecimientos. Así, Walmart posee datos de todo el país sobre población, niveles socioeconómicos, gasto e ingreso de familias.
El caso más sonado de complicidad e impunidad en favor de Walmart fue destapado en diciembre de 2012 por el diario The New York Times, que informó de sobornos a funcionarios mexicanos por unos 24 millones de dólares para asegurarse la instalación de sucursales de la empresa, como los casos deBodega Aurrerá, en San Juan Tehotihuacan y Sam´s Club en la zona norte de la ciudad de México, cerca de la Basílica de Guadalupe.
Los sobornos realizados sirvieron para obtener, permisos de construcción, licencias de impacto ambiental para la construcción de las tiendas. Sólo en el caso de Teotihuacan, la empresa habría entregados 200 mil dólares para asegurarse los permisos, pese a tratarse de un área catalogada como patrimonio cultural. Entre 2002 y 2005 —periodo que abarca la investigación sobre corrupción— Walmart abrió 147 tiendas en México.
Pese a las evidencias, el gobierno mexicano ha alargado y ocultado las pesquisas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha señalado que no ha encontrado ninguna irregularidad en las tiendas Walmart acerca de los permisos a nivel federal solicitados, aunque están pendientes por algunas auditorías. A la fecha no hay resultados de éstas.
Asimismo, la Procuraduría General de la República anunció una investigación sobre los sobornos y pese a que el gobierno de Estados Unidos entregó la información relacionada con este escándalo, no hay acción penal concreta ni contra la trasnacional ni contra los funcionarios corruptos. Este patrón de complicidad se repite en diversos estados de país como el Estado de México, San Luis Potosí y Nuevo León, por poner algunos ejemplos.
La Red Mexicana contra la Impunidad de Walmart hace un llamado a las organizaciones sociales y a la sociedad en su conjunto a exigir el cese de las arbitrariedades de Walmart y el respeto a los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, así como a la aplicación de la justicia contra las prácticas corruptas de la empresa y de los funcionarios cómplices que a cambio de dinero permitieron su ilegal expansión.
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