Manuel Fuentes
Pesadumbre gravitaba en la conmemoración del 30 aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía organizada el pasado 30 de mayo por la Casa de los Derechos de Periodistas en el monumento a Zarco de la ciudad de México.
El puñado de informadores que se reunió a medio día del pasado viernes para protestar por las agresiones al periodismo recibía consternado noticias del secuestro cometido en contra del comunicador Jorge Torres Palacios en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Había sido la noche anterior, eran las 19:40 horas cuando un comando armado llegó a su casa llevándoselo con rumbo desconocido.
Sus captores sabían adonde iban y exactamente lo que tenía que hacer. Lo hicieron con toda impunidad en una ciudad turística donde se presume seguridad y donde los cuerpos policiacos y la delincuencia muchas veces son cómplices de la misma intriga.
No tardó mucho en esparcirse la fatídica noticia de la aparición del cuerpo inerte del comunicador encontrado en una bolsa, a 20 kilómetros de la ciudad de Acapulco, como si fuera un objeto. Asesinado a mansalva y con rastros de tortura.
De nada sirvieron las manifestaciones y exigencias públicas de sus compañeros periodistas y de sus familiares para que el gobierno guerrerense respondiera con prontitud o que el gobierno federal diera muestras de alguna preocupación e interés para encontrar al periodista plagiado. Todo fue en vano. Quedaron muchas voces y reclamos ahogados sin respuesta gubernamental. Otro asesinato más que se suma a otros sin que haya responsables.
Siempre la misma respuesta: “estamos investigando”, “estamos revisando todas las pistas” “si tienen algún dato les pedimos nos apoyen”.
El empeño gubernamental de las investigaciones, de cualquier homicidio contra trabajadores de la comunicación ha sido lento, fastidiosamente sin respuesta, dejando claro el mensaje que no les importa lo que suceda a quienes se encuentran en esta situación.
Este martes aparece en la prensa escrita un desplegado pagado por el gobierno del estado de Guerrero cargado de hipocresía; lo firma el gobernador y dice que condena el homicidio (como si eso fuera suficiente) y que ha instruido al Procurador de Justicia a “agilizar las investigaciones” (¿apenas ahora?). La realidad más allá de desplegados ha sido otra; ha habido negligencia y desatención desmedida; ahora tratan de escudar su incapacidad con boletines de prensa y golpes de pecho en lugar de instrumentar acciones efectivas.
Hay mucha indignación entre los comunicadores por la forma como están respondiendo los gobiernos ante estas agresiones en contra de los comunicadores.
Desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales. Poco o nada han servido los mecanismos de protección de periodistas, arrinconados en las oficinas de la Secretaría de Gobernación u otras dependencias, atados en un mar de burocracia para impedir fluyan los recursos económicos para ese fin. Se regatean los apoyos como si fueran limosna. Todo se queda en promesas sin que haya respuestas efectivas por las instancias gubernamentales.
Los periodistas se las tienen que arreglar por sus propios medios o recursos. Tienen que enfrentase a gobernantes indolentes y a grupos de interés que hacen lo posible para silenciar voces discordantes, hecho que nos da el rango de ser nuestro país, de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.
Mientras escribo estas líneas recibo mensajes de alerta de otros periodistas amenazados como Enrique Pastor Cruz Carranza por el mismo gobernador del estado de Campeche. Reclamos para esclarecer homicidios cobardes como el de Gregorio Jiménez de la Cruz cometido el 11 de febrero pasado, perpetrado en forma similar al sufrido por Jorge Torres, sin que haya respuestas convincentes.
Jorge Torres Palacios era un periodista que publicaba su columna “Nada Personal” en el semanario El Dictamen de Guerrero dando a conocer atropellos policiacos como los cometidos en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. No calló ante detenciones arbitrarias, secuestros, agresiones físicas y extorsiones cometidas por la policía guerrerense. Incomodaba e incomodó. Se quedan como constancias sus publicaciones de las que ahora el gobierno guarda silencio.
La crisis creciente que se vive en nuestro país y el interés del gobierno y de sus legisladores incondicionales para aprobar la reforma energética a como dé lugar intentará a toda costa que se cierren espacios o se escuchen lo menos posible voces disidentes. Las agresiones en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos se han vuelto una constante ante la incapacidad y complicidad gubernamental.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM
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