Usó la tragedia para fines políticos y ahora
evade solicitudes de audiencia: ONG
Castigo a culpables y tratamiento integral de salud a los sobrevivientes, los temas a tratar
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
La
actitud del presidente Enrique Peña Nieto ante los familiares de los
niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, hace cinco años,
ha sido
lamentable, pues únicamente se ha dedicado a evadir las solicitudes de audiencia que le han formulado, denunció José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento por la Justicia 5 de Junio.
En conferencia de prensa realizada con motivo del quinto aniversario
de la tragedia –en la que murieron 49 niños y 76 más resultaron
heridos–, el activista indicó que en varias ocasiones han pedido
reunirse con el mandatario para discutir aspectos como la sanción a los
responsables de lo ocurrido, sin que hasta la fecha hayan recibido
respuesta.
El gobernador Guillermo Padrés ha traicionado su palabra
De igual forma, abundó García Quintana, a los padres de
las víctimas les interesa abordar temas como el tratamiento integral de
salud a que tienen derecho los sobrevivientes y la necesidad de dar
impulso en todo el país a la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (conocida como
Ley 5 de Junio).
La actitud de Peña Nieto ha sido lamentable, porque sólo se ha mostrado evasivo ante nuestras solicitudes de audiencia. Al igual que Guillermo Padrés (gobernador de Sonora), usó la tragedia para sacar raja política, al prometer que habría justicia, deploró.
El
mandatario local, dijo, ha traicionado la palabra que dio a los padres
y madres que perdieron a sus hijos el 5 de junio de 2009, pues no sólo
ratificó en su cargo al entonces procurador Abel Murrieta –cuya
destitución pedían los afectados–, sino que no ha enviado borrador
alguno del reglamento para llevar a la práctica la Ley 5 de Junio en Sonora.
La falta de compromiso con esta norma es tal, dijo García Quintana,
que únicamente se han hecho avances parciales en los estados de México,
Puebla, Jalisco, Sonora, Baja California y Yucatán –aunque con graves
deficiencias en este último caso–, mientras en Tabasco y el Distrito
Federal apenas se está en un proceso de revisión de la ley para
analizar cómo aplicarla. En todas las demás entidades las acciones han
sido nulas, señaló.
En relación con la nueva comisión investigadora sobre el tema que se
está preparando en la Cámara de Diputados, el activista advirtió que no
es el primer grupo que se forma con dicho propósito, por lo que exigió
que se presente en Hermosillo para explicar cuál es su plan de trabajo
y su presupuesto, y de esa forma generar confianza entre las víctimas.
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