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Imagen
de recopilación mundial de datos de SNA. El verde indica la menor
vigilancia, seguido de amarillo, naranja y rojo, el más alto. Crédito:
Creative Commons
Descontrol, falta de regulación y opacidad
distinguen el monitoreo y la intervención de las comunicaciones
electrónicas en México, un año después de las revelaciones sobre esas
prácticas que sacudieron al mundo.
Este país latinoamericano,
de casi 118 millones de habitantes, ha sido uno de los objetivos de la
ciberintromisión masiva e ilícita de la estadounidense Agencia Nacional
de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). Pero a esa intrusión
clandestina no se respondió con cambios sustanciales para evitar
interceptaciones.
“No hay legislación sobre vigilancia e
intervención, ni buenas prácticas de las empresas. Hay un vacío legal.
Pueden estar recabando metadatos”, denunció a IPS el activista Jesús
Robles, de la no gubernamental Propuesta Cívica.
Los metadatos
son la información asociada, por ejemplo, a un mensaje de correo
electrónico o a una llamada telefónica, como quién emite y quién
recibe, dónde, a qué hora y con qué duración.
El 5 de junio de
2013, el diario británico The Guardian reveló que la NSA recogía
información de usuarios dentro y fuera de Estados Unidos, en este caso
requerida al operador de telefonía móvil Verizon Business Network
Services, el mayor de ese país.
Fue el comienzo de una serie de
revelaciones sobre las operaciones secretas de esa agencia, que realizó
Edward Snowden, excontratista de la Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos (CIA), actualmente asilado en Rusia.
La NSA usó el
programa informático Prism para espiar a varios países, entre ellos
México, sobre asuntos como combate antidrogas, energía, seguridad y
política interna.
Además, con el programa Blarney, Estados Unidos
intervino las comunicaciones de varias embajadas en Washington, entre
ellas la mexicana. Mediante otra herramienta, Boundless Informant,
captó ilegalmente llamadas y correos electrónicos que pasaron por las
redes de telecomunicaciones estadounidenses.
El periodista
estadounidense Glenn Greenwald reveló el 1 de septiembre de 2013 que la
NSA había espiado en 2012 las comunicaciones electrónicas de la
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y de su homólogo de México,
Enrique Peña Nieto, en este caso durante la campaña electoral que lo
llevó a la Presidencia.
Estados Unidos ha ignorado las protestas
mexicanas, que incluyeron una nota diplomática con el reclamo de una
investigación y una condena del bicameral Congreso legislativo.
Artículos relacionados
El
medio digital estadounidense The Intercept, dirigido por Greenwald, dio
a conocer el 19 de este mes que el programa ilícito Mystic recolecta
metadatos de los casi 100 millones de teléfonos celulares operativos en
México.
“No se ha hecho mucho. Si la sociedad supiera más, podría
presionar más a las empresas nacionales y extranjeras para que a su vez
presionen más al gobierno”, declaró a IPS el especialista Cédric
Laurant, uno de los cuatro fundadores de la no gubernamental Son Tus
Datos, dedicada desde 2012 a difundir la necesidad de proteger la
privacidad en las comunicaciones.
México también adquirió
programas informáticos para grabar voces, rastrear llamadas
telefónicas, correos electrónicos, charlas digitales, visitas a páginas
de Internet y redes sociales.
La Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares garantiza desde 2010
el derecho a la privacidad y establece que, si una institución desea
transferir esa información a terceros nacionales o extranjeros, deberá
comunicarlo a los usuarios dueños de la información junto con el
propósito para el que se autoriza,
Pero esa garantía quedó
minimizada con la entrada en vigor en marzo de 2012 de la Ley de
Geolocalización, que permite al gobierno recolectar, sin aviso alguno y
en tiempo real, datos geográficos de usuarios de teléfonos móviles.
Además,
el Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente desde marzo,
permite a las autoridades acceder a datos de geolocalización en vivo y
sin autorización previa de un juez.
El laboratorio
interdisciplinario Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá,
informó en marzo de 2013 sobre el hallazgo de dos servidores del
programa intrusivo FinFisher, fabricado por la empresa británica Gamma
Group, en redes de dos compañías mexicanas de telefonía: Iusacel y
Uninet, filial de Teléfonos Mexicanos (Telmex).
Tras este
hallazgo, Propuesta Cívica y ContingenteMX, una organización que
defiende los derechos humanos digitales, solicitaron al estatal
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI) una investigación a la empresa Obses de México sobre el uso de
ese programa.
El IFAI aprobó en marzo sanciones para la empresa mexicana Obses por vender FinFisher a entidades gubernamentales.
Los
tribunales de Gran Bretaña condenaron el 12 de mayo la decisión de la
Oficina de Aduanas e Ingresos de no investigar la posible ilegalidad de
la exportación de FinFisher por la subsidiaria internacional de Gamma
Group, lo cual abre el camino para una revisión de las ventas al
exterior del programa.
En febrero, Citizen Lab volvió a la carga
con dos informes sobre utilización de programas espías. En uno de ellos
–“ Mapeando los programas espía irrastreables de Hacking Team”, se
indica que agencias de 21 países usan o usaron el Sistema de Control
Remoto (RCS, por sus siglas en inglés), entre ellos México, Colombia y
Panamá.
RCS puede copiar archivos de una computadora, grabar
llamadas por la aplicación digital Skype, correos, mensajes de texto y
contraseñas y puede encender cámaras y micrófonos para espiar a su
objetivo. Está destinado únicamente a gobiernos.
El informe habla
de la existencia de al menos cuatro servidores en México vinculados con
empresas privadas que componen un circuito electrónico para ocultar la
ruta del espionaje.
El documento “El nexo de Hacking Team con
Estados Unidos”, también de Citizen Lab, identificó al menos 12 casos
de centros de datos con sede en ese país que pertenecen a una
estructura de espionaje fuera de esa nación. Esos servidores parecen
cooperar con 10 países, entre ellos México y Colombia, en espionaje y
operaciones legales o clandestinas.
Citizen Lab halló 14
direcciones IP (protocolo de Internet que distingue cada dirección en
la red), de las cuales 12 seguirían activas.
En el reporte anual
2013 de la Iniciativa de la Red Global (GNI, por sus siglas en inglés)
se citan los casos de Argentina, Brasil y México, pero sin suministrar
detalles.
GNI, integrada por gobiernos, académicos y empresas de
Internet, evaluó a Google, Microsoft y Yahoo! a partir de 59
expedientes, de los que 47 involucraban una petición gubernamental, 30
eran sobre privacidad y 17 sobre libertad de expresión.
El
documento informa de 29 casos de petición de datos del usuario, 11 de
criminalización de una expresión legítima y 10 de bloqueo o filtro de
la conexión.
La legislación mexicana no obliga a las empresas de
telecomunicaciones a revelar solicitudes del gobierno sobre actividades
de los usuarios de la red.
“La intervención no ha probado su eficacia, hay vulneración de derechos”, resaltó Robles.
“Hay
que concientizar al usuario para que, con un número mayor, esa masa
pueda hacer presión sobe las empresas, y que el usuario tome la
privacidad en sus manos con las nuevas herramientas”, planteó Laurant.
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