John M. Ackerman
Análisis
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El plan de votar las retrógradas reformas en las
materias energética y de telecomunicaciones durante la celebración de
la Copa Mundial de Futbol es un claro indicador de la enorme
vulnerabilidad del régimen. Si Enrique Peña Nieto se sintiera seguro en
su trono y con plena legitimidad social, no sería necesario esconderse
detrás de un espectáculo deportivo para distraer a la población. Al
contrario, un gobierno fuerte y con solidez democrática tomaría su
tiempo para convencer a los ciudadanos de las supuestas bondades de sus iniciativas en lugar de agravar el malestar social con un
apresuramiento político innecesario e inútil.
Los
únicos que tienen prisa para aprobar las reformas son las empresas y
los individuos que se beneficiarán de ellas. Televisa, Shell, Pedro
Joaquín Coldwell, Carlos Slim, Luis Videgaray, Emilio Azcárraga y una
infinidad de especuladores financieros, televisivos y petroleros rondan
como buitres sobre el cadáver descuartizado del Estado mexicano, listos
para satisfacer sus voraces apetitos. Están desesperados por concretar
el saqueo y la censura antes de que la ciudadanía se dé cuenta de que
el rey camina completamente desnudo por las calles.
En
contraste, el mejor escenario desde un punto de vista ciudadano sería
dedicar todo el tiempo necesario a involucrar a los mexicanos en la
discusión, la consulta y el debate de una serie de reformas que afectan
profundamente tanto a sus bolsillos como a sus derechos fundamentales.
Los procesos de deliberación democrática normalmente toman más tiempo,
pero casi siempre generan resultados más equilibrados y justos para
todos. “Despacio, que tengo prisa”, reza el sabio dicho mexicano.
Las
reformas energética y de telecomunicaciones son demasiado importantes
para dejarlas en manos de una clase política corrupta y desacreditada.
En lugar de apresurar irresponsablemente su aprobación, debería abrirse
la cancha a una serie de debates públicos sobre el presente y el futuro
de la nación, así como en torno al papel que juegan el oro negro y los
medios de comunicación en la sociedad. Esta exigencia central de
Alfonso Cuarón, a la cual se han sumado cientos de colectivos y
millones de mexicanos, ha sido totalmente ignorada tanto por los
poderes públicos como por los privados.
La pasarela de
opiniones de “expertos” en un Senado de la República cuya pluralidad ha
sido anulada por inconfesables negociaciones políticas, de ninguna
manera constituye un debate público auténtico. La serie de
“entrevistas”, o más bien monólogos, de integrantes del gabinete
federal en prominentes noticiarios de televisión y radio tampoco
satisface los requerimientos del diálogo democrático. Y el supuesto
“diálogo por internet” con funcionarios federales escondidos detrás de
preguntas preseleccionadas en Google Hangout no es más que una abierta
burla a la inteligencia del pueblo mexicano.
Se repite
hoy el vergonzoso escenario de la campaña presidencial de 2012, donde
los medios electrónicos de comunicación, en lugar de fomentar el debate
democrático, asumieron una postura parcial a favor de Peña Nieto y su
equipo al protegerlos de cualquier cuestionamiento incómodo o necesidad
de responder sin teleprompter. Recordemos cómo el 6 de mayo de 2012
Televisa y TV Azteca decidieron transmitir en sus principales canales
nacionales partidos de futbol en lugar del primer debate presidencial
entre Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota.
Hoy los poderes fácticos nos recetan la misma fórmula pretendiendo
utilizar el deporte como distractor para evitar la participación
política informada.
La buena noticia es que hace dos
años le salió el tiro por la culata al régimen. Primero creció la
indignación en las redes sociales por medio del hashtag
#QueremosDebateNoFutbol. Y posteriormente, apenas cinco días después
del primer debate silenciado, el 11 de mayo, se levantó la voz de los
valientes jóvenes de la Universidad Iberoamericana, lo cual transformó
por completo la dinámica del proceso electoral. En la actualidad, la
sordera intolerante del Ejecutivo federal y de Televisa tendría que
generar una respuesta similar de parte de los mexicanos.
Es
importante mencionar que la opacidad y la cerrazón no solamente son
indeseables en sí, sino que también generan graves desequilibrios
sociales. Por ejemplo, el desastre financiero y la crisis política con
los cuales culminó su sexenio Carlos Salinas de Gortari en 1994 fueron
los resultados directos del centralismo autoritario desplegado durante
su mandato. Protegidos de la ciudadanía por un grueso velo de opacidad
e impunidad, los funcionarios salinistas repartieron sin rubor el
pastel de las privatizaciones, hundieron la economía en un hoyo negro y
polarizaron políticamente a la población. Si Peña Nieto no da pronto un
golpe de timón en su conducción política, la crisis de 2018 muy
probablemente será aún más profunda que la de hace 20 años.
Para
evitar este escabroso escenario, los mexicanos tendrían que unir desde
ahora sus diversas voces en una sola exigencia de defensa del espacio
público y a favor de la equidad informativa, tal y como lo hicieron
durante la campaña presidencial de 2012. Por ejemplo, una demanda
sensata y razonable podría ser que Televisa ceda gratuitamente a la
sociedad por lo menos cuatro bloques de dos horas de programación en el
Canal 2 durante el horario AAA antes de la votación de las nuevas
reformas. De acuerdo con la Constitución, todo el espectro
radioelectrónico pertenece originariamente a la nación y, por lo tanto,
es un bien público cuyo uso tendría que priorizar los intereses
generales por encima de los particulares.
También
habría que emplazar tanto a periodistas de manera individual como al
Instituto Nacional Electoral (INE) a cumplir con sus responsabilidades
públicas. Más allá de las filias y las fobias de los dueños de los
medios donde laboran, se supone que los conductores de los noticiarios
y de los programas de análisis del país tendrían libertad para convocar
a sus propios debates entre integrantes del gabinete federal y
destacados críticos de las reformas. Su silencio cómplice hoy los
compromete a todos. Asimismo, como la institución a cargo de garantizar
el buen funcionamiento de la democracia en México, el INE también
tendría la responsabilidad de intervenir directamente para fomentar el
debate público informado y la equidad informativa.
Pero
más allá de lo que hagan o dejen de hacer los poderosos, los de abajo
no podemos esperar sentados. Habría que actuar ahora, y de manera
coordinada, antes de que sea demasiado tarde.
Twitter: @JohnMAckerman
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