Serpientes y Escaleras
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Un
dato que manejan las principales agencias de seguridad en Estados
Unidos afirma que 80% de los delitos graves que se cometen en las
grandes ciudades de ese país (Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami,
Atlanta) tiene su origen en las cárceles. En México, ese mismo fenómeno
se repite: del total de delitos graves que afectan a los mexicanos
(homicidios, secuestro, extorsión, narcotráfico), 65% se originó en las
cárceles del país.
Ese dato, que confirma la grave crisis penitenciaria que se vive
tanto a nivel federal como en las cárceles de los estados, podría ser
la explicación más clara de por qué en México no han funcionado las
estrategias de combate al crimen y a la violencia de los últimos
sexenios, desde la guerra militarizada de Felipe Calderón hasta la
fallida estrategia de la actual administración de Enrique Peña Nieto:
mientras a las fuerzas armadas del Estado, llámense policías, Ejército
o Marina, se les manda a combatir el delito en las calles, éste se
sigue generando de manera impune y protegida al interior de los centros
penitenciarios.
El mejor ejemplo de esa tesis es Chihuahua. En el 2010 la entidad
más grande del país era una de las más violentas y de mayor incidencia
en delitos como secuestro, extorsión y homicidios. Ciudad Juárez y la
capital Chihuahua, junto a casi todas las regiones del estado, vivieron
años sometidas por la delincuencia y Juárez llegó a ser considerada la
ciudad más violenta del planeta. La situación comenzó a cambiar a
partir de varias reformas que se implementaron en el estado, primero
del sistema judicial, que instauró juicios orales y modernizó el
sistema acusatorio, y luego por una profunda reforma del sistema penal
y carcelario.
Al igual que la ciudad, el penal de Juárez llegó a ser considerado
el más violento de América Latina; igual se encontraban las cárceles de
Aquiles Serdán, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, donde grupos de la
delincuencia tenían el control absoluto, almacenaban arsenales y desde
ahí operaban delitos como el secuestro y la extorsión. En la cárcel de
Juárez había una pista de caballos de un cuarto de milla en la que cada
15 días se corrían carreras y apuestas; en el penal de Cuauhtémoc había
un Palenque en donde había peleas de gallos y se presentaban cantantes;
en la cárcel de Aquiles Serdán funcionaba un bar con table dance, donde
los reos invitaban a personas del exterior que entraban y salían sin
ningún control.
Una anécdota que describe la ingobernabilidad que había en las
cárceles de Chihuahua cuenta que cuando Eduardo Guerrero Durán, fiscal
encargado de los penales, hizo su primera visita a la cárcel de Aquiles
Serdán, el director del penal preguntó para qué quería entrar. “Para
hacer una inspección”, dijo el funcionario. “Déjeme ver si puede pasar,
tengo que pedir permiso”, respondió el director y fue a pedir permiso a
los delincuentes que controlaban la cárcel. Cuando el fiscal finalmente
entró, lo primero que vio fue a cuatro hombres armados con AK-47 que le
cerraron el paso. “¿Qué busca, amigo?”, preguntaron. “Sólo quería
conocer el penal”, dijo el funcionario. “Pues ya conociste, así que a
chingar a tu madre”. El fiscal dio la vuelta y abandonó el centro
penitenciario.
A partir de ese momento la Fiscalía Especializada en Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales, a cargo de Eduardo Guerrero, inició una
reingeniería total del sistema penitenciario basada en casos de éxito
en otros países y modelos de alta seguridad en México. Más de mil
acciones y seis ejes rectores se propusieron eliminar el autogobierno y
despresurizar los penales, reconstruir la infraestructura estratégica,
fortalecer la tecnología, estandarizar proceso y procedimientos,
capacitar y fortalecer al capital humano y mejorar las oportunidades de
reinserción social.
Tres años y medio después, las cárceles de Chihuahua son
consideradas un modelo a nivel nacional y cuentan con la certificación
de la American Correctional Asociation; su modelo de prevención del
delito fue también reconocido como uno de los de más éxito en México.
Estadísticamente los delitos en las principales ciudades del estado
disminuyeron en la misma medida en que se retomó el control de los
penales, se desmantelaron 13 bandas de extorsión y 9 de secuestradores.
Se trasladó a mil 939 reos a penales federales y se reubicó a otros 5
mil en distintos penales del estado; se decomisaron 500 armas de fuego
entre cortas, largas y hechizas y más de 12 mil cartuchos, 32 granadas,
mil 401 teléfonos celulares y 5 mil litros de alcohol.
Hoy Chihuahua, si bien no puede decir que ha desaparecido el
fenómeno delictivo, ya no figura entre los estados con mayores delitos,
y cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran una
notable disminución de los secuestros, extorsiones y homicidios.
Incluso, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano han
reconocido la disminución de los delitos en el estado y Ciudad Juárez,
aunque sigue siendo una frontera conflictiva, ya no registra las mismas
tasas de violencia e inseguridad.
No puede decirse lo mismo de Michoacán, Estado de México o
Tamaulipas a pesar de que han recibido y reciben actualmente los
grandes operativos federales. ¿No estaremos viviendo con el modelo de
seguridad equivocado?
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