La Redacción
MÉXICO,
D.F. (apro).- La Cámara de Diputados integró hoy un grupo especial que
dará seguimiento a las investigaciones ministeriales del caso de la
guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde hace cinco años perdieron
la vida en un incendio 49 bebés y más de 50 resultaron con quemaduras
de primero, segundo y tercer grados.
Hace un año, el entonces
subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de
la Procuraduría General de República (PGR) y actual zar antisecuestros,
Renato Sales Heredia, se comprometió a reabrir el caso, sin que hasta
ahora se hayan fincado responsabilidades.
El 15 de julio del año
pasado, a raíz de una denuncia presentada por el grupo Manos Unidas por
Nuestros Niños, la PGR abrió una nueva línea de investigación con más
de 50 diligencias sobre las pesquisas para esclarecer las causas del
incendio de la Guardería ABC y que, según familiares de las víctimas,
se derivó de un incendio provocado en una bodega del gobierno estatal
ubicada al lado de la estancia infantil para destruir documentación.
En
dicho inmueble se habrían resguardado documentos del Fideicomiso Sonora
Proyecta, donde se manejaba una deuda de 10 mil millones de pesos,
durante la administración de Eduardo Bours.
La PGR también atrajo
el homicidio de Carlos López, el chofer que trabajaba para el
secretario técnico de Sonora, Juan Carlos Lam Pérez, de quien se dice
provocó el incendio.
Las pesquisas continúan y para darles
seguimiento, diputados federales instalaron hoy –un año después del
reinicio de la investigación– un grupo especial que ahora sí vigilará
su curso.
El grupo de trabajo quedó integrado por los siguientes
legisladores: Lourdes Quiñones, Cristina Ruiz, Francisco Cepeda y
Sergio Chávez, del PRI; José Enrique Reina y Alejandra López; del PAN;
Verónica Juárez y Lorenia Valles, del PRD; Judith Guerrero, del PVEM;
Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano; Magdalena Núñez, del PT, y
Lucila Garfias, de Nueva Alianza.
La coordinación del grupo
recaerá sobra la diputada perredista Verónica Juárez Piña, quien dirige
la comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara Baja.
Tras
instalarse como comisión, los diputados acordaron solicitar “de
inmediato” audiencias con los titulares de la PGR, Jesús Murillo, y del
IMSS, José Antonio González, así como con ministros de la Suprema Corte
de Justicia, para “conocer el estado de las averiguaciones y procesos
abiertos” en este caso.
Durante sus intervenciones, los
legisladores coincidieron en subrayar la necesidad de atender la
exigencia de justicia y aplicar, sin miramientos, castigo a los
responsables.
Juárez Piña destacó que durante estos cinco años
han estado igual número de procuradores quienes no han dado una
solución a este caso que trascendió las fronteras de México.
“Necesitamos ofrecer certidumbre a los familiares de las víctimas y que
las autoridades determinen quiénes son los responsables”, urgió la
perredista.
La próxima reunión de trabajo de la recién instalada
comisión, será el próximo 20 de junio en la ciudad de Hermosillo, donde
se reunirán con los padres de las víctimas de la tragedia ocurrida el 5
de junio de 2009.
Reaprehenden a exfuncionario
Uno
de los exfuncionarios implicados en el caso, Roberto Copado Gutiérrez,
exdirector de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, quien aprobó en
2007 la última inspección al inmueble de la guardería, fue
reaprehendido la noche del martes pasado por incumplir el pago de una
fianza y fue trasladado al Cereso de esa ciudad.
Sin embargo, el
abogado de padres de familia del grupo Manos Unidas, Gabriel Alvarado
Serrano, consideró irrelevante la reaprehensión y sostuvo que debe
realizarse acción penal en contra de las personas realmente implicadas
en el caso.
La reaprehensión de Copado Gutiérrez, dijo, se da “en
virtud de que la última fianza que le fuera requerida no alcanzó a
proporcionarla.
“Pero debo expresar que no quisiera pensar que
este es el tipo de acciones que emprende la PGR con motivo de la
cercanía del aniversario” del incendio, arguyó.
Copado Gutiérrez
quedó en libertad y fue absuelto en las primeras consignaciones, pero
continuó con otros procesos relacionados con menores lesionados y al
interponer amparos y no poder cumplir con la fianza de alrededor de un
millón de pesos, fue reaprehendido, aunque podrá quedar libre al
realizar el pago, explicó el abogado.
Respecto de la posible
detención de Juan Carlos Lam Félix, exsecretario técnico del gobierno
de Bours Castelo, el litigante refirió que ya existe suspensión de
amparo y su detención depende de la PGR.
“Hemos logrado por
nuestra parte el pleno esclarecimiento del caso, lo único que
necesitamos es que lo revele como tal la propia procuraduría”,
consideró.
Este jueves, al cumplirse cinco años de la tragedia,
padres de las víctimas acudirán al sitio donde se ubicaba la estancia
infantil para manifestarse y dedicar oraciones a sus hijos.
Mientras
que en la Ciudad de México se realizará una manifestación a partir de
las 16:00 horas que comenzará en el Ángel de la Independencia y se
pretende que culmine en la Plaza de la Constitución, donde se
proyectará un documental sobre el caso.
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