En
todo el país aumentan los conflictos entre los pueblos indígenas y las
autoridades o los intereses privados por la tierra, el agua y la
seguridad pública. En desventaja jurídica por la falta de
reconocimiento de sus derechos, las comunidades protestan, organizan
policías comunitarias y generan opciones de autogobierno, aun a costa
de la represión oficial y de la violencia criminal, lo que radicaliza
estas confrontaciones y no pocas veces desemboca en violencia.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- De Baja California a Yucatán, por los estados costeros
del Golfo y del Pacífico, así como en el centro del país, incluida la
capital, se están propagando los conflictos por la tierra y el agua,
por los usos y costumbres indígenas, contra la discriminación histórica
y la falta de apoyo gubernamental para generar oportunidades de
desarrollo. En varios casos se percibe, además, la intervención del
crimen organizado.
Los enfrentamientos se
incrementaron a partir de abril pasado, cuando fueron encarcelados
dirigentes de las comunidades nahuas de Puebla que se oponen a un
megaproyecto energético, y del enfrentamiento entre comuneros y
policías que el día 13 de ese mes dejó un herido de bala en Amilcingo,
Morelos (Proceso 1957).
El día siguiente, el 14 de
abril, la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla, de Lerma, Estado
de México, amaneció cercada por la policía porque el gobierno de
Eruviel Ávila llevó acarreados para influir en una consulta sobre la
realización de la autopista Toluca-Naucalpan, que la población rechaza
por considerarla un ecocidio contra el Parque Otomí-Mexica.
Los
casos de Morelos y Puebla tienen en común con el mexiquense la
presencia de la constructora OHL y otras trasnacionales de origen
español.
Por esos días Alejandro Bautista, dirigente
comunitario de San Andrés Totoltepec que se opuso a la Supervía y a
proyectos inmobiliarios en terrenos de los pueblos originarios del sur
de la Ciudad de México, recibió la confirmación de su sentencia por
participar en la marcha del 2 de octubre de 2013.
El
21 de mayo, un enfrentamiento en San Bartolo Ameyalco, en la delegación
Álvaro Obregón del Distrito Federal, dejó decenas de policías y
comuneros heridos. Y el siguiente día 27 dos policías fueron linchados
en la comunidad mexiquense de San Andrés Tlalámac.
En
Chiapas, las comunidades zapatistas registran una serie de embates
desde que empezó este año. El pasado 2 de mayo, en el municipio de La
Realidad, sufrieron un ataque en el que murió José Luis López, conocido
como Sargento Galeano.
En tanto, 34 indígenas están
detenidos en el mismo estado, acusados del secuestro de la exsecretaria
de Medio Ambiente y académica Julia Carabias en la reserva de la
biosfera de Montes Azules.
Los enunciados son algunos
de los más de 160 conflictos vigentes hasta febrero pasado en 24
entidades, que documenta un informe preliminar de la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), de la Secretaría
de Gobernación.
En el norte, desde que la nación yaqui
inició su oposición al Acueducto Independencia, un megaproyecto
promovido por el gobierno de Sonora para abastecer de agua a
Hermosillo, 13 de sus integrantes han sido levantados; sus dirigentes
reciben frecuentes amenazas y, en febrero pasado, aparecieron
narcomantas intimidatorias contra los inconformes en varias poblaciones
de la entidad.
Para Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, es claro: “El acoso sistemático no lo puede hacer nadie más que el Estado”.
Aun
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el 3 de
diciembre último un amparo a favor de los yaquis y ordenó acciones
precautorias a las autoridades ambientales federales, los trasvases de
líquido continúan mientras aumenta el acoso a los yaqui. Luna advierte:
“Es
una política de Estado contra el yaqui, uno de los pueblos que ha
conservado su autonomía, su identidad, su lengua y cultura, un proyecto
de desarrollo con visión propia… y todo eso molesta al Estado nacional.”
La
prensa sonorense llama a este conflicto “la guerra del agua”, que es
sólo uno de los numerosos problemas que enfrentan a los pueblos
indígenas con otros poderes, entre ellos el de la delincuencia
organizada.
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