Tiranía

Manuel Bartlett Díaz

Es imperativo para que exista en la realidad el Estado Democrático de Derecho en México, hacer cumplir al gobierno y a los medios de comunicación, con fundamento en el artículo 6º de la Constitución, el derecho a la información. Este derecho no es sólo, desde luego, la información del gobierno y de las llamadas mayorías parlamentarias, que se imponen a todas horas, porque la información no es propaganda ni publicidad. El derecho a la información es pluralismo de los medios y en los medios, acceso a la radiodifusión de comunidades e instituciones culturales, para que informen desde sus perspectivas, no sólo desde la radiodifusión comercial. Fundamentalmente es el derecho de la población a recibir información plural y veraz, para proveer datos a todos los sectores de la sociedad y de la vida política para que puedan participar en la discusión informada de los asuntos públicos y finalmente, que existan órganos constitucionales auténticamente independientes que garanticen la eficacia de los anteriores derechos, el IFAI es sólo una parte.

En el procesamiento de la reforma energética, los medios electrónicos y la mayoría de la prensa escrita, no han respetado el derecho constitucional a la información, son infractores y responsables política y jurídicamente. No han informado sobre el contenido de las reformas , limitándose a los dictados oficiales, no sólo no han contrastado posiciones disidentes, evidentes en la sociedad, las han descalificado o simplemente ignorado, no han propiciado un debate nacional con sus instrumentos públicos concesionados de amplia cobertura, lo que les es obligatorio, para que la población pudiera conocer detalladamente el cambio que se plantea, de un modelo energético nacionalista y social, por un modelo abierto a la explotación extranjera; han realizado propaganda gubernamental, retribuida generosamente, descalificando y bloqueando toda crítica. Conjuntados al gobierno, ocultando realidades, ignorando a la disidencia, ejercen, insistimos, una auténtica dictadura mediática. 

Por otro lado, en el Congreso, los operadores políticos del gobierno, que promueven la legislación energética secundaria, dolosamente avasallan a las minorías parlamentarias, trastocando las reglas del debate para que sólo una voz prevalezca —la del gobierno— banalizando su desvergonzada ubicación del debate en las fechas futboleras, aupados por comentaristas orquestados, cínicamente para que la sociedad no se entere del contenido de las reformas acordadas y dirigidas desde el extranjero, ni de sus previsible graves consecuencias políticas y económicas.

Manipulan el reglamento, eluden el debate, limitan las intervenciones críticas a minutos, no responden, para que la discusión no revele las mentiras oficiales: la demolición de Pemex y CFE, incapacitadas de competir, el saqueo de las estructuras petroleras y eléctricas a favor de las empresas extranjeras; la entrega de la rectoría y de la seguridad energética; la destrucción de la propiedad, particularmente la de los pueblos, comunidades y ejidos, sometida a las exigencias de los explotadores extranjeros, con la inaudita obligación que acepta el gobierno, de garantizarles a concesionarios la ocupación, compra o expropiación de las tierras que requieran sus explotaciones energéticas, para asegurar la “competencia”, en realidad, sumisión. 

Se trata de una reforma impuesta en vías de consumarse, con la manipulación de la opinión pública, el sometimiento del Legislativo por el Ejecutivo, con una mayoría legislativa no elegida, sólo asociada en concupiscencias económicas cupulares, ajena a sus electorados, que destruye la democracia, violando los derechos de las minorías a ser escuchadas y obligatoriamente rebatidas, lo que desde Tocqueville a Sartori es una auténtica tiranía.

Senador de la República