CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.- Hasta 2020 el Estado de México
emitió 11 órdenes de protección para víctimas de violencia de género, a
pesar de ser la entidad con más violencia contra las mujeres al sumar 85
mil 845 casos.
Un informe elaborado por el Programa de Asuntos
de la mujer y de la igualdad entre mujeres y hombres, de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indica que el estado gobernado
por Alfredo del Mazo es una de las nueve entidades que han emitido menos
de 100 órdenes de protección.
Al comparar los datos del Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres (Banavim), la CNDH encontró que hasta junio de 2020 se
registraron 607 mil 715 casos de violencia contra mujeres niñas, pero
para ese momento sólo se reportó la emisión de 73 mil 688 órdenes de
protección en todo el país.
El documento “Rutas para que las
mujeres accedan a las órdenes de protección”, enviado esta semana al
Congreso de la Unión, advierte que estas medidas de protección no se
solicitan en todos los casos de violencia contra las mujeres en el
ámbito familiar, pero aún así la brecha entre ambos datos es relevante.
El
documento muestra, sin precisar el periodo de inicio del registro, que
hasta el año pasado nueve entidades registraron menos de 100 órdenes de
protección: Oaxaca con 79, Baja California Sur con 48, Guerrero con 43,
Querétaro con 38, San Luis Potosí con 35, Aguascalientes con 20, Durango
con 15, Estado de México con 11 y Tamaulipas no registró ninguna.
De
esta lista, el Estado de México es el que reporta más casos de
violencia y sólo 11 medidas para proteger la vida de las mujeres. En
tanto, Tamaulipas no emitió ninguna orden, pero en ese año contaba con 3
mil 047 casos de violencia.
En el documento de la CNDH se
advierte que las entidades con mayor número de presuntos delitos de
violencia familiar no son las mismas que reportan haber emitido más
órdenes de protección.
Es decir, menciona que el panorama de
violencia contra las mujeres no parece corresponder con la respuesta del
Estado a través de la emisión de este mecanismo que se instauró para
proteger la integridad física y, en casos extremos la vida, de mujeres
en situación de riesgo.
El análisis también muestra que en un
contexto de violencia tan complejo, donde casi 11 mujeres son asesinadas
al día, se debe fortalecer y ampliar la difusión de las órdenes de
protección como un procedimiento para atender la violencia en el ámbito
familiar, sobre todo durante el confinamiento por la pandemia de
COVID-19.
Por otra parte, el documento destaca que no hay
claridad en la información porque hasta 2018 el Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal reportaba las órdenes de protección
otorgadas en los Centros de Justicia para las Mujeres, pero ya no lo
hace.
Aunado a esto, no todas las entidades regulan con claridad
cuál es la institución responsable del registro de las órdenes y en
algunos casos no se menciona en específico si debe existir un registro
sobre estos procedimientos.
El análisis también refiere que la
falta de información sobre cómo solicitar y emitir estas medidas puede
generar retraso o negación del recurso, por lo que es necesario
fortalecer su diseño y difundir quién puede solicitarlo, a qué
institución acudir para hacerlo, cuánto dura y cómo se implementa.
Para
el organismo defensor de los Derechos Humanos, la regulación de las
órdenes de protección debe ser clara, armonizada con las leyes en
materia familiar y penal, evitar la burocracia en su emisión y eliminar
disposiciones que impliquen condicionamiento, por ejemplo, que las
víctimas acrediten la violencia para acceder a este mecanismo.
En
este escenario, en el documento se señala que los institutos estatales
de las mujeres podrían difundir mayor información al respecto porque son
mecanismos claves para que las mujeres accedan a información y a
servicios donde detecten situaciones de riesgo y reciban atención
oportuna.
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