Por Juan Becerra Acosta
Violencia criminal y violencia política no son lo mismo, la primera busca generar ganancias económicas y la segunda cambiar o modificar al gobierno y con ello las acciones y políticas que emprende. A veces es complicado distinguir una de otra debido a que la actividad criminal que busca generar dinero puede hacerlo para utilizarlo con fines políticos, y los fines políticos pueden tener como intención hacerse de recursos económicos, pero hay que tener claro algo, no son lo mismo pero tampoco son excluyentes.
Los embates que en cuatro estados del país se han reportado durante la última semana, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, al que se suma el intento de otro que el pasado sábado fue frustrado por fuerzas federales y estatales en Michoacán cuando al menos 164 integrantes de grupo criminal llamado “Pueblos Unidos” intentaron irrumpir en los municipios de Uruapan y Parangaricutiro y fueron detenidos, responden claramente a un tipo de violencia criminal de índole política para lo que la delincuencia ha utilizado lo que comúnmente se conoce con el nombre de “calentar la plaza”.
Los detonantes de violencia parecían en un primero momento, cuando comenzaron a darse los ataques, hechos aislados: en Guanajuato y Jalisco vehículos y comercios fueron incendiados a través de un operativo criminal para evitar que líderes del CJNG fueran detenidos durante un acción coordinada por parte de autoridades que detectaron un cónclave en el que se reunirían sus mandos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, tras una riña al interior del penal (CERESO-3) entre los grupos criminales “Los Mexicles” y “Los Chapos”, y una vez que ésta fue contenida, integrantes de “Los Mexicles” arremetieron contra la población civil al asesinar ciudadanos e incendiar vehículos y comercios. En Tijuana, Mexicali y Tecate, Baja California, la noche del viernes integrantes del crimen organizado obligaron a ciudadanos a descender de sus vehículos para prenderles fuego, lo anterior después de que “avisaron” que habría toque de queda, hecho que confirma la operación de una estrategia de comunicación para crear pánico en la ciudadanía, por lo que la idea de que esos ataques fueran hechos aislados no suena real.
Cuando el Estado lleva a cabo acciones para reprimir al crimen organizado éste último se plantea qué estrategia deberá efectuar para poder continuar con su actividad ilícita; las opciones son el corromper a las autoridades o enfrentarlas. La corrupción le será a la organización criminal de mayor conveniencia pues evita su debilitamiento ante enfrentamientos que deberá tanto efectuar como repeler ante las fuerzas de seguridad gubernamentales, lo que lo sin duda lo volvería vulnerable ante otras organizaciones delincuenciales enemigas. Además si se da “el trato”, tendrá mayor facilidad de operar al contar con la venia y apoyo de quien tendría que se sus principal obstáculo. La primera opción del crimen organizado será plata antes que plomo.
Suma gravedad a una colusión de este tipo, y detona otro generador de violencia, el que el grupo criminal que corrompe a la autoridad no sólo la utiliza para protegerse, también como brazo para perseguir a sus rivales. Cuando la autoridad y el crimen organizado están coludidos la “plaza” está tranquila, lo último que los delincuentes y las fuerzas de seguridad desean es que haya violencia, ello los desestabilizaría.
Si una organización criminal se enfrenta al Estado se vuelve más violenta, si además tiene competencia con grupos antagónicos se debilita, lo que genera todavía más violencia. Por ello la estrategia para pacificar al país que tal vez menor violencia pueda generar es aquella que se aleje de la guerra y que a través de labores de inteligencia desarticule al mismo tiempo redes financieras y mandos medios de las organizaciones delincuenciales, para así afectar los procesos que requieren de recursos monetarios mientras se crean conflictos de sucesión al interior de los grupos.
Las respuestas violentas por parte del crimen que en distintos estados de la República se dieron durante esta semana parecen responder justo al intento por subsistir que grupos delincuenciales dan cuando lo que enfrentan es la imposibilidad de colaboración con el Estado. Aunado a ello, el interés de distintos poderes fácticos en desestabilizar un gobierno que corta de tajo modelos y privilegios a los que estuvieron acostumbrados durante muchos años, puede encontrar en grupos criminales brazos armados para generar la desestabilización política que buscan, algo que convendría enormemente a quienes operaron en colusión con el crimen con absoluta impunidad durante demasiados años, los mismos que han normalizado el nombre de “plaza” para referirse al territorio
La delincuencia organizada cuenta con una estrategia de comunicación política para, justo, cometer violencia política. Consiste en provocar temor en la población; para ello incendian vehículos, comercios, atacan a la ciudadanía y con ello generan caos e incertidumbre. Sobre los hechos sucedidos durante los últimos días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán surgen, de muchas más, dos grandes interrogantes. ¿Dónde queda entonces el supuesto pacto entre el crimen organizado y el gobierno actual que tanto acusa la comentocracia?, y ¿bajo las ordenes de quién y por qué quieren crear inestabilidad?
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