México deberá vigilar derechos de mujeres y niñas indígenas: recomendación 39 Cedaw

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto: César Martínez López.-

Ciudad de México.- México deberá implementar las medidas políticas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo los principios que establece la recién aprobada recomendación general 39 por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

El Comité adoptó dicha recomendación el pasado 26 de octubre luego de una serie de reuniones a las que acudieron 70 mujeres y jóvenes lideresas indígenas de 21 países y 24 pueblos indígenas de las Américas.

Ya aprobada, esta recomendación general brinda orientación a los Estados partes sobre medidas legislativas, políticas y otras medidas para asegurar la implementación de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo la CEDAW.

IMAGEN: ONU Mujeres

Entre los Estados partes se encuentra México, país que deberá adoptar las siguientes medidas:

En materia de igualdad y no discriminación México deberá desarrollar políticas integrales para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas indígenas; estas propuestas deberán incluir medidas para abordar la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas indígenas con discapacidad, adultas mayores, aquellas pertenecientes a la comunidad LGBT, las que se encuentran en situación de pobreza, aquellas que viven en áreas rurales y urbanas, quienes han sido desplazadas forzosamente, refugiadas, migrantes dentro y fuera de sus países; las viudas, cabezas de familia o huérfanas a causa de conflictos armados nacionales e internacionales.

También se deberá asegurar que las mujeres indígenas sean iguales ante la ley y tengan igual capacidad para celebrar contratos, administrar y heredar bienes. Además se tendrá que adoptar la legislación necesaria para garantizar plenamente los derechos de las mujeres y niñas indígenas a la tierra, el agua y otros recursos naturales, incluido su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

“Los Estados deben asegurar que las mujeres indígenas en áreas rurales y urbanas tengan igual acceso a la propiedad, título, posesión y control sobre la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que hayan poseído, ocupado o utilizado o adquirido de otra manera, incluyendo protegiéndolos contra la discriminación y el despojo”, destaca el Comité.

Sumado a lo anterior, los tres niveles de gobierno están obligados proteger a mujeres y niñas indígenas de la discriminación por parte de actores tanto estatales como no estatales dentro y fuera de sus territorios, incluyendo negocios y empresas, “especialmente en las áreas de participación política, representación, educación, empleo, salud, seguridad social. protección, trabajo digno, justicia y seguridad”.

De lo anterior, el Estado deberá proporcionar información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas, presupuestarias, de seguimiento y evaluación, en sus informes periódicos al Comité.

La recomendación general 39 también aborda consideraciones en materia de acceso a la justicia, ámbito en el que se recomienda a los Estados partes asegurar que las mujeres y niñas indígenas tengan acceso efectivo a sistemas de justicia indígenas y no indígenas adecuados, libres de discriminación racial y de género, prejuicios, estereotipos, castigos y represalias.

Para ello se debe proporcionar capacitación continua a jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los sistemas de justicia indígenas y no indígenas sobre los derechos de las mujeres y niñas y “la necesidad de un enfoque de justicia guiado por una perspectiva de género, interseccional, mujeres indígenas y niñas, perspectiva intercultural y multidisciplinaria”. El Comité también recomienda reclutar, capacitar y nombrar mujeres indígenas juezas y otro personal judicial en sistemas de justicia indígenas y no indígenas.

“Garantizar que las Mujeres y Niñas Indígenas sin medios suficientes y a quienes se les ha quitado la capacidad jurídica tengan acceso a asistencia jurídica gratuita y de calidad, incluso en casos de violencia de género contra las mujeres. Los Estados partes deben apoyar financieramente a las organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia legal gratuita y especializada a las mujeres y niñas indígenas”, señala el Comité, añadiendo otra serie de medidas en torno a la participación efectiva en la vida política y pública, haciendo énfasis también en los derechos a la educación, trabajo, salud, cultura y medio ambiente.

Por ejemplo, en materia de participación efectiva en la vida política, CEDAW insta a los Estados a establecer mecanismos de rendición de cuentas para evitar que los partidos políticos y los sindicatos discriminen a las mujeres y niñas indígenas. Además de crear, promover y asegurar el acceso de estas mujeres a cargos políticos a través del financiamiento de campañas; entrenamiento de habilidades; incentivos; actividades de sensibilización de los partidos políticos para postular a Mujeres Indígenas como candidatas; y servicios adecuados de salud, guarderías y servicios de apoyo para el cuidado de las personas mayores.

Al hablar de derecho a la educación se recomienda que, entre otros puntos, los gobiernos desarrollen programas de becas y ayuda financiera para promover la inscripción de mujeres y niñas indígenas, incluidos campos no tradicionales como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), además de reconocer y proteger el conocimiento indígena y las contribuciones de estos pueblos.

“Crear sistemas de apoyo interdisciplinarios para Mujeres y Niñas Indígenas para reducir su participación desigual en el trabajo de cuidado no remunerado y combatir el matrimonio infantil, y ayudar a las víctimas a denunciar actos de violencia de género y explotación laboral. Los sistemas de apoyo social deben ser operativamente efectivos, accesibles y culturalmente receptivos”, señala el Comité.

CIMACFoto: César Martínez López

En materia de derechos laborales, México deberá garantizar condiciones de trabajo equitativas, seguras, justas y favorables y seguridad de ingresos para las mujeres; ampliar y promover las oportunidades de formación profesional y vocacional; proteger la salud y seguridad ocupacional; ampliar la cobertura de la protección social e incorporar plenamente el principio de igualdad salarial.

En temas de salud se insta a los Estados a garantizar servicios e instalaciones de salud de calidad; brindar información rápida, completa y precisa en formatos accesibles sobre servicios de salud sexual y reproductiva; a asegurar el reconocimiento de los sistemas de salud indígenas, los conocimientos, prácticas, ciencias y tecnologías ancestrales, y prevenir y sancionar la criminalización de estos conocimientos.

En cuanto a medio ambiente se exhorta a asegurar que las mujeres y niñas indígenas tengan igualdad de oportunidades para participar de manera significativa y efectiva en la toma de decisiones relacionadas con este tema; a garantizar que existan recursos efectivos y mecanismos de transparencia para que los responsables de daños ambientales rindan cuentas, finalmente que se asegure el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres y niñas en asuntos que afecten su medio ambiente, tierras, patrimonios culturales y recursos naturales.

“Esto incluye cuando se hace cualquier propuesta para designar sus tierras como un área protegida para fines de conservación o mitigación del cambio climático o secuestro y comercio de carbono; se propone un proyecto de energía verde en sus terrenos; y en cualquier otro asunto que afecte significativamente sus derechos humanos”.

Comité CEDAW Fotografía: Twitter @leticia_bonifaz

Se estima que hay 476,6 millones de pueblos indígenas en todo el mundo, de los cuales más de la mitad (238 millones) son mujeres. Históricamente las mujeres indígenas han sufrido discriminación y violencias en razón de género y etnia, lo que ha provocado mayores niveles de pobreza y violencia, que incluyen un acceso limitado a servicios sociales y una baja representación en la toma de decisiones.

Desde hace años CEDAW ha solicitado en los informes periódicos presentados por los Estados parte información sobre la situación particular de las mujeres indígenas; sin embargo, las naciones demostraron la invisibilización en la que vive este sector de la población. Por ello, la adopción de la recomendación abre un panorama de derechos para las mujeres y niñas indígenas.