Muerte de mujer normalista en Tlaxcala muestra criminalización histórica contra normales rurales

Escrito por Diana Hernández Gómez 

Alumnas de las normales rurales durante la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. CIMACFoto: Diana Hernández Gómez

Tlaxcala, Tlax.- Beatriz Rojas Pérez murió luego de que un operativo policial reprimiera una manifestación de estudiantes normalistas en la que ella participó. Esto provocó un posicionamiento por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); además, el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala dejó su puesto y será sustituido por otro funcionario. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado quién es el responsable por la muerte de la joven de 21 años en medio de este hecho que se ha vuelto una constante para las y los normalistas en México.

Beatriz estudiaba en la Escuela Normal Rural «Benito Juárez«, en Panotla, Tlaxcala. Desde el 12 de septiembre, las alumnas de esta escuela se habían manifestado para pedir recursos económicos, así como la ampliación de la matrícula cada ciclo escolar. En esta fecha, las aspirantes a maestras marcharon hasta la Secretaría de Educación Pública local, donde entregaron un pliego petitorio con sus solicitudes puntuales.

Para octubre, las protestas continuaron y se incluyeron las exigencias de mejorar las instalaciones de la Normal, abastecer el comedor estudiantil y destituir al cuadro directivo de la institución por la falta de claridad en el manejo de recursos económicos para la escuela y un posible desvío de recursos.

Esto llevó a las estudiantes a manifestarse en la capital de Tlaxcala el 15 de octubre; intentaron visibilizar su movimiento durante la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2022 (celebrada en la capital tlaxcalteca), pero un operativo encabezado por policías antimotines frenó la protesta.

Finalmente, el pasado 20 de octubre, las estudiantes realizaron otra manifestación sobre la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala, a la altura de una glorieta conocida como El Trébol. Su objetivo era llegar al Centro de Convenciones de Tlaxcala, donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Gobernación Adán Augusto López estaban participando en el foro Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública.

Sin embargo, las estudiantes no pudieron llegar al lugar debido a un operativo por parte de la policía estatal, la cual reprimió a las manifestantes lanzándoles cartuchos de gases lacrimógenos. Esto desató un enfrentamiento en el que Beatriz resultó gravemente lesionada por un golpe en la cabeza, lo que provocó que la trasladaran al Hospital General de Zona número 1 del IMSS-Bienestar, en el centro de Tlaxcala.

Posteriormente, la joven fue llevada al Hospital de Traumatología y Ortopedia en el estado de Puebla, pero tanto aquí como en Tlaxcala los médicos la diagnosticaron con muerte cerebral. Al día siguiente, el 21 de octubre, Beatriz perdió la vida.

Escuela Normal cambia de directivos y Seguridad Ciudadana de titular tras muerte de Beatriz

La muerte de Beatriz provocó la indignación y el rechazo entre diferentes organizaciones como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Dicha Federación y el Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara de la Normal Rural «Benito Juárez» lamentaron los hechos y responsabilizaron al gobierno de Tlaxcala, al secretario de Educación del estado, Homero Meneses, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Ruiz García. Ruiz García, por su parte, renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el jueves 27 de octubre por supuestos motivos personales e incluso abandonó el estado de Tlaxcala.

Las estudiantes de la Normal Rural también pidieron que el gobierno de Lorena Cuéllar cubriera los gastos de salud de entre 25 y 30 estudiantes que también han resultado lesionadas durante las manifestaciones. Además, continuaron exigiendo un cambio en el cuadro directivo de su escuela.

Esta última demanda finalmente fue atendida: el lunes 31 de octubre, Íker Palacio Rodríguez tomó posesión como nuevo director de la Normal Rural «Benito Juárez». Por su parte, Darney Mendoza Morales e Itzel Ponce López fueron nombradas subdirectoras académica y administrativa respectivamente. No obstante, aún no hay una respuesta sobre quién o quiénes resultarán responsables por la muerte de Beatriz.

A raíz de esto, la ONU-DH ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para esclarecer las condiciones en las que falleció la joven normalista. Pero varios llamados como este han tenido lugar una y otra vez ante el caso de Ayotzinapa, otro caso donde los estudiantes organizados también fueron reprimidos y, hasta la fecha, continúan desaparecidos. Pese a los llamados y exigencia de justicia, hasta la fecha sigue sin haber culpables condenados por estos hechos.

Las normales rurales: una historia de represión

Las escuelas normales rurales en México surgieron en la década de 1920 como un proyecto de educación destinado principalmente para que los hijos de campesinos tuvieran acceso a la educación. En este sentido, de acuerdo con Maider Elortegui Uriarte —maestra en Estudios Latinoamericanos—, desde sus inicios estuvo vinculado con el reparto agrario y las aspiraciones de «justicia social» emanados de la Revolución Mexicana.

Por otro lado, desde las décadas de los 50 y 60 (durante los periodos de la llamada guerra sucia en México), la organización de maestros y estudiantes de las normales rurales fueron criminalizados no sólo debido a sus posturas políticas e ideológicas sino también a su estrecha relación con líderes como Lucio Cabañas.

Esta criminalización ha dejado a las escuelas poco a poco sin recursos ni matrículas para recibir a más estudiantes. Además, los casos de hostigamiento policial han sido permanentes en lugares como Tiripetío (Michoacán), El Mexe (Hidalgo) y Mactumatzá (Chiapas). En el caso de la Normal Rural «Benito Juárez», desde antes de la muerte de Beatriz, las estudiantes denunciaron que ha habido policías rondando su escuela como acto de intimidación.

La muerte de Beatriz y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son sólo una muestra de esta criminalización histórica que ha existido en México contra las normales rurales. A pesar de ello, las y los estudiantes continúan organizándose.