8/28/2010

Por una democracia ciudadana

Miguel Concha

Hay entre la población una evidente preocupación por situaciones que se han vuelto cotidianas: los enfrentamientos entre sicarios y la fuerza pública; la inseguridad de la población mayoritaria; las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas; los conflictos entre altos jerarcas eclesiásticos y autoridades, y muchos temas más.

Dentro de algunos meses todas estas preocupaciones se verán desplazadas por las precampañas electorales, que muy probablemente tendrán como puntos de referencia los temas que prioricen los monopolios televisivos. Creo, sin embargo, que aún es tiempo –aunque para ello tendríamos que iniciar desde ahora– de poner sobre la mesa los temas más importantes para el futuro próximo del país, y no sólo aquellos que interesan a las próximas elecciones. Y es que, sin pecar de alarmistas, lo que está en juego desde ahora, y no nada más en el proceso electoral, ya no es solamente la viabilidad del Estado, sino la viabilidad misma de la nación.

Creo que cada persona preocupada, cada organización de la sociedad y cada partido político tendrá que poner sobre la mesa lo que considera importante. Esto es lo que a la ciudadanía le dejará ver la altura de miras o la mezquindad de cada quien. Por lo que a mí corresponde, propongo los que me parecen siguen siendo los temas más importantes de preocupación.

1) El futuro de los derechos humanos. Hace apenas unos cinco años veíamos con preocupación que los derechos económicos y sociales estaban en serio riesgo ante el estancamiento de la economía y la profundización de las desigualdades socieconómicas. Hoy esta preocupación se ha acrecentado, y se le han añadido las serias violaciones a los derechos civiles y políticos que creíamos ya superadas. Para nada es admisible que al pueblo de México se le quiera cambiar seguridad por democracia. Y así como el tiempo demostró que no fueron intercambiables estabilidad por crecimiento, pues al final del camino perdimos ambos, no esperemos que, so pretexto de seguridad, no ganemos ésta, y en cambio perdamos nuestra aún precaria democracia. Urge entonces volver a poner en la discusión pública el tema real del respeto a la integralidad de los derechos humanos, para que por fin se exprese en sus mediaciones concretas, que son las políticas públicas, y no solamente como adorno para rematar los discursos políticos. Dentro de esta misma perspectiva, habrá que abordar el tema de la democracia de la diferencia. Esto es, el reconocimiento de la equivalencia de las personas no obstante su diversidad racial, religiosa, sexual, de edad y de cualquier otro tipo.

2) El desarrollo socieconómico. Algo hemos estado haciendo peor que todos los países de América Latina, pues desde hace años estamos al final de la cola del desarrollo en la región. Los efímeros logros en la disminución de las cifras de la pobreza (no de toda la pobreza, sino sólo de la parte más aguda de ella) no resisten el embate de cualquier crisis, para no regresar magnificados. Frente al estancamiento económico, parece que se tiene una sola estrategia: deteriorar el poder adquisitivo de los trabajadores y anular su organización y sus conquistas, como si se pudiera pensar en un crecimiento (ya no digo desarrollo) con grupos empresariales poderosos y sindicatos débiles o inexistentes. Hay algo cuya importancia subrayan tanto en la Unión Europea como en América Latina las propuestas más avanzadas de desarrollo, la cohesión social. La estrategia del garrote contra los sindicatos, la indiferencia ante las demandas campesinas, la ceguera ante la cantidad creciente de jóvenes, que a falta de un Estado que les ofrezca alternativas tienen como única opción la delincuencia o la migración, disuelven el tejido social y amenazan la viabilidad de la nación. ¡Qué lejos estamos de políticas que impulsen la cohesión social!

3) La democracia. Un país de violación de derechos y de estancamiento económico con desigualdad social no puede ser un país democrático. A lo más que puede aspirar es al acuerdo entre algunos socios, las elites partidarias, para rotarse el poder en función no de los programas que propone a la ciudadanía, sino de los recursos que consigue para despensas que mitigan el hambre por unos días, construir míseras viviendas y pagar promocionales en una televisión que vende imágenes caras, pero que es incapaz de comunicar contenidos. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener una democracia así de precaria? Urge, entonces, repensar nuestra democracia, para que su horizonte no se agote sólo en reformas mínimas que resulten de negociaciones políticas entre elites partidarias, pero eso sí, amparadas en grandilocuentes discursos. La principal reforma política que se necesita es la que modifique la relación entre el gobierno y la sociedad, para que pueda pasar del nivel tutelar en el que ahora se encuentra a una democracia de la ciudadanía, supuesto fundamental de la soberanía de un Estado. No nos ha servido tener modificaciones legislativas que permiten abrir las puertas a la participación ciudadana, para que después las políticas y los políticos las cierren ignominiosamente. Aún estamos a tiempo de que la discusión sobre el futuro del país esté a la altura de los desafíos reales que ya tenemos en nuestro presente. Dudo, sin embargo, que las elites tengan prisa. De una u otra manera a unas y a otras el estancamiento les ha beneficiado. La prisa tiene que estar del lado de la ciudadanía, si es que queremos resolver democráticamente la situación actual.

Conformidad y desconfianza

Enrique Calderón Alzati

Las recientes declaraciones del secretario de Desarrollo Social, con motivo de la inauguración de la Conferencia Mundial de la Juventud realizada en el estado de Guanajuato, con los mismos tintes políticos de otros encuentros recientes, constituyen una muestra más de las limitaciones éticas y mentales del actual grupo gobernante, que parece no entender en su conjunto las responsabilidades propias del gobierno, según lo marca la Constitución.

Calificar a los jóvenes –que en cifras abrumadoras se encuentran ante una realidad que no tiene nada que ofrecerles para su mera subsistencia– como enfermos mentales, incapaces de encontrar por ellos mismos las formas de construir su futuro, conforma además de insensibilidad política, una declaración cínica e inaceptable para alguien que supuestamente tiene a su cargo la responsabilidad del desarrollo social del país.

La Secretaría de Desarrollo Social es de reciente cuño: su creación es de alguna manera la aceptación tácita de los últimos gobiernos de que las políticas económicas neoliberales estaban generando pobreza, sin que pudieran hacer nada para revertir los efectos perversos que ellos estaban creando, y que la aplicación de paliativos, mediante la distribución de apoyos económicos, era estrictamente necesaria para evitar posibles estallidos sociales. Para el actual gobierno, proclive a la violencia, seguramente la represión es más barata y eficiente, y los regaños del funcionario constituyen una advertencia en este sentido.

Las declaraciones, por otra parte, no sorprenden ya, luego de otras igualmente desafortunadas, que datan de los tiempos del ¿Y yo por qué?, pero superadas sin recato por quienes sintiéndose en una especie de limbo no se consideran responsables ni de la inseguridad rampante, ni de la falta de prevención ante posibles desastres, pero tampoco del desempleo y la pobreza creciente, de la corrupción , ni de ningún otro de los problemas que existen sólo en nuestra imaginación, y de la cual somos nosotros los únicos responsables.

Recientemente un destacado miembro del PRI se refirió al gobierno de los cuates, refiriéndose a los funcionarios del actual gabinete. Independientemente de que la imagen que tengo de este congresista no es la mejor del mundo, creo que tiene razón al decirlo, porque al analizar los antecedentes de todos estos funcionarios de Felipe Calderón, lo mejor que podemos esperar de ellos es que no hayan hecho, ni destacado en nada.

¿Cuál es la explicación de cómo alguien puede llegar a un puesto de secretario de Desarrollo Social, de Educación o de Comunicaciones sin que exista alguna razón para ello, aparte de un lazo de amistad directa o indirecta (por recomendación) con el Presidente? Me atrevo a pensar solamente en dos: el desdén del Presidente mismo por el país que ha sido puesto en sus manos, así como por los hombres y mujeres que viven en él, o bien la incapacidad del mismo personaje para entender la grave responsabilidad que implican los diferentes puestos de secretarios de Estado, así como de la suya propia como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso actual, creo que se trata de la primera razón, aunque con algunas dudas sobre la segunda. Cuando yo era apenas un estudiante de la Universidad Nacional, me sentía orgulloso de que Javier Barros Sierra –quien era considerado uno de los ingenieros más brillantes del país– fuese el ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, luego de que había sido director de mi escuela. Ello sucedió durante el gobierno de Adolfo López Mateos.

En todos los gobiernos anteriores al de Carlos Salinas de Gortari hubo otros destacados mexicanos, como el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones con Luis Echeverría, o el doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de Salud algunas veces y director del IMSS en otros gobiernos; Hugo Margáin o David Ibarra, secretarios de Hacienda, o don Manuel Tello y Jaime Torres Bodet, en las secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública, figuras de relevancia nacional, por sus ideas y sus hechos, mucho antes a su llegada a los altos puestos de gobierno.

Seguramente en los gobiernos priístas hubo funcionarios corruptos e incompetentes, pero también otros de imagen intachable, competentes y comprometidos con el país, incluso era claro que muchos de estos hombres representaban intereses y grupos de poder, como los de los médicos, de los ingenieros, de los economistas, de los industriales o de los militares, pero la diferencia era que esos grupos también estaban comprometidos con México, y sus intereses no constituían riesgos para el resto de la nación.

Difícilmente se podía pensar que esos hombres fueran amigos o cuates del presidente; la capacidad, la visión y el liderazgo iban por delante de los nombramientos políticos.

Eso ha cambiado radicalmente. En el gobierno de Fox, siguiendo los cánones establecidos en las grandes empresas, se optó por contratar los servicios de head hunters, con resultados bastante pobres por cierto, pero los grandes problemas estaban en otras partes, la corrupción familiar incluida, esa que el actual gobierno ha soslayado sin recato y con un alto costo político y de credibilidad para Felipe Calderón.

La conformación del gobierno actual es distinta y se caracteriza por una desmedida cantidad de amigos personales del actual mandatario, algunos de los cuales podrían catalogarse incluso como cómplices, por el trabajo sucio que realizaron en la campaña política que lo llevó al poder, y otros más que responden a recomendaciones de los diferentes grupos que con sus recursos financieros o sus malas artes (como Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, etcétera) constituyen compromisos para ese mismo fin.

Sería deseable que estas prácticas fueran desterradas en el futuro; al menos no tendríamos que enterarnos de discursos patéticos como el aquí comentado.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario