Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
José Gil Olmos
Para Pedro Matías, por el reconocimiento a su oficio de reportero
MÉXICO, D.F., 25 de agosto (apro).- Después de constatar las condiciones de peligro en que trabajan los periodistas en México, los enviados de la ONU no pudieron conversar con Felipe Calderón quien, de esta manera, mostró nuevamente el poco interés y hasta la aversión que siente por los reporteros desde que era diputado y dirigente nacional de su partido, el PAN.
A Calderón no le gusta la prensa y si la soporta es por mera conveniencia. Su menosprecio no es de ahora, sino desde que paseaba por los pasillos del Congreso legislativo y las oficinas de su partido. Pero se le acentuó más conforme fue saltando a puestos de gobierno y, sobre todo, cuando llegó a Los Pinos.
Calderón ve a la prensa como un mal necesario, como un elemento que le incomoda y le molesta, y prefiere evitar cualquier contacto.
La intemperancia a la prensa muestra la inclinación autoritaria que Calderón ha expuesto en varios momentos de su gobierno, desde la implementación de la estrategia militar en el combate al crimen organizado hasta la criminalización de la protesta social, pasando por la falta de acuerdos con los partidos de oposición para sacar adelante las reformas laboral y electoral, entre otras.
Sin tener un sólo dato de las razones por las que el jefe del Ejecutivo no quiso reunirse con ellos, los relatores de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se mostraron preocupados por el desinterés de Calderón, sobre todo por la grave situación por la que atraviesa el ejercicio periodístico, debido al creciente poder del crimen organizado.
“Creo que es una oportunidad perdida”, dijo en tono lacónico La Rue al precisar que Calderón hubiera aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje a la prensa y decir que se solidarizaba con los periodistas mexicanos.
Sin embargo, todo parece indicar que a Calderón no le quita el sueño el asunto de los riesgos que atraviesa la libertad de expresión en algunas regiones del país, donde han optado por la autocensura frente a las amenazas de los diferentes grupos del crimen organizado.
De hecho, eso fue lo que dijo a través de twitter cuando hace unas semanas secuestraron a cuatro reporteros y un usuario le preguntó si le preocupaba esa situación. “Eso no me quita el sueño”, espetó sin preocupación alguna.
Pero si el gobierno hizo poco caso a los relatores de la ONU, tampoco se sabe si tuvieron contacto con los dueños de las televisoras, de las estaciones de radio y de los principales periódicos y revistas para conocer las condiciones laborales de los periodistas mexicanos.
Porque son los dueños y directivos de los medios los primeros responsables en dar garantías de seguridad a los reporteros, a quienes algunas veces los envían a cubrir eventos en las zonas de mayor riesgo sin tener siquiera Seguro Social, menos seguro de vida o de gastos médicos mayores.
Ni el gobierno ni los dueños de los medios se han preocupado por reconocer legalmente el trabajo de los periodistas; tampoco por ofrecer las garantías mínimas de seguridad social. Hay empresas que prefieren dar contratos de meses y pagar como colaboradores a sus reporteros para no contratarlos y evitar darles los derechos que por ley tienen.
Mientras tanto, el ejercicio del periodismo en México se hace cada vez más difícil por la impunidad con que ejercen su poder no sólo los grupos del crimen organizado, sino los caciques, ediles, gobernadores y representantes de grupos políticos y económicos que presionan para incidir en el ejercicio de la libertad de expresión.
El desdén de Calderón preocupa también por otra razón quizá más de fondo. Al final lo que le importa es que haya una prensa a modo para que no cuestione ninguna de sus decisiones, una prensa apacible a sus cambios de temperamento, una prensa silenciosa a sus errores.
Y si esa prensa es secuestrada por el crimen organizado, a Calderón le conviene tenerla igualmente amordazada en víspera de las elecciones de 2012.
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