Plan B | Lydia Cacho
No llevan capucha ni se molestan en cubrirse el rostro. Representantes de Los Zetas entran en las oficinas de diversos diarios del país, entregan las notas y con voz pausada, sin dramatismo, amenazan de muerte a editores de medios. El contenido se refiere al “daño” causado por el Ejército. Algunos publican esta información; quién puede culparles, si cada vez más procuradores y gobernadores recomiendan a directivos de medios que publiquen y no se arriesguen.
La marcha de narcotraficantes salió a las calles de Zacatecas. Esposas, hijos y hermanos de los delincuentes caminaron exigiendo su derecho “a una vida en paz”. Los vecinos distinguieron las camionetas blindadas con placas sobrepuestas, reconocieron a líderes narcomenudistas, a cuatro ex policías judiciales despedidos. Y como en un teatro del absurdo, la marcha pasó ante el pueblo y las autoridades. Las pancartas pedían que salgan los militares. La esposa de un famoso sicario llevaba el lema “No más niños muertos, fuera el Ejército”.
Lo cierto es que estamos ante un reto mayúsculo. Nadie la tiene fácil; ni los medios, ni la sociedad, ni las autoridades. En varios estados periodistas y vecinos distinguen a las numerosas familias que viven del narcotráfico y la delincuencia organizada (en sus negocios legales e ilegales), pero también es cierto que cada vez más personas se han resignado a vivir en un país en que la narcoeconomía ha resuelto los problemas de pobreza y desempleo. Para mucha gente, desde Chiapas hasta Chihuahua, el dilema no es si entrar o no en las narcoempresas, sino con qué cártel conviene hacerlo. Millones de personas no están de acuerdo con esta visión.
Este problema tiene muchas ramificaciones, pero aquí me ocuparé de una: la incapacidad del presidente Calderón para aliarse con las organizaciones civiles (OSCs) críticas y profesionales que desde hace décadas trabajan en sus comunidades contra la violencia, la corrupción y por los derechos humanos. Estas, que no pertenecen a las élites convocadas al Diálogo por la Seguridad, llevan años haciendo diagnósticos locales que permiten entender la compleja realidad. Son sus activistas quienes han creado redes sociales de prevención y educación. Y sí, también han documentado los casos de violaciones graves del Ejército y autoridades, y son críticas del sistema; sin embargo, su trabajo está centrado en la dignidad de las personas y son herramienta para desahogar posibles estallidos sociales. Fortalecer a las organizaciones civiles en este momento puede ser la jugada más importante del gobierno federal. Son ellas quienes conocen a quienes marchan, gobiernan y escriben por el país y a los que lo hacen para defender intereses oscuros. Un diálogo estratégico que respete las diferencias y se alíe en las coincidencias es herramienta contra el narcocinismo. Calderón necesita entender quiénes son sus verdaderos enemigos.
La marcha de narcotraficantes salió a las calles de Zacatecas. Esposas, hijos y hermanos de los delincuentes caminaron exigiendo su derecho “a una vida en paz”. Los vecinos distinguieron las camionetas blindadas con placas sobrepuestas, reconocieron a líderes narcomenudistas, a cuatro ex policías judiciales despedidos. Y como en un teatro del absurdo, la marcha pasó ante el pueblo y las autoridades. Las pancartas pedían que salgan los militares. La esposa de un famoso sicario llevaba el lema “No más niños muertos, fuera el Ejército”.
Lo cierto es que estamos ante un reto mayúsculo. Nadie la tiene fácil; ni los medios, ni la sociedad, ni las autoridades. En varios estados periodistas y vecinos distinguen a las numerosas familias que viven del narcotráfico y la delincuencia organizada (en sus negocios legales e ilegales), pero también es cierto que cada vez más personas se han resignado a vivir en un país en que la narcoeconomía ha resuelto los problemas de pobreza y desempleo. Para mucha gente, desde Chiapas hasta Chihuahua, el dilema no es si entrar o no en las narcoempresas, sino con qué cártel conviene hacerlo. Millones de personas no están de acuerdo con esta visión.
Este problema tiene muchas ramificaciones, pero aquí me ocuparé de una: la incapacidad del presidente Calderón para aliarse con las organizaciones civiles (OSCs) críticas y profesionales que desde hace décadas trabajan en sus comunidades contra la violencia, la corrupción y por los derechos humanos. Estas, que no pertenecen a las élites convocadas al Diálogo por la Seguridad, llevan años haciendo diagnósticos locales que permiten entender la compleja realidad. Son sus activistas quienes han creado redes sociales de prevención y educación. Y sí, también han documentado los casos de violaciones graves del Ejército y autoridades, y son críticas del sistema; sin embargo, su trabajo está centrado en la dignidad de las personas y son herramienta para desahogar posibles estallidos sociales. Fortalecer a las organizaciones civiles en este momento puede ser la jugada más importante del gobierno federal. Son ellas quienes conocen a quienes marchan, gobiernan y escriben por el país y a los que lo hacen para defender intereses oscuros. Un diálogo estratégico que respete las diferencias y se alíe en las coincidencias es herramienta contra el narcocinismo. Calderón necesita entender quiénes son sus verdaderos enemigos.
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