por Pablo Vargas González / desdeabajo
El jueves 19 de agosto fue dada a conocer, con “bombo y platillos” la “Cartilla Nacional de Derechos”. Como todo en México, este documento acerca de los derechos de los mexicanos llega tarde, con difusión limitada y de modo faraónico. Con el propósito de que las personas conozcan, ejerzan y exijan el cumplimiento de sus derechos y de la ley, titulares y representantes de seis instituciones del Estado mexicano presentaron la Cartilla Nacional de Derechos.
Las instituciones que difunden esta Carta son organismos autónomos lo que permitirá su difusión: Participan en este esfuerzo interinstitucional la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero desafortunadamente no se encuentra la Secretaria de Educación Pública (SEP) entre las responsables de la difusión ni de incorporación de este esfuerzo por dar a conocer los derechos de los mexicanos en los programas educativos. Se trata de una acción promocional y no tiene por objeto el aprendizaje de los derechos a las nuevas generaciones.
Es una edición limitada y su cobertura será meramente circunstancial. Se tiene previsto que la Cartilla Nacional de Derechos esté disponible en lugares como: las instalaciones de la CNDH (en el Distrito Federal y en las sedes regionales); las comisiones estatales de derechos humanos; los 103 Centros Coordinadores Indígenas en 24 estados; los 1 mil 66 albergues escolares indígenas; las 23 delegaciones estatales de la CDI; los Módulos de Atención Ciudadana del IFE; las instalaciones del Poder Judicial federal; lecherías Liconsa; instituciones de educación media-superior; organismos estatales de prevención de la discriminación que ya existen en 13 estados; durante la Cumbre Mundial de la Juventud (a realizarse en León, Guanajuato) y la Feria Internacional del Libro, entre otros puntos.
Es decir solo la gente que “pase por ahí” podrá adquirir una cartilla. En esta ocasión se imprimió un total de 3 millones 200 mil cartillas, que serán distribuidas de manera estratégica en el país. Impresión completamente reducida para los mas de 100 millones de mexicanos.
El espíritu del documento parte de que, en México, todas las personas merecen vivir con dignidad, seguridad, libertad y paz, aspiraciones legítimas reconocidas en la Constitución. Se trata de conquistas logradas por los mexicanos en 200 años para tener un país en el que cada individuo goce de los mismos derechos, y en el que las autoridades estén obligadas a respetarlos y a hacerlos cumplir.
De este modo, todas las personas tienen acceso, entre otros derechos, a la libre asociación; a votar y a ser votados; a la justicia; a los derechos humanos; al respeto de la identidad cultural y a las formas de organización social; a la igualdad y a la no discriminación; al acceso a la información y a la protección de sus datos personales.
Sin duda que llega con varias décadas de retraso; posiblemente mucho después de 80 años en que se debieron difundirse los beneficios y logros de una “revolución social” generada en cruenta batalla contra el caudillismo y el cacicazgo y lo que representó el conservadurismo de siglos de dominación político y religiosa. Se trata de un documento gratuito, de conservación y manejo prácticos, diseñado y elaborado en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.
Ante la inseguridad pública, la violencia social que ha trascendido a formas de descomposición del tejido social, la problemática de millones de jóvenes “Ninis”, la falta de respeto a los derechos de las mujeres, el abstencionismo y la falta de credibilidad hacia los políticos, la debilidad de la procuración de justicia, la edición de esta “Carta Nacional de Derechos” puede servir, sin embargo a que los mexicanos tomemos la conciencia de ejercer nuestros derechos desde la perspectiva de la exigibilidad.
No será en automático tiene que ser acompañado de una voluntad por participar y movilizarse por la rendición de cuentas y el desarrollo y defensa de los derechos civiles, políticos y sociales y ambientales. Solo con la organización de organismos autónomos, de procesos alternativos donde se encuentren los ciudadanos podemos desarrollar la educación y el aprendizaje cívico.
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